En noviembre de 2008, Achacachi estremeció al país entero con la noticia de que la población decidió torturar, linchar y quemar a un grupo de 11 personas, presuntamente integrantes de una banda de ladrones que habría llegado hasta el pueblo para cometer fechorías.
En ese hecho murieron dos personas y nueve quedaron seriamente heridas. La turba había decidido eliminar a todos los sospechosos, pero quienes lo impidieron. Y luego de someterlos a los vejámenes más crueles, los entregaron a la Policía, fuera del pueblo. A cambio, Achacachi se declaró un pueblo libre del control policial y fiscal y se opuso a cualquier investigación.
A ese hito de violación de derechos humanos y de comisión de gravísimos como impunes delitos, esta semana se sumó otro suceso perpetrado por comunarios de cinco ayllus del municipio de Uncía, en el norte de Potosí. La diferencia —si es que se puede distinguir los matices en estos casos— es que en el reciente hecho asesinaron a cuatro policías, acusándolos de ser ladrones. Los ahorcaron, luego los enterraron. Y ahora no permiten el ingreso de la Policía y, por si todo aquello fuera poco, se declararon una zona libre de circulación de vehículos chutos.
Y si aquello es increíble, sorprende aún más la actitud de las autoridades del Gobierno, que hasta ahora han optado por la parquedad, han decidido contemplar la comisión flagrante de los delitos y, para colmo de colmos, piden una negociación a los victimarios de bolivianos.
¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Por qué el ministro Sacha Llorenti, en el pasado activista de los derechos humanos, no actúa hoy en defensa del estado de derecho y de las garantías ciudadanas en todo el territorio boliviano? ¿Qué argumento razonable da paso a la permisividad, en beneficio del contrabando y, quizás, hasta del narcotráfico?
En este drama, el hecho de que las tropas del Ejército bloqueen la construcción de un puente en la ciudad de La Paz parece un insulto, mientras en el altiplano los ayllus de Uncía deciden declarar territorio libre toda la zona, además de anunciar que no permitirán el rescate de los cadáveres de las cuatro personas linchadas.
En pocas semanas se han visto hechos extremadamente peligrosos que plantean la duda sobre la fortaleza del Estado Plurinacional, principalmente allí donde el MAS consiguió pleno respaldo en diferentes procesos electorales.
Ante todo esto, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, le está debiendo al país más de una explicación, a pesar del corto tiempo que lleva en el cargo.
Pero él no es el único responsable. El país se ha hecho muy complicado, las actividades económicas ilegales se han fortalecido, la inseguridad ciudadana se ha convertido en una pesadilla de día y de noche, pero las preocupaciones de las autoridades parecen estar dirigidas hacia otras cosas.
Aún más, la inacción y la tolerancia del Gobierno frente a estos hechos preocupan de sobremanera. Si el respeto por la vida es un principio para la actual administración, ¿por qué algunos bolivianos tienen menos valor que otros que han perdido la vida en circunstancias también dolorosas?
Ya es hora de que el Estado se preocupe por los temas que interesan a la ciudadanía.
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