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martes, 29 de julio de 2008

pasó el tiempo de Hitler y de Göebbels señala El Deber en nota editorial destacada

Pasaron ya a la historia los tiempos de tácticas y estrategias de comunicación social dirigidas a uniformar la opinión pública en torno a una causa ideológico-política de vocación hegemónica y, por tanto, antidemocrática.
Tanto Göebbels, durante el régimen de Hitler, como los partidos comunistas que rigieron buena parte de los países europeos hasta la caída del Muro de Berlín requirieron de condiciones específicas para imponer en la colectividad símbolos, estereotipos y modelos de organización estatal.
No hay tal cosa sin la previa clausura de todos los medios de comunicación social privados, un espacio que el pluralismo, característica básica de toda democracia, aprovecha para cuestionar verdades presuntamente absolutas que, inevitablemente, acusan ángulos que promueven dudas y debate. Todo, en el marco de las libertades de expresión.
Si durante algunos años Göebbels salió adelante fue porque todos cuantos podían cuestionarlo se hallaban recluidos en campos de concentración, reposando para siempre en algún camposanto tras una ejecución sumaria o sin posibilidad alguna de manifestar sus puntos de vista a través de la prensa y la radiodifusión, medios que los nazis habían expropiado para su partido y no para el Estado.
A nombre del ‘proletariado’, los comunistas expurgaron de medios privados a los sistemas nacionales de comunicación social. Durante años sometieron a sus pueblos a una sola, tediosa y dogmática, dieta informativa y de opinión. Competían por hacerle creer a la gente que vivía en una esplendorosa etapa de ‘sociedad socialista desarrollada’ en tránsito a un destino ‘comunista’ equivalente poco menos que al paraíso social y económico para todos.
La propaganda oficial hacía caer todo un velo semántico sobre las desigualdades entre una privilegiada burocracia gubernamental y partidaria que ganaba bien y vivía mejor, y una masa ciudadana igualada en la medianía, la pobreza y otros males. La caída del sistema socialista europeo, a partir de fines de 1989, izó el telón del escenario real, poniendo al descubierto todas las realidades que los comunistas podían ocultar porque desde los espacios de la comunicación social no tenían al frente escrutadores adversos que denunciaran sus mendacidades.
Naturalmente que no se dan condiciones para que el Gobierno de Evo Morales se convierta en el ‘poder de poderes’ en materia de comunicación social, al estilo de los nazis o de los comunistas. Ni con el venezolano Hugo Chávez, ni con el ecuatoriano Rafael Correa, ni con ese difuso solidarismo transversal de la argentina Cristina Kirschner o del brasileño Lula puede adquirir la gravitación cuantitativa que requiere para un peso definitorio en la correlación interna de fuerzas político-partidarias y movimientos cívicos regionales que le permita barrer al sector privado del espacio de la comunicación social, a fin de que éste pase a ser regido única y exclusivamente por el MAS.
Tampoco le ayuda en mucho su esquema de creación de un sistema nacional de radioemisoras rurales (con financiamiento venezolano) y de control estatal del canal 7 de televisión. Es que en la pulseada por quién gana más confianza y credibilidad entre televidentes, oyentes y lectores, los medios privados siempre le doblan la mano a los estatales. Siempre fue así, en Bolivia y en todas partes del mundo en que se ejercite la democracia. Aquéllo rige, sobre todo, si los medios de comunicación del Estado, ilegalmente, derivan de tales a gubernamentales o político-partidarios, como ocurre actualmente con el canal 7, que ahora es del Gobierno y del MAS, y no de los bolivianos que con sus impuestos lo financian.