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martes, 29 de noviembre de 2011

de qué industria "imaginaria" habla el Vice García y pontifica como obra del MAS? no advierte acaso que su perorata de 3 horas son puras mentiras, el fracaso total del Estado Empresario nos muestra El Día.

Mientras el vicepresidente García Linera se desgañitaba en la televisión tratando de mostrarle al país lo buenos que son para crear, nacionalizar y administrar empresas, el Comité Nacional de Despacho de Cargas, la entidad responsable de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado (SIN), le pedía a la CRE de Santa Cruz que anuncie que casi 100 conexiones serían interrumpidas durante más de siete horas entre el lunes y el martes en el departamento, donde son multimillonarias las pérdidas ocasionadas por los cortes de electricidad ocurridos durante los últimos cuatro meses.

El vicepresidente sería incapaz de admitir una incompetencia de la cual se advirtió hace más de un año y de la que se ha venido hablando e insistiendo todos estos meses. El presidente prefirió hacerse el desentendido el otro día, cuando dijo que los cortes son obra de “infiltrados” que mienten y confunden dentro de las empresas de generación que fueron nacionalizadas por su Gobierno y que al poco tiempo comenzaron a dar problemas.

García Linera dice que las empresas estatales son el pilar de la economía boliviana. Vaya forma de calificar los problemas que está ocasionando en el país, no las empresas, sino la torpeza supina con la que  están administrando las instituciones que estaban funcionando adecuadamente. Jamás, en las últimas décadas una región como Santa Cruz, que concentra la mayor actividad económica del país ha tenido que soportar apagones de SIETE HORAS. Eso pertenece a la prehistoria, hacia dónde nos están llevando las políticas que maneja a los tumbos el régimen de Evo Morales.

El vicepresidente brota pecho por YPFB. Por favor. Si ese no es más que un engendro que no ha terminado de cobrar forma y así, no ha parido más que corrupción y malos manejos. Dónde está la industrialización, los mercados. Ni un solo pozo petrolero perforado en tantos años. Es el colmo de la ineficiencia. Si García Linera va a resaltar el alto nivel de ingresos, que especifique que eso ha sido gracias la Ley de Hidrocarburos que se aprobó antes de que el MAS llegue al Palacio Quemado y que si seguimos exportando gas a Brasil y Argentina se debe a la gran actividad hidrocarburífera que se generó a raíz de la Capitalización Eso es simple inercia. Después del 2003, la industria gasífera boliviana no ha experimentado más que desastres.

Lo mismo se puede decir de la minería. Si hay rentabilidad es gracias a los precios internacionales. En los últimos seis años no se ha hecho absolutamente nada por incrementar la producción y menos por industrializar siquiera un gramo de mineral. En Huanuni, una de las empresas más grandes del sector, han multiplicado los puestos de trabajo por cuatro y el producto es el mismo. ¿Y ENTEL? Que diga el vicepresidente por qué condonarle impuestos a una empresa que va tan bien como él dice.

Por último, producir cartón, azúcar, palos de escoba, aceite o lo que fuere. El Estado, ni aquí ni en la China nunca ha sido un buen administrador de casi nada. Si hay honrosas excepciones como la de Petrobrás, por ejemplo, es gracias a la creación de un modelo específico que reproduce las ventajas de la administración privada. Cuba, uno de los grandes productores de azúcar del mundo, hoy tiene que importar este producto. La Unión Soviética llegó primero al espacio pero era incapaz de abastecer su mercado con lo más básico y en ese camino anda Bolivia, por obra y gracia del Estado Empresario que sólo figura en la cabeza del dogmático vicepresidente.
García Linera dice que las empresas estatales son el pilar de la economía boliviana. Vaya forma de calificar los problemas que está ocasionando en el país, no las empresas, sino la torpeza supina con la que  están administrando las instituciones que estaban funcionando  adecuadamente.

lunes, 28 de noviembre de 2011

la ciudadanía contempla despavorida el clima de desorden y desgobierno frente a la cada vez más nítida incapacidad de SEEM de administrar Bolivia. El Deber en un análisis muy oportuno

Entre los innumerables desatinos que se le escapan de la boca al presidente Morales, estuvo su declaración de “incompetente” para solucionar el grave conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí. Curiosamente, el clima conflictivo se caldea cada vez más en el país y ante la falta de credibilidad del Gobierno, son cada vez más los sectores que acuden al primer mandatario para que sea él en persona el que intervenga para encontrar una solución.

El presidente interviene solo en los asuntos que le interesan y lo hace a su manera. Desde hace meses está completamente abocado al asunto del Tipnis porque tiene que ver con su gremio, el de los cocaleros, un sector sobre el que concentra gran parte de las “políticas de Estado”. Y su particular forma de atender el problema es “a la mala”; es decir, haciendo todos los esfuerzos por descalificar al contrario y, por último, ignorándolo, tal como se ha demostrado en el diálogo que ha encarado solo con una parte de los involucrados; es decir, los que están de acuerdo con la construcción de la carretera que partirá en dos el parque Isiboro Sécure.

Para el Gobierno, escuchar al pueblo significa poner atención solo a los que aplauden y aprueban, pese a que en las encuestas es cada vez más nítido el rechazo de la ciudadanía al estilo de administración de Evo Morales. El estudio más reciente indica que el 56 por ciento tiene una opinión negativa.

