la crónica de Marco Chuquimia desde Oruro para el grupo Líder es patética. "Evo asesino" y "por culpa del Gobierno Oruro está de luto" gritaron

Marco Chuquimia. Oruro

Con pañuelos blancos en alto y al grito de “por culpa del Gobierno, Oruro está de duelo” y “Evo asesino”, los pobladores de la capital de Pagador despidieron ayer a los cuatro policías linchados en Uncía.

La condecoración y el ascenso póstumo con los que homenajearon a los uniformados no calmaron el dolor de los familiares, que arremetieron con insultos contra el comandante nacional de la Policía, general Óscar Nina, y pusieron en figurillas a los efectivos que compartían el dolor de ver muertos a sus camaradas, pero también debían defender a su comandante de la furia de los dolientes.

La impotencia y la rabia se desataron luego de conocerse que el suboficial Alcócer fue asesinado tres días antes de la entrega de su cadáver. Su esposa, Mónica Corrales, dijo que el policía murió “gracias a este maldito de Evo Morales. Mi esposo estaba con vida, él podía rescatarlo. Su cuerpo no tiene mal olor ni está descompuesto, fue el último en morir, este maldito Gobierno no hizo nada. Si fueran campesinos, los defendería, el policía no tiene justicia”, afirmó entre sollozos.

También criticó al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y dijo que tuvieron que ser los familiares los que recogieron los cuerpos. “Ese maricón de Sacha se orinó en los pantalones, se ha escapado apenas escuchó un petardo”, dijo.

Nina pagó por todo ese dolor y pasó momentos de zozobra en plena misa de cuerpo presente, pues a su ingreso al salón del Batallón, la gente estalló en cólera y le gritaron que se fuera, lo calificaron de ‘desleal’, ‘cobarde’ y de protector del Gobierno. Además, arrojaron coca mascada al jefe policial, que pedía paciencia.

Tuvo que intervenir el arzobispo auxiliar de Oruro, monseñor Cristóbal Bialsik, que amenazó con no continuar con la misa si no cesaban los gritos. La gente cambió la agresión por pancartas que pedían justicia.

En el cementerio, el panorama para los jefes policiales empeoró. Todos exigían que se fueran por desleales y porque no hicieron nada por los efectivos a su cargo. El comandante de Oruro, Mario Hinojosa Peñaloza, se comprometió a perseguir a los responsables de la muerte ‘hasta el último rincón’ y llevarlos a la cárcel, pero cuando le pidieron plazo de la investigación, prefirió callar.

Gran parte de la población se concentró a lo largo de las 12 cuadras que separa el Batallón de Seguridad Física del Cementerio General y en todo el recorrido el grito era unánime: “Evo asesino”, “Oruro está de duelo”, “fuera el gobernador”, “fuera el comandante Hinojosa” y “fuera la Whiphala”.

En Cochabamba, el ministro de la Presidencia, Óscar Coca, justificó la muerte de los policías y afirmó que el linchamiento debe ser entendida en el contexto cultural de los pueblos.

En tanto que en La Paz, el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, rechazó la versión de que el suboficial Alcócer murió el lunes 31 y citó informes de Inteligencia según los cuales el linchamiento fue a las 17:30 del 25 de mayo. Pero este informe difiere del documento de homenaje de los policías, porque el Comando General afirma que la muerte de los cuatro policías se produjo a las 13:30 del 23 de mayo.

Se tipifican al menos cuatro delitos
Asociación delictuosa, encubrimiento, complicidad y el más grave, asesinato, son los cuatro delitos que configuran la muerte de los cuatro policías y que la Fiscalía de Oruro investigará en coordinación con los fiscales de Uncía.
Ayer el fiscal de materia Alfredo Santos, destinado a investigar los hechos del municipio del norte de Potosí, luego de confirmar que el suboficial Nelson Alcócer falleció hace tres días, dijo que eso agrava la situación porque se puede calificar de premeditación y alevosía.
Explicó también que el protocolo de la autopsia y los exámenes que mandaron a La Paz podrán establecer con claridad si fueron torturados y si Alcócer agonizó desde el 23 de mayo o si fue muerto de forma abrupta.
El abogado de los familiares, Johnny Castelú, dijo que este informe cambia radicalmente las cosas y ahora examinan con los familiares si ellos respetarán el acuerdo firmado, porque no sabían que el suboficial estaba con vida.
Aunque los deudos quieren pedir un nuevo número de carné de identidad y dejar Oruro por miedo a represalias, el abogado dijo que eso sería hacer el juego a los campesinos y no aceptarán ningún cambio de identidad.

