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"El Poder Ejecutivo no tenía que haberse pronunciado sobre esa decisión"
Colegio de Abogados de La Paz respalda decisión del Tribunal Constitucional
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, respaldó este miércoles el decreto firmado por la magistrada suplente del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, que ordena suspender el referendo revocatorio de Mandato Popular del 10 de agosto.
"Lo que ha hecho ha sido recordarle a la Corte Nacional Electoral que existe un Tribunal Constitucional, una ley y que existe jurisprudencia de esta instancia que dispone la paralización del proceso antes que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la inconstitucionalidad o no de la norma impugnada", dijo Wayar.
La única magistrada firmó un decreto con la finalidad de suspender el referendo revocatorio del 10 de agosto, el mismo que fue calificado de "cantinflesco" por el Gobierno, por su falta de sustento legal, y anunció que será sometida a un proceso penal acusada de prevaricato. En ese contexto, Wayar remarcó que el Poder Ejecutivo no tenía por qué haberse pronunciado sobre el decreto por respeto a la institucionalidad.
"Debió esperar a que se manifieste la Corte Nacional Electoral, no hay que olvidar que este ente, por mandato de la Constitución, es un órgano autónomo que tiene jurisdicción en materia electoral", explicó el abogado.
Añadió que la magistrada Salame actuó en el marco de sus atribuciones correspondientes de hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. "Como no existe un presidente en funciones en este momento, asume las atribuciones el decano del Tribunal Constitucional y en este caso la decana es la señora Silvia Salame", explicó Wayar.
Según el jurista, quien el 25 de junio afirmó que la ley del referendo revocatorio fue forzada y que éste debía ser frenado, declaró que al apostar el oficialismo y la oposición por esta consulta electoral sólo debilita las leyes y la Constitución Política del Estado.
El decreto que firmó Salame y que ordena suspender el referendo del 10 de agosto fue respecto de un recurso incidental de inconstitucionalidad que presentara ante la Corte Nacional Electoral (CNE) el diputado de Unidad Nacional, Arturo Murillo; mismo que fue derivado en consulta al Tribunal Constitucional por el máximo ente electoral del país.