Desde que comenzó su gestión en el 2006, el presidente Morales se abocó a gobernar solo para una parte de los bolivianos y lamentablemente esa porción es cada vez más chica, a tal punto que el jefe de Estado es apenas un dirigente sindical sin competencia para actuar en otros ámbitos. Esa excesiva concentración precisamente nos está llevando a todos a soportar con mucha intensidad uno de los flagelos más perniciosos que nos mantiene estigmatizados, cercados por los países vecinos y con índices de inseguridad nunca vistos en el país.

En unos días, las autoridades nacionales iniciarán una “Cumbre Social” con distintos sectores de la población supuestamente para tratar los asuntos más agobiantes. Los más destacados son la crisis energética, la crisis alimentaria y el cambio climático. No hay duda que se trata de aspectos preocupantes, especialmente el relacionado a la energía, sobre todo porque existe la intensión de resolverlo todo a través de un gasolinazo. Pero es indiscutible que ni la agenda ni los protagonistas están completos. En primer lugar, para esa cumbre no existirá el gran dilema de la coca y el narcotráfico; nadie tocará el drama de las persecuciones y la manipulación de la justicia; tampoco se abordará la marginación de los indígenas en el asunto del Tipnis. Será simplemente una conversación amena entre amigos y allegados, como muchas de las que se han organizado en los últimos años, lo que explica por qué Bolivia sigue en la misma situación de siempre, cuando todos los países vecinos han logrado grandes avances en la lucha contra la pobreza y la modernización.

Evo Morales es un líder que consiguió un apoyo histórico para conducir el país y buscar los cambios fundamentales que saquen a Bolivia del atraso ancestral. Lamentablemente su incompetencia y la de su Gobierno son cada vez más evidentes. No escuchar a nadie, no tener un plan, actuar como un dirigente sindical al servicio de los cocaleros, nos está conduciendo a uno de tantos fracasos que nos han condenado a todos a la postergación.

No escuchar a nadie, no tener un plan, actuar como un dirigente sindical al servicio de los cocaleros, nos está conduciendo a uno de tantos fracasos que nos han condenado a todos a la postergación.

sábado, 26 de noviembre de 2011

Erick Fajardo con ojo avisor advierte el entusiasmo con que el nuevo responsable de la represión Wilfredo Chávez se prepara para un segundo Yucumo. episodios de represión a la vista. www.eju.tv

El previsible desplazamiento de las ánforas a las calles que en breve podrían protagonizar el contingente de disconformes, que votó por la nulidad de los comicios judiciales sin hallar correlato a su voluntad democrática en los resultados oficiales, ha sembrado un ánimo insurreccional en Bolivia que no le deja a Evo Morales sino prepararse para migrar su estrategia de manejo de conflictos del ejercicio de una violencia de Estado dosificada a una abierta represión.
Para ello ha encargando a su flamante ministro de Interior, el cuarto de la era Morales, la producción de las condiciones subjetivas necesarias para legitimar los episodios de represión estatal por venir, de estallar el clima de insurgencia social latente que desató la burda manipulación de resultados de las elecciones judiciales.
La violencia de Estado fue un rasgo temprano del gobierno cocalero, pues se la entiende como la continuidad lógica de esa “violencia revolucionaria” que las variopintas organizaciones al interior del oficialismo adoptaron como “método de lucha” en tiempos de las AK-47 del EGTK y los “cazabobos” de las Seis Federaciones, y a la que jamás renunciaron convencidos de que sólo el ejercicio de la violencia política les daría pleno control de todos los poderes del Estado y sus niveles de gobierno.
Así, la cartera de Gobierno fue encargada sucesivamente a bolcheviques, maoístas y obsecuentes fanáticos, convencidos de que la primera misión del Estado era extirpar todo vestigio de oposición de las regiones, para luego tratar de extinguir los focos de disidencia en el clero católico, la prensa libre o aun en el movimiento indígena.
Alicia Muñoz (Yungas de Vandiola y Enero Negro), Alfredo Rada (Arani, La Calancha y Las Américas) y Sacha Llorenti (Caranavi y Yucumo) fueron feroces proscriptores y verdugos de cualquier resistencia social organizada, lo que impuso sucesivas y cada vez más frecuentes dimisiones en el área de régimen interior, inevitables para salvar a Evo de pagar la factura por los excesos y víctimas de sus “mariscales de la muerte”.
Mantener esa línea inquisitorial en el Ministerio de Gobierno supuso sin embargo un perverso ritual en el que Evo fue inmolando uno a uno a los herederos del “savoir faire” de la vieja izquierda hasta fundir, cual fusibles, a todos sus cuadros de línea dura, obligándolo a buscar alternativas sin tanto oficio y talento, pero con la suficiente avidez.
El ex viceministro de Justicia Wilfredo Chávez, promovido a Ministro de Gobierno por la vía fortuita del descarte de mejores opciones, tomó tan en serio su nombramiento que está dispuesto a dar más que sus predecesores y asumir sin titubeo la responsabilidad por la siguiente “operación Yucumo”, en nombre del presidente Morales.
Chávez entiende que esta es su oportunidad de demostrar lo injusto y absurdo de su postergación en la estructura oficialista, y ya trabaja en legitimar la violencia de Estado que le tocará administrar, descalificando al voto nulo como la expresión objetiva de la conspiración contra el régimen Morales de la oposición en el exilio, esa que además habría “infiltrado” esquiroles en la marcha indígena para “provocar” la violenta represión policial a la CIDOB.
Chávez apuesta a reinstalar esa racionalidad pervertida con que el MAS defenestró a todos sus opositores, para invalidar la emergencia de una inédita oposición de masas y atribuirle el próximo rebalse a las calles a una oposición política expatriada y ausente.
Tras la crisis de gabinete de octubre Evo extremó recursos para cubrir las acefalías en su gabinete. Y sea porque pocos otros aceptarían ya tan dudoso honor o porque el temperamento reaccionario y obsecuente de Chávez se ajusta al momento político, es previsible que sea el primer ministro del Interior dispuesto a profundizar la represión con el entusiasmo que faltó a sus predecesores, los “mariscales” de Plaza de las Banderas, La Calancha y Caranavi.
*Analista y ex asesor legislativo