Los muertos

Nelson Antonio Alcócer Casano
44 años, tres hijos
Tenía más de 20 años en la Policía y llevaba seis meses en Diprove Oruro.

Rubén Cruz Aruquipa
30 años, cuatro hijos.
Llevaba 10 años en la Policía y cinco meses en Diprove.

Esteban Alave Arias
33 años, dos hijos.
10 años en la Policía y cinco meses en Diprove Oruro.

Miguel Ángel Ramos Palluni
Soltero, 20 años.
Egresado de la Escuela Básica Policial en diciembre de 2009. Su primer destino era en Diprove Oruro.

"la verguenza de Uncía" titula El Deber cuando refiere el dolor de las familias de las víctimas de los linchamientos que firmaron cualquier cosa

El asombro con que la ciudadanía boliviana observó la impotencia del Gobierno para recuperar los cadáveres de cuatro policías asesinados en la región de Uncía -penosa tarea que finalmente fue concretada ayer- es sólo comparable a la toma de conciencia que este hecho ha generado en países vecinos sobre los errores que pueden llevar a la desintegración del Estado. Repasando esta lamentable situación, dos ministros del gabinete del presidente Evo Morales llegaron al ‘territorio libre’ (libre de leyes, de aduana, de Policía y de Ejército) para negociar, sin haber obtenido absolutamente nada. Se planteó la posibilidad de que los ayllus de la zona devolvieran los cadáveres a las familias, siempre y cuando el Estado boliviano se comprometiera a que la justicia no realice ninguna investigación sobre esas muertes. Sin esa condición, no habría devolución. Y punto. Hay que hacer notar que el asombro con que observaron los bolivianos esta tragedia tiene que ver con el dolor de las familias de los policías asesinados, pero también con el hecho de que todos los bolivianos están enterados de la manera cómo las actuales autoridades actuaron ante situaciones similares que se dieron en otras regiones del país. Las autoridades del Estado Plurinacional llegaron hace poco hasta Riberalta para dialogar con los organizadores de una marcha indígena que pretendía protestar contra los diferentes ‘tamaños de varas’ que usa el Gobierno frente a los temas del medio ambiente. La eficiencia de los funcionarios gubernamentales tenía relación con el hecho de que una marcha semejante hubiera desprestigiado la imagen del ‘proceso de cambio’. Tanto empeño, tanto afán, cuando se trata de un hecho relacionado con originarios de una zona, hace inevitable hacer comparaciones. Incluso hay que comparar ese comportamiento con la mano dura, durísima, que aplicó el Gobierno con los pobladores de la población paceña de Caranavi, mediante una brutal irrupción policial. Con esos dos casos, el Gobierno ha demostrado que puede identificar conflictos antes de que se hayan convertido en problemas, pero también puede actuar, según lo manda la ley, cuando las cosas han salido de vereda. Pero en el caso de Uncía no hubo ni conocimiento previo de la situación conflictiva que se estaba incubando ni una toma inmediata de iniciativas para, por lo menos, recuperar los cadáveres de los servidores del orden, sin que se ahondara perversamente el drama y el dolor de sus familiares. En el primer caso, se trata de una clara ineficiencia de los servicios de inteligencia de la Policía y del Ministerio de Gobierno. No dice nada bueno de un profesional que ha aceptado semejante responsabilidad que los problemas estallen en sus narices y no los haya visto venir. En efecto, el ministro Sacha Llorenti ha cometido, en el poco tiempo que está en el cargo, muchos y muy graves errores. Quizá su desempeño sea mejor en otras áreas, en vista de su nueva militancia. Lo sucedido en Uncía da la razón a quienes temían que la fórmula de crear muchas nacionalidades y dar a cada una de ellas autodeterminación y territorialidad, además de reconocer la validez de sus anacrónicos sistemas de justicia, iba a crear problemas muy graves al país. Los bolivianos miran azorados esta señal, que pone en duda el alcance territorial de las leyes del Estado.

los cuatro cadáveres están siendo sometidos al exámen del forense. se adelanta que fallecieron a causa de T.E.C.

El Fiscal de Distrito de Potosí, Sandro Fuertes, que logró recuperar los cuerpos de los cuatro policías linchados hace más de una semana en los ayllus Saca Saca y Cala Cala del municipio de Uncía, afirmó que la causa de la muerte fue Traumatismo Encéfalocraneano (TEC).

El jurista que llegó aproximadamente a las 11h00 de la mañana a la ciudad andina de Oruro, transportando los cuerpos en dos vagonetas, ofreció una improvisada rueda de prensa en la que dijo que "ese es el informe del forense", que participó en el levantamiento legal de los cadáveres.

"De acuerdo al informe que se ha manifestado en el momento del levantamiento legal de los cadáveres, la causa legal de las muertes de las cuatro personas es Traumatismo Encéfalocraneano, TEC en otros términos", explicó.

Los cuerpos de los infortunados policías de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE) fueron entregados a sus familiares en el cementerio de Oruro.

Según informaciones todavía confusas, los policías Nelson Alcócer Casano, Miguel Ramos Palluni, Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alave Arias, se encontraban aparentemente alejados de su jurisdicción y fueron ajusticiados confundidos como extorsionadores, de acuerdo con versiones de la prensa local.

El Fiscal de Distrito de Potosí reveló que las gestiones que se realizaron para recuperar los cuerpos, ante la negativa de los comunarios, que ponían varias condiciones para hacerlo, fueron difíciles y complicadas pero dijo que se "extremaron" esfuerzos para que los efectivos reciban una "cristiana sepultura",

La entrega de los cadáveres, que los familiares de las víctimas reclamaron en instancias institucionales y que incluso el presidente Evo Morales pidió "por acto humanitario", fue condicionada por los dirigentes de los pobladores, a que se descarte cualquier investigación del crimen múltiple.

El jurista dijo que el caso tiene que ser investigado hasta esclarecer el crimen, aunque abogó que se haga lo propio con otros asesinatos denunciados por los comunarios de los ayllus aledaños a Uncía que "pudieron haber sido el detonante" para el linchamiento de los policías.

" La investigación apenas está comenzando y vamos a poner todo el esfuerzo que la ley nos exige para poder llegar a la verdad de los hechos , no solamente en este caso del fallecimiento de los cuatro funcionarios policiales , sino sobre todo del fallecimientos de esos seis miembros de los ayllus del municipio de Uncía (que no se aclararon)", remarcó.

los cadáveres están en la morgue para la autopsia de ley. los familiares los recibieron en Uncía. muchos periodistas aguardan los resultados en Oruro

Los familiares de los cuatro policías victimados en Sacaca, próximo a Uncía capital de la provincia Bustillos norte de Potosí, recuperaron al promediar las 07.00 de hoy, los cadáveres de sus infortunados seres queridos.

La información fue confirmada vía telefónica, por el abogado de las víctimas, Johnny Castelú, quién debido a la premura con la que se realizaron las acciones, no brindó muchos detalles del rescate de los cuerpos de los efectivos de la Dirección de Prevención y Control de Vehículos (Diprove), quienes fueron asesinados la última semana de mayo por comunarios en Sacaca.

"No puedo dar hablar mucho, es una situación muy tensa (...) tenemos que salir rápido para evitar mayores problemas. Cuando estemos en un lugar más seguro daremos todos los detalles de cómo se logró recuperar los cuatro cuerpos", dijo con voz entre cortada debido al nerviosismo.

Castelú relató que se encontraba en la población de Llallagua - próxima a Uncía- y que en las próximas horas estarían en Oruro para ahí, recién proceder al reconocimiento de los cuerpos y realizar un examen forense. "Son los cuatro cuerpos, pero no hemos podido identificarlos", sostuvo.

"Estamos saliendo de Llallagua nos sentimos presiones más tarde daremos más información en un lugar seguro", manifestó.

El 31 de mayo, ante las frustradas negociaciones del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el Defensor del Pueblo Rolando Villena, los familiares de los policías asesinados renunciaron a su derecho de asumir acciones legales contra los campesinos que los victimaron a cambio de que devuelvan los cadáveres.

"Los familiares de los cuatro policías han renunciado a su derecho de enjuiciar a los comunarios, pero nosotros les hemos hecho conocer que la firma del Fiscal de Distrito escapa a la voluntad y capacidad jurídica de mis representados", dijo el abogado de los familiares.

Castelú confirmó que prosperó el "preacuerdo" entre los familiares y los comunarios y se logró la devolución de los cadáveres, en circunstancias que aún se desconocen.

El 26 de mayo pasado los policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) suboficial Nelson Alcocer Casano, los cabos Rubén Cruz Aruquipa y Esteban Alabe Arias, además del policía Miguel Ramos Palluni, fueron dados por desaparecidos en Sacaca próxima a Uncía.

Los Tiempos sale por los fueros de la Patria. Ve peligro en el involucramiento de las FFAA en la lucha antinarcóticos

Pese a los grandilocuentes anuncios sobre destrucción de fábricas de cocaína e incautaciones de droga, hay otros indicios que dan cuenta de que, aparentemente, el narcotráfico está desbordando al gobierno, si no lo ha hecho ya. Lo último al respecto es el discurso emitido por el Presidente del Estado ante el Comando de las Fuerzas Armadas planteándoles elaborar una estrategia de combate a este fenómeno, en medio de una serie de acontecimientos que involucran a algunos de los líderes de países vecinos, el empoderamiento de movimientos sociales que se van relacionando con actividades ilícitas y del arribo a Bolivia del Subecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.

Habrá que partir de los peligros que conlleva que las organizaciones sociales se involucren en el control de la producción de coca, como sucede en el Chapare, y en el resguardo de actividades ilícitas, como está sucediendo en la región fronteriza con Chile, siendo el caso de Uncía una muestra horrorosa de esa realidad. En esa anomia estructural el poder del narcotráfico crece en forma imparable porque logra penetrar no sólo instituciones nacionales, sino también organizaciones populares. Así, no hay Estado que pueda resistir ese embate. Y seguramente el Presidente se ha dado cuenta de esa realidad, así como de su incapacidad de poner coto a ello por su origen y discurso políticos. De ahí que es necesario preparar el terreno para recurrir a medidas excepcionales.

Es, precisamente, una medida excepcional --y desesperada-- convocar a las Fuerzas Armadas a elaborar una estrategia de lucha contra las drogas. Además, es una medida muy peligrosa si nos atenemos a la experiencia que el país ha vivido en tiempos pasados –concretamente durante la dictadura de Luis García Meza Tejada--, cuando participaron en esta actividad. Al hacerlo, no sólo que no hubo ninguna efectividad en esa lucha, sino que el narcotráfico terminó de corroer la legitimidad de esta institución por la creciente corrupción de sus cuadros de mando y operativos. De ahí que una de las medidas principales en el comienzo de la etapa democrática de 1982 fue retirarlas de este campo.

También, se debe recordar que cuando en el marco del concepto de responsabilidad compartida en la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, pergeñado en el país cuando gobernaba Jaime Paz Zamora, lo máximo que el país admitió sobre la participación de las Fuerzas Armadas en este campo fue prestar apoyo a las unidades especializadas de la Policía. Hubo una resistencia frontal a una participación activa de la institución armada que era lo que, entonces, buscaba Estados Unidos (las sorpresas que da la vida...).

Teniendo en cuenta esas experiencias, bien haría el gobierno en consultar a gente entendida en el tema para elaborar una estrategia racional e integral de lucha contra el narcotráfico y no dejar este peligroso y complejo problema –que atrae, por lo demás, la atención externa-- a simples iniciativas individuales que, de aplicarse, no sólo que pueden agravar el problema como tal, sino conducir al país a situaciones de mayor conflictividad y deterioro institucional.

en Colombia como antes en Honduras el chavismo acaba de sufrir otra derrota. los populistas y demagogos se están achicando. El Día de S.C., Bolivia

Desde que el chavismo lanzó su onda expansionista en el continente, lo que sucede en Honduras, en Ecuador, Colombia o Panamá se ha vuelto de importancia capital para Bolivia, así como los resultados electorales del 4 de abril, fueron motivo de sesudos análisis al interior de las estructuras chavistas, que exigieron varios viajes de Evo Morales a Caracas. Se trata de un solo proyecto con una única conducción y una estrategia bien definida. Este razonamiento debe servir entonces, para poner a las recientes elecciones colombianas en su debido contexto y definirlas, como es lógico, como un fuerte golpe –como lo fue el derrocamiento del hondureño Zelaya-, a la hegemonía que busca consolidar el líder venezolano Hugo Chávez.
Chávez se ha metido en las elecciones de todos los países de la región, pero en Colombia parecía ser un candidato más. Derrotar a Juan Manuel Santos se había convertido en su objetivo personal y para ello, intentó infundir miedo entre los colombianos, amenazando con una guerra en caso de un triunfo del ex ministro de Álvaro Uribe y principal impulsor del arrinconamiento a las narcoguerrillas de las FARC. Más o menos lo mismo que hizo en Bolivia cuando ofrecía sus tropas para derrotar a los opositores y desatar “un Vietnam” para respaldar a Evo Morales.
Para Chávez, perder en Colombia es mucho más que una barrera a su plan expansionista. Detrás de su derrota está también la imposibilidad de meter a las FARC dentro del contexto de internacionalización de su proyecto político, pues sin lugar a dudas, el triunfo de Santos supondrá al menos cuatro años más de guerra sin cuartel contra ese grupo guerrillero, actor fundamental de la desestabilización y el narcotráfico, factores que ineludiblemente ya están vinculados al chavismo.
La victoria de Santos también confirma una tendencia que ha marcado el retroceso de los gobiernos de izquierda en la región, proceso que parece acelerarse y afectar a aquellos países donde no se habían producido manifestaciones radicales, como Brasil. Lula, intentando jugar a actor fundamental dentro de la correlación de fuerzas mundiales, ha colocado a su país en medio de un terreno fangoso que podría afectar seriamente la decisión del electorado brasileño que se encuentra polarizado entre los candidatos Dilma Rousseff, la oficialista y José Serra, el postulante de la oposición que acaba de arremeter duramente contra el Gobierno de Evo Morales, acusándolo de cómplice del narcotráfico. Esta denuncia, que araña también a Lula, no es para nada casual y parece inscribirse en el marco de una gran acometida internacional contra los regímenes que tuvieran nexos con las drogas. El presidente boliviano parecía haber abierto el paraguas ayer, cuando afirmaba con tono de sorpresa, que el narcotráfico “había sido” más poderoso de lo que él creía y admitía que ha penetrado las estructuras del Estado. Esto lo dijo después de coincidir con Fidel Castro y señalar a Estados Unidos como promotor del narcotráfico.
Obviamente, nada de lo que ocurre afuera va a afectar, por el momento, la lógica que implica el ejercicio del poder total dentro del país, que en todo caso, necesita consolidarse cuanto antes para tratar de contener las fuerzas internacionales que acechan y tienden a constreñir los procesos totalitarios en la región.

El triunfo de Santos en Colombia es una derrota más que sufre Chávez. Todo el bloque de la izquierda en Sudamérica está acechado.