otra vez y van sin cuenta las acusaciones contra la prensa y toca a Carlos Valverde a quién acusa casi de criminal siendo funcionario de Paz Zamora

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusó otra vez a medios de comunicación de manipular, distorsionar e incluso mentir para defender intereses políticos y económicos en el caso del supuesto núcleo terrorista de Eduardo Rózsa Flores.

“Es importante que la ciudadanía identifique a quienes están tratando de debilitar el caso y cuáles son las razones (...) estamos hablando de algunos medios de comunicación”, dijo Llorenti ayer en una entrevista en la cadena estatal de medios.

Específicamente mencionó a las redes nacionales PAT, Red Uno y Unitel así como al periódico La Estrella del Oriente y al periodista Carlos Valverde.

“Tienen derecho a ser oposición, pero no se escondan, no tergiversen, manipulen y distorsionen detrás de la objetividad, la imparcialidad o el periodismo independiente. No existe tal cosa, hay intereses económicos y políticos”, expresó Llorenti.

El Ministro mostró incluso documentos que –según la autoridad– se encontraron en la computadora de Rózsa y entre los que estaría una lista de medios de comunicación que tenían intereses en apoyar el separatismo.

“Éstos son los grupos conformados por todos los medios de comunicación que tenían que defender (el plan de Rózsa) porque se encontraban de alguna forma alineados con su lógica. Ahí está la Red Uno, Unitel, por ejemplo”, sostuvo Llorenti.

Respecto al periodista Carlos Valverde, el ministro de Gobierno lo acusó de decir mentiras y de no tener “ninguna credibilidad.

Lo que pasa es que este señor ha trabajado en el Ministerio de Gobierno durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora y hay muchas cosas que investigar sobre su rol en esos años en los que se utilizó la tortura como método sistemático y hubo personas que fueron ejecutadas sumariamente”.

Además leyó parte de las declaraciones a la Fiscalía que habría hecho Marco Antonio Monasterios Mariscal “en las que hace un relato de cuáles son los vínculos de estos señores (los que habrían organizado este plan y ahora están prófugos) con el grupo de Rózsa porque algunos sectores que no tenían nada que ver… nadie duda del grupo separatista, pero dicen que era un grupo de locos que no tenían nada que ver con los cruceños”.

“Podemos profundizar este tema… No tengo el menor temor de decirlo. Yo creo que la gente se da perfecta cuenta de que detrás de algunos enfoques, manipulaciones, distorsiones y mentiras o medias verdades hay un interés político e interés económico”.

Antecedentes y pruebas

Para defender la hipótesis del Gobierno de una intención separatista encabezada por Eduardo Rózsa Flores, el ministro de Gobierno volvió a señalar a varias exautoridades cívicas cruceñas de quienes dijo son “prófugos de la justicia”.

“Me refiero a gente con mucho dinero”, aseguró y mencionó a Branco Marinkovic, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Antonio Achá Melgar, Alejandro Broun Ibañez, Luis Alberto Hurtado Vaca, Ronny Hurtado Vaca, Enrique Vaca Peralta, Lorgio Balcazar Arroyo, David Sejas López, Héctor Renato Laguna Paniagua, Pablo Humberto Costas Aguilera, Mario Adolfo Bruno Leonhardt, Luis Orlando Justiniano Añez y Guido Nayar Parada.

“Estamos hablando de una élite económica de Santa Cruz que había administrado el poder económico por décadas y que se veían afectados por las transformaciones sociales en sus intereses económicos. Por tanto, llevaron adelante una iniciativa para dividir Bolivia”, dijo Llorenti y mostró imágenes de algunos documentos encontrados en la computadora de Rózsa.

los aventureros que idearon un complot para culpar a los cambas la están pasando mal. por pedazos se cae el montaje y al fin llegará la verdad (ElDía)

El enredo en el que se han metido los que armaron el “caso Rózsa” tiende a alcanzar proporciones épicas y de a poco, entre ellos mismos van jalando los hilos que ayudan a entender los pormenores de un grotesco y escabroso complot.