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Rolando Villena defensor del pueblo brindó su informe sobre los sucesos sangrientos de Yucumo responsabilizando a Sacha Llorenti y otros altos funcionarios de la extrema crueldad contra los del TIPNIS. qué lástima que Villena no se hubiese atrevido a señalar a Evo cuya responsabilidad no puede soslayarse.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena presentó este miércoles el informe final sobre la represión a la marcha indígena del TIPNIS en el que se identifica que fue el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorentty quien ordenó a la Policía ejecutar el operativo el 25 de septiembre, y exime de responsabilidad alguna al presidente Evo Morales, sin recomendar que se inicie ninguna investigación en su contra.

“Informes recabados durante el proceso de investigación permiten a la Defensoría establecer que existen suficientes elementos de convicción para afirmar que el 24 (de septiembre) el (ex) ministro de Gobierno, Sacha Llorentty habría decidido que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena”, dijo Villena al presentar el documento de conclusiones de su investigación.

Además se determinó que emitida la orden por Sacha, quien es el encargado de planificar la intervención es el ex viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán junto al director de Régimen Interior, Boris Villegas, el inspector de la Policía, Gral. Edwin Foronda, el rector de la Universidad Policial, Cnl. Oscar Chávez Rueda y otros nueve oficiales policiales.

“El 25 de septiembre los generales Muñoz, Palacios llegan a Yucumo asumen el mando del contingente policial, Boris Villegas instruye a funcionarios del Ministerio de Gobierno coadyuvar en la preparación del operativo, resalta en esto la participación de Carolina Vertiz quien recibe 30 mil Bs. para contratar buses de transporte público, adquirida en coordinación con el coronel Terrazas, encargado de planificación de operativos 1.000 litros de combustible”, agregó el defensor.

 Entre otras cosas que se adquirieron para el operativo además estaban: 1.000 litros de agua para los Policías, 20 tenazas para presuntamente cortar el alambrado de la propiedad privada en la que descansaban los marchistas, 10 docenas de cinta adhesiva masking “para maniatar y amordazar a los indígenas”. Quienes comandaron y ejecutaron el operativo son los Grales. Oscar Muñoz y Modesto Palacios.

"Recomendar al Fiscal General del Estado que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro", señala el documento.

El documento agrega que deben ser sumados a la investigación los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, comandante de la Policía Nacional; Oscar Muñoz Colodro (ya en investigación y con detención domiciliaria). Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros.

martes, 22 de noviembre de 2011

"lavado de dólares se acabará en febrero" Bolivia está con su cabeza pendiente de la guillotina. hay un furibundo lavado que observa el mundo con desconfianza. Humberto Vacaflor hace el anuncio


Dentro de tres meses y medio, el 13 de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volverá a analizar la situación de Bolivia respecto del lavado de dinero. Y podrá aplicar sanciones.


El gobierno boliviano mira con poco interés este tema, sin advertir que podría convertirse en una pesadilla incluso para el comercio exterior, si las cosas llegaran a las sanciones.

Por el momento, la imagen de Bolivia está comprometida. La “comisión” Jersey sobre este tema acaba de incluir a Bolivia en una lista de doce países sospechosos de lavado de dinero.

Y recomienda que se apliquen “due diligence” a las operaciones financieras internacionales que comprendan a Bolivia.

La carta informativa Siglo 21 acaba de analizar este tema y ha subrayado las compras de empresas que hace el ciudadano paraguayo-venezolano Carlos Gil con dinero que trae del exterior.

Revela la carta que este señor, dueño de por lo menos dos matutinos en La Paz, además de otros en el exterior, de canales de Tv, de la Ferroviaria Oriental, de Gravetal y otros, ahora se propone comprar Electropaz.

Las autoridades bolivianas tendrían que aplicar medidas recomendadas por organismos internacionales para controlar el lavado de dinero del narcotráfico.

La transnacional del narcotráfico maneja en Sudamérica alrededor de 85.000 millones de dólares por año, a nivel de primeros proveedores y transformadores de cocaína.

Los ojos del mundo se han ido concentrando más en Bolivia respecto del lavado de dinero conforme crece el narcotráfico en el país.

Empresas creadas por profesionales en cada sector son compradas con rápidos movimientos por parte de millonarios recién aparecidos que están acumulando también inmuebles.

La economía paralela del narcotráfico tiene, además, un fuerte impacto en la formación de los precios, provocando un proceso de inflación que los bolivianos de la economía legal no pueden sobrellevar.

Y el plazo para frenar el lavado se acerca. Llegará antes del carnaval.
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lunes, 21 de noviembre de 2011

dos meses han pasado de la pateadura que recibieron los indígenas en medio de una brutal represión policías. investiguen fue el clamor popular. sin embargo hasta hoy "no aparece el culpable principal" por ello Harold Olmos plantea una simple pregunta: QUIÉN?


La pelota rebota de un lado a otro y nadie quiere agarrarla. Estamos cerca del segundo mes del asalto policial sobre los marchistas del Tipnis y nadie asume la responsabilidad de haberlo ordenado. Saber oficialmente quién dio la orden para intervenir la marcha y tratar de desarticularla a palazos, llevando presos a decenas de marchistas, se ha vuelto una adivinanza cuya respuesta todos parecen conocer, pero nadie en las altas esferas se atreve a decirla. Las únicas versiones oficiales sobre la cadena que llevó a la represión están nebulosas. Es como si Obama callase sobre quién ordenó la operación que acabó con la vida de Bin Laden o si el presidente Chávez asegurase que él nada tuvo que ver con el levantamiento militar de febrero de 1992. Sin embargo, ya han sido apuntados el jefe policial responsable de ejecutar la operación, el subcomandante Óscar Muñoz, y los ‘mandos medios’, acusados de “cometer excesos”. La culpa, entonces, está, hasta ahora, en el ex subcomandante (relevado tras ser divulgadas las imágenes del apaleamiento) y en esos mandos medios cuyas identidades son también secretas. La instrucción original, de donde partió la luz verde para la operación, es el secreto oficial del año.
El exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, también destituido, ha dicho que la ejecución correspondió al general Muñoz y que la orden “vino de La Paz”. La exautoridad se queda corta y vaga, pues no termina la frase. La Paz tiene un millón de habitantes. ¿Cuál de ellos dio la orden? ¿La ciudad entera que días después se volcó a dar la bienvenida a los marchistas? Ahora tampoco se acepta un careo entre Farfán y el exministro Sacha Llorenti, también arrasado por la crisis derivada del apaleamiento. El vicepresidente García Linera dijo que lo sabía y pidió no impacientarse al periodista que hacía la pregunta, pues pronto la identidad del o de los mandantes no sería un secreto.
Justa Cabrera, la dirigente guaraní, lo dijo con voz clara y alta hace dos semanas, que muy pocos no habrán escuchado: el presidente de la República (si verbalmente o por memorándum, no interesa). En una entrevista, me aseguró que se lo había dicho sin pelos en la lengua el mismo día de la represión un senador indígena del MAS, cuando ambos coincidían en un programa de la TV en Cochabamba. Y que lo mismo lo había dicho a varios medios de informativos, pero que el presidente no leía periódicos ni escuchaba la radio o la TV. La información que recibió Justa Cabrera no decía nada extraordinario. Una operación de esa magnitud no podría haber sido lanzada si no la ordenaba la máxima autoridad en cualquier lugar del mundo. El presidente, sin embargo, no ha salido al frente para decirlo al país. ¿Por qué? Las victorias tienen muchos padres. Las derrotas son huérfanas. Y la intervención del Tipnis se convirtió en una derrota amarga que arrasó con el “quieran o no quieran”. Pretender revertir esa derrota es jugar con fuego.
El tema lo verán con más cuidado los historiadores. Como otros observadores, creo que el presidente Morales tendrá muchas dificultades para eludir su responsabilidad sobre lo acontecido, que marca el punto más bajo de su administración. Presenciamos los estertores de una ruptura entre el Gobierno y los movimientos indígenas de todo el nororiente, el sector de nativos que con sus marchas de la década de los 90 pavimentó la ruta para la llegada del actual Gobierno al poder.

* Periodista,
http://haroldolmos.wordpress.com

viernes, 18 de noviembre de 2011

masistas quieren asumir jefaturas de organismos jurídicos aduciendo votación mayoritaria, se prevee una "masacre blanca" razzia con 5 mil funcionarios en todo el país.

Cristina Mamani quiere ser presidenta de la Magistratura
Minutos después de que recibieron las credenciales que los habilitan como autoridades judiciales, los magistrados electos que obtuvieron mayor votación en las elecciones del 16 de octubre, expresaron su seguridad y, prácticamente, dieron por hecho que asumirán la Presidencia del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

“No lo digo yo, lo dijo el soberano, el soberano apoyó a esta humilde persona (…). Evidentemente todos (los candidatos electos) tienen el mismo derecho; pero aquí lo señaló el soberano y lo que dijo el soberano hay que respetar. Pero hay que buscar consensos, para quedar bien”, dijo Bernardo Huarachi, el candidato con mayor votación del Tribunal Agroambiental, cuando se le preguntó sobre su aspiración a la Presidencia.

A su vez, la candidata con mayor votación para el Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, descartó enfáticamente que otro de los candidatos asuma la presidencia, ya que considera que la población la eligió a ella.

“Cómo es eso de que me voy a postular. La población ya ha definido y el voto mayoritario se tiene que respetar queridos hermanos; no tenemos que decir que me voy a postular, yo ya estoy electa; la población ha depositado su confianza, por lo tanto la voluntad del soberano se tiene que respetar”, dijo Mamani, quien es la candidata con mayor votación en las elecciones de octubre.

Y en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, el abogado Gualberto Cusi coincidió con sus dos colegas al afirmar que los ciudadanos que marcaron a su favor ya determinaron quién será el Presidente de la entidad de control constitucional.

“No es que yo aspire o no aspire, sino que el pueblo boliviano ya ha dado su sentencia, por lo tanto se deberá respetar y cumplir ese mandato electoral que hemos recibido todos nosotros (…). No hay más objeto de debate, de discusión, quién, cómo, va a ser presidente; creo con su voto cada uno ya ha expresado, quién debe ser”, señaló Cusi.

En dos artículos de la Ley del Órgano Judicial, se hace referencia a la forma de elegir al presidente o presidenta y a la duración de su gestión, en el caso del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. En el mencionado instrumento legal no se establece que el candidato con mayor votación tenga derecho a asumir la Presidencia.

En realidad, tras la elección ciudadana, los magistrados de cada uno de los cuatros tribunales deben sesionar para elegir a su Presidente.

Tribunal Agroambiental

Artículo 145. (ELECCIÓN Y PERIODO DE FUNCIONES DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE DE LAS SALAS).

I. Las Presidentas o los Presidentes de Salas serán elegidos por la mitad más uno de los votos de las magistradas o los magistrados que conforman la sala respectiva.

II. Su periodo de funciones será de dos (2) años, no pudiendo ser reelegidos sino pasado un mandato.

III. En caso de impedimento temporal o cesación de la Presidenta o el Presidente de las salas, la Decana o el Decano asumirá la Presidencia.

Consejo de la Magistratura

Artículo 179. (PRESIDENTA O PRESIDENTE).      

La Presidenta o el Presidente es la o el representante del Consejo de la Magistratura. Es elegida o elegido por el Pleno del Consejo de entre sus miembros, por votación oral, pública y por mayoría simple de sus integrantes.

Mientras que en Tribunal Constitucional Plurinacional, la Ley 027 no detalla la forma de elegir al presidente o presidenta, pero destaca el tiempo por el que puede ejercer y sus atribuciones.

Tribunal Constitucional Plurinacional

Artículo 33. (DE LA PRESIDENCIA Y SUS ATRIBUCIONES).            

I. La presidencia de las salas será ejercida por turnos de un año entre las magistradas y los magistrados de la sala.

II. La Presidenta o el Presidente de las salas tiene las siguientes atribuciones:

1. Controlar el sorteo para la distribución de causas en la sala que preside.

2. Supervisar el desempeño de funciones del personal de apoyo jurisdiccional y administrativo en la sala que preside.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Roberto Laserna ofrece un excelente resumen de la problemática de hoy en Bolivia. los frentes que soporta el Gobierno y su incapacidad de asumir soluciones de fondo. es "el principio del fin", sostiene

El Gobierno del presidente Evo Morales parece encaminar su experiencia populista al fracaso. Frente a crecientes reclamos de los sectores más afectados por la inflación, promete cambios y demora decisiones pero, en esencia, no modifica sus políticas.
A veces prevalece el sentido común en la gestión económica, pero por muy poco tiempo. Al finalizar el 2010, el Gobierno boliviano decidió eliminar los subsidios a los carburantes. Buscaba reducir la sangría que representa importarlos a precios internacionales para venderlos a precios inmóviles desde hace 10 años. Pero revirtió su decisión en menos de una semana porque la protesta social puso en las calles a las mismas organizaciones que lo encumbraron. Entonces prometió que va a “gobernar obedeciendo“.
Las encuestas de opinión registran una brusca caída en la popularidad de Evo Morales y las protestas sociales no cesan. A una prolongada huelga en el transporte público le siguió otra huelga, igualmente larga, de la Central Obrera y los empleados estatales. Los transportistas pedían un aumento en las tarifas, congeladas desde hace varios años, y los trabajadores un aumento de salarios para compensar la inflación. Ésta es más alta que el promedio de América Latina, mientras que el crecimiento económico es menor. El Gobierno difirió la protesta haciendo concesiones y promesas de corto plazo.
La falta de resultados efectivos de la administración estatal de las empresas está disminuyendo el respaldo popular a las nacionalizaciones que llevaron a Morales al poder. En medio de negociaciones con los sindicatos agrupados en la Central Obrera, Evo Morales trató de apaciguarlos con la oferta de estatizar tres minas importantes. Los trabajadores rechazaron su propuesta porque prefieren trabajar en el sector privado.
El Gobierno, sin embargo, no parece dispuesto a reconocer ni la insatisfacción de la gente ni el fracaso de sus inversiones de industrialización forzada. Ninguna de las fábricas estatales (papel, cartón, leche, úrea, cemento, textiles, cítricos) ha terminado siquiera de instalarse en estos años, y las empresas que pasaron a control estatal han decaído en productividad y eficiencia (como las refinerías). Sin embargo, convencido de que puede aumentar la producción y el empleo, ha roto la autonomía del Banco Central para que éste otorgue créditos favorables a las empresas públicas. Es decir: mantiene intacto su empeño en aumentar la presencia del Estado en la economía.
Mientras tanto, el narcotráfico crece y se diversifica, pese al aumento de los operativos policiales. La erradicación de plantaciones de coca sólo alcanzó las metas mínimas. Y la captura creciente de droga cristalizada y de pasta base de origen peruano indican que en Bolivia se localizan actividades superiores del narcotráfico, que mueven más dinero e involucran a grupos más organizados y violentos.
Los países vecinos, en especial Brasil y Chile, expresaron su preocupación y han logrado nuevos compromisos de Bolivia. Pero quedó clara la debilidad del Gobierno cuando detuvieron en Chile a un general de la Policía que dirigía operativos de transporte de cocaína hacia los Estados Unidos. El alto oficial, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, era director del órgano de inteligencia de cuyo trabajo depende la eficacia de la lucha contra el narcotráfico.
Frente a sus crecientes problemas, Evo Morales ha recurrido a dos temas que en el pasado desviaron la atención de la opinión pública: el conflicto con Chile —al que le reclama una salida soberana al mar—, y una nueva campaña electoral, esta vez para magistrados judiciales.
La reivindicación marítima unifica el sentimiento nacionalista, pero no parece tener la misma atracción que en el pasado y las elecciones de magistrados de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional acabaron por generar la mayor derrota electoral de Evo: 60 por ciento de los votantes rechazó su proyecto anulando sus votos o dejándolos en blanco.
Los indígenas de las tierras tropicales jugaron un papel fundamental en estos meses. Durante 65 días ellos marcharon hacia La Paz en demanda de respeto a su Territorio Indígena que es también el Parque Natural Isidoro-Sécure (Tipnis), amenazado por una carretera financiada con recursos del Brasil y promovida por el ex presidente Lula da Silva. Luego de haber sido bloqueados por campesinos aliados de Morales y reprimidos por la Policía, los marchistas fueron recibidos como héroes y lograron imponer una ley que prohíbe la construcción de esa autopista.
El horizonte político de Evo Morales muestra cada vez más dificultades. Los gastos del Estado se llevan una gran parte de los ingresos por exportaciones: ha vuelto el déficit fiscal. La inflación, generada especialmente por el aumento de los precios de alimentos, produce descontento. Y la inseguridad jurídica desalienta inversiones que podrían aumentar la oferta. Los grupos organizados (sindicatos, vecinos, comunidades) están cada vez más impacientes y las instituciones estatales están perdiendo su ya escasa capacidad de gestión.
Cambiar el rumbo y adaptar la política a las demandas de la población debería ser fácil en un régimen que concentra el poder en el Presidente. Un caudillo puede tomar decisiones fuertes ya que el apoyo popular es personalizado: cualquiera es prescindible menos él. Pero lo que se observa es que Morales insiste con sus políticas, pese a que no están generando los resultados esperados. Con ello se aleja cada vez más de su base electoral porque parece más inclinado a repetir las fórmulas que le llevaron con éxito al Gobierno, que a reconocer que ahora pueden llevarle al fracaso.

El autor es economista, es investigador en Ceres, un centro privado en Cochabamba, Bolivia, y Presidente de Fundación Milenio, un think tank en La Paz.
© Project Syndicate y LOS TIEMPOS 1995–2011

martes, 15 de noviembre de 2011

"la palabra empeñada" de Evo no tiene valor alguno. aprueba la Ley Corta y luego dice me obligaron. ahora busca que "le obliguen" otros grupos a abolir la primera. qué contrasentido, qué forma atrabiliaria de gobernar.

Para los bolivianos está resultando difícil entender cómo es que el Gobierno nacional aprueba una ley para dar por concluido el conflicto del Tipnis, una ley que es promulgada por el presidente del Estado, que luego convoca públicamente a que se la cuestione.
El argumento de los voceros del presidente Evo Morales es que si un texto ha sido convertido en ley como resultado de una presión social, pues el mismo procedimiento habría que aplicar para aprobar un texto en sentido contrario.
En este caso, el Gobierno masista está reaccionando con actitudes de revancha, que incluyen aplicar al pie de la letra el concepto de intangibilidad del parque, prohibiendo incluso actividades turísticas que son propias de todos los parques del planeta.
La opinión pública nacional está mirando, azorada, cómo avanza este proceso por el cual la victoriosa marcha de los indígenas del Tipnis es tomada por el Gobierno como una derrota que necesita borrar de su historial, o por lo menos tomar venganza de ella.
El concepto del respeto a la palabra empeñada es común en todas las sociedades que aspiran a ser civilizadas y ayuda a que las relaciones, entre personas o entidades, se desarrollen de manera confiable.
En esto hay un déficit constante en la realidad actual. Las incoherencias se repiten todos los días, dejando a los interlocutores en situación de total desorientación.
La saga del ajuste del precio de los carburantes es  la que más contradicciones acumula. Anuncios en sentido de que la subvención será eliminada son seguidos de anuncios en sentido contrario, y luego, a comenzar de nuevo.
La política referida a las exportaciones se ha transformado en un drama. A tal punto que un empresario extranjero ha dicho que en Bolivia hay una situación de “inestabilidad” en el régimen referido a las exportaciones. Los empresarios cruceños son testigos -y víctimas- de esta política confusa.
Un gobierno que cambia con tanta frecuencia de parecer acerca de todos los temas no tendría que extrañarse de que los propietarios de automotores introducidos al país de contrabando, los chutos, aspiren a que se les conceda nuevas oportunidades de legalizarlos.
Este comportamiento se da también en la firma de contratos con empresas extranjeras, como se observa en el ya escandaloso caso de la Jindal y el Mutún. Cuatro años de vigencia de un contrato y el Estado boliviano no ha cumplido con el compromiso de dar a la empresa lo que le había ofrecido, comenzando por el terreno donde debe operar y terminando con el combustible que debe utilizar.
Seis años han pasado desde que se anunció el cambio de la Ley de Inversiones, la de Hidrocarburos y el Código de Minería, pero nada se ha cumplido, aparte de sucesivos anuncios de que las siguen preparando. En Perú, el gobierno de Ollanta Humala aprobó, en 30 días, las reformas al sistema tributario minero, porque no quería perjudicar la llegada de nuevas inversiones, que tienen un promedio de 4.000 millones de dólares por año.
Nunca es tarde para enmendar errores. El Gobierno nacional tendría que meditar sobre estos temas tomando en cuenta que la opinión pública boliviana es muy perceptiva y no deja detalles sin registrarlos.

domingo, 13 de noviembre de 2011

qué terrible lo que puede suceder si como en el caso de Nicaragua un presidente pasando por encima de la CPE resuelve reelegirse apoyado en una resolución judicial sometida a su influencia. es de esperar lo peor. C. Mesa

Lo ocurrido en Nicaragua en la reciente elección presidencial es la expresión de la debilidad institucional de algunos países latinoamericanos, pero muy especialmente de nuestros organismos supranacionales, sean estos hemisféricos o regionales.
La razón: La reelección del presidente Daniel Ortega ha pasado por alto la Constitución nicaragüense. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras naciones en las que los presidentes que querían la reelección, han modificado sus constituciones o las han interpretado a partir de muy discutibles lecturas de éstas, en el país centroamericano Ortega fue mucho más lejos. Alegó que la prohibición expresa de reelección establecida en el texto constitucional “vulneraba sus derechos políticos”. La Corte de Justicia le dio la razón y lo habilitó. Una Constitución es la Ley de Leyes de una nación, a la que están sometidos todos los ciudadanos. Los derechos políticos de cualquiera de ellos están sujetos a las normas constitucionales que son de aplicación universal, y que responden al acuerdo de una sociedad sobre la forma de gobernarse, parte de la cual es la definición del término de un mandato, su periodicidad y la posibilidad o no, de una o más reelecciones.
El presidente Ortega ha ganado la reelección apoyado en una acción discrecional y arbitraria de un Poder bajo su control que sienta un pésimo precedente en la región.
La pregunta aquí es: si la Carta Democrática y el conjunto de instrumentos suscritos por nuestros países para fortalecer el sistema democrático y su institucionalidad aceptan excepciones impuestas por el Poder Ejecutivo de un país, ¿cuál es su verdadera razón de ser?
Esta acción concreta de un gobierno que vulneró su Constitución y, con el control sobre otro Poder, en este caso el Judicial, desconoció de manera flagrante una limitación constitucional, se hizo sin que un solo organismo internacional, basado en los compromisos firmados por el país en cuestión, objetara mínimamente tal arbitrariedad.
¿Por qué ocurrió? Porque la legislación interamericana, los principios de defensa de la democracia y las estrictas reglas que permiten a la comunidad internacional decir su palabra y, más que eso, obligar a un Estado a modificar un comportamiento que vulnera sus principios, está supeditada al filtro implacable de los gobiernos, que son quienes detentan la representación nacional en las organizaciones como, por ejemplo, la OEA.
Esta realidad nos lleva a una dramática conclusión: que no hay freno a la práctica de gobiernos de países que ejercen acciones inconstitucionales y en más de un caso dan golpes de Estado, casi siempre contra el Poder Judicial. En situaciones como estas, simplemente les es imposible a los afectados contar con un espacio para denunciar el hecho ante el hemisferio o la región en la palestra correspondiente (OEA, Unasur, etc.). Si ocurre lo contrario, en cambio (Honduras), el Ejecutivo afectado sí cuenta con respaldo internacional.
Se dirá que un camino posible es la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de DDHH (CIDH). Sí, con un pero. En casos específicos la CIDH ha funcionado, pero cuando el tema afecta a la política “grande” de un país, hay filtros, vetos o dilaciones que hacen inviable, o la emisión de un fallo o la oportunidad de éste, limitando casi totalmente la aplicación del instrumento que evite los excesos del gobierno de uno de sus miembros.
Es, en consecuencia, indispensable la creación de un mecanismo que libere a las organizaciones internacionales de la tiranía de los gobiernos. La respuesta para hacer posible esa apertura no es fácil pero debe estudiarse en profundidad y aplicarse, de modo tal que cualquier poder de un Estado, u organizaciones políticas legales de oposición, puedan apelar con plenas posibilidades de ser escuchados y atendidos, sin que un solo embajador de un gobierno determinado haga imposible el ejercicio de ese legítimo derecho.
Hemos llegado a un punto en el que la compleja trama tanto institucional como legal para proteger a la democracia en la región no es eficiente y no cumple una de sus tareas más importantes.
La consecuencia está a la vista, es la deformación de uno de los valores centrales de la democracia; el cumplimiento estricto de la Ley, al que se suma la  idea inaceptable de que el freno al poder absoluto, la moderación del poder concentrado en una sola persona, la certeza de que ninguno de los poderes esté en la práctica por encima de los otros, y el respeto a los derechos de todos, no son características indispensables para que un pueblo desarrolle libremente sus potestades colectivas e individuales.
El drama de algunas de nuestras naciones es que una vez cometida la arbitrariedad y vulnerada la ley, la legalidad disfraza la ilegitimidad y el tiempo van disimulando la herida mortal. La repetición de esta práctica acaba por borrar la diferencia entre una cosa y la otra, y consagra lo que debió haberse impedido desde el primer momento. Esto es posible además por el ejercicio ilegítimo del poder ganado legítimamente. El voto que lleva a alguien a la presidencia no es un cheque en blanco para que quien gobierna vulnere la democracia que lo ungió.
Mientras la comunidad latinoamericana no resuelva este grave déficit, la aplicación de la democracia plena en todas nuestras naciones será imposible.  

El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/

jueves, 10 de noviembre de 2011

Juan José Toro titula simplemente "POTOSI" su artículo destinado a exaltar el portento de esa ciudad crecido a nivel mundial y la mengua de su situación de hoy que celebra sin EVO

“Corría el mes de junio de 1956.
En Liverpool, segundo puerto comercial de Inglaterra, ocurrió algo inédito: la empresa naviera Británica ‘Pacific Steam Navegation’ lanzó en emotivo acto un barco con el nombre de ‘Potosí’ para el servicio de pasajeros y carga entre esta ciudad portuaria y la costa del Pacífico.
Al mes siguiente, dicha nave llega al puerto de Antofagasta en la costa chilena y allí, igualmente en acto solemne con la presencia de autoridades municipales de esta villa de plata, es bautizada con la mágica e histórica denominación de Potosí.
El barco ‘Potosí’ de 11.600 toneladas, con radar y con equipamiento moderno, se constituía en el cuarto que, por lo menos del mundo, ostentaba este nombre. Para la empresa Naviera Pacific Steam Navegation era la segunda vez que recurría al famoso rótulo de nuestra ciudad para una de sus grandes embarcaciones.
Los viejos adjetivos de ‘tiene un Potosí’, ‘tener un Potosí’, ‘esto vale un Potosí’, ‘ser un Potosí’ o ‘valer un Potosí’ vuelven a la memoria con nostálgicas evocaciones es cierto, pero también con un sentimiento solidario de adhesión y admiración”.
Los párrafos anteriores están encerrados entre comillas porque no son míos. Fueron tomados de la página de respuestas de Yahoo e ignoro quién sea su autor porque firma sólo como “Greco”. Intenté averiguar de quién se trataba pero los enlaces me advertían que no estaba autorizado para ver los datos de la persona que utiliza ese nickname (antes de los tiempos de Internet usábamos el adjetivo seudónimo).
Empero, lo de “Vale un Potosí” no es del “Greco” sino de Cervantes. La frase —o, si prefiere, exclamación— es atribuida al celebérrimo autor del Quijote y se utiliza para referirse a algo que vale mucho, tanto que los números no alcanzan para cuantificarlo.
Lógicamente, Cervantes se refería a la plata potosina, a aquella que sigue asombrando al mundo cuando los piratas modernos encuentran galeones en el fondo del mar por cuya posesión pelean después en tribunales que nunca reconocen que esa riqueza salió del Cerro Rico y la Casa de Moneda.
Y es que la riqueza potosina fue tal que no sólo le arrancó una frase inmortal a Cervantes sino que su fama se extendió a tal punto que, además de barcos y ramas afines, muchos lugares y ciudades se llamaron Potosí.
Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1592 se fundó el pueblo de San Luis Mesquitique en México. La riqueza del cerro de San Pedro, en el que se encontraron vetas de plata, hizo evocar la del Potosí boliviano así que el nombre fue cambiado a San Luis Potosí, el que conserva hasta ahora.
Esas simples referencias son suficientes para confirmar la fama y gloria que alcanzó Potosí.
Hoy en día, su fama ha menguado bastante, incluso en el mundo globalizado en el que vivimos y pese a las ventajas de la Internet. Su gloria es una remembranza del pasado, de un pasado que la ciudad de Potosí —la original, la boliviana— no ha aprendido a capitalizar a través del turismo.
Potosí recuerda este 10 de Noviembre los 201 años de su gesta libertaria, una sobre la que no se ha dicho la última palabra, y, pese a todo el tiempo transcurrido y a la persistente riqueza de su cerro, sigue siendo una de las regiones más pobres del país.
Bueno sería que, en este nuevo aniversario cívico, no nos detengamos tanto en el pasado y veamos, de una vez, lo que tendríamos que hacer para proyectar a esta histórica región hacia el futuro.
 
El autor es periodista | © www.columnistas.net