Las andanzas del misterioso “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, quien se pasea muy campante por las calles de la ciudad, pese a que la Fiscalía dijo en segunda instancia que se trataba de un “prófugo de la justicia” y en tercer lugar ha afirmado que no se lo detiene porque no hay orden de captura contra él, han descolocado por completo a los aventureros que idearon aquella trama siniestra que acabó con tres ciudadanos europeos acribillados en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009.

La Fiscalía ha tratado durante las últimas semanas de hacerle el quite al famoso “video-soborno”, que muestra cómo agentes del Ministerio de Gobierno le pagaron 31.500 dólares a Villa Vargas para que implique a una serie de ciudadanos en un supuesto complot terrorista. El objetivo era lógicamente evitar que esta nueva evidencia se tome en cuenta en el proceso judicial contra 39 imputados. La última estrategia ha sido asumida por un juez de La Paz, que decidió declarar en reserva la investigación del video, medida que adoptó luego de conocerse que “El Viejo” se encuentra en Bolivia, obviamente con protección oficial. Paralelamente se han difundido nuevas imágenes que proporcionan más detalles sobre el “sembrado de pruebas” que habrían realizado los agentes que participaron en el asalto al hotel Las Américas y los operativos posteriores.

A estas alturas todo ha quedado claro. Un ex viceministro de Gobierno ha salido en defensa del funcionario que le pagó el soborno a Villa Vargas y no sólo lo ha justificado sino que ha dicho que lo hizo por órdenes superiores. Un senador que luego intentó aclarar las cosas, ha admitido indirectamente, que se cometieron ilegalidades en la investigación del caso Rózsa y finalmente, para evitar que su nombre y el de la institución sigan embarrándose, el Defensor del Pueblo incurre en un despropósito al afirmar que un video no representa una prueba fehaciente en un juicio. ¿A qué viene eso? ¿A qué viene el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas que alabaron la actuación del Gobierno en este caso? Se trata de avales innecesarios en un hecho netamente judicial (como se intenta hacer creer) y que en todo caso siguen echando sombras y sospechas sobre la intriga gubernamental. En este enredo también se producen hechos cómicos, como el de la ministra de Justicia, Nilda Copa, quien ha dicho que sean los vecinos o los periodistas los que detengan a “El Viejo”.

Las últimas novedades, entre ellas declaraciones de prensa de Villa Vargas confirman la tesis del complot y, por supuesto, enredan aún más a sus perpetradores. Mientras que el fiscal Marcelo Soza rectifica versiones anteriores e indica que sí hay orden de aprehensión contra “El Viejo”, otros miembros del Gobierno tratan de descalificar sus afirmaciones, pese que siempre lo calificaron como “testigo clave”. Los pocos integrantes del Gobierno que todavía se preocupan por la imagen del presidente Morales deberían recomendarle que ya no hable de este tema, porque con sus palabras no hacen más que complicar su situación jurídica. No olvidemos que él ha sido el único que confesó públicamente que dio la orden de meter bala en el hotel Las Américas y sobre este punto, ya están en marcha sendos procesos ante instancias internacionales.

Las andanzas del misterioso “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, han descolocado por completo a los aventureros que idearon aquella trama siniestra que acabó con tres ciudadanos europeos acribillados en el hotel Las Américas, el 2009.

Bolivia una dictadura. Serie de artículos de un equipo de periodistas paraguayos que durante 10 días documentaron su trabajo in situ

Fernández fue detenido el 18 de setiembre de 2008, en su despacho. En ese momento ocupaba el cargo de gobernador del departamento de Pando, fronterizo con Brasil.

Pando forma parte de la llamada “media luna”, junto con los departamentos de El Beni, Tarija y Santa Cruz. Hasta hoy, el gobierno de Morales insiste en que el movimiento autonomista tenía como objetivo dividir Bolivia, en dos estados diferentes.

Líderes políticos y diversas organizaciones civiles del oriente boliviano se cansaron de repetir que nunca se buscó partir en dos a Bolivia; pero el gobierno utilizó en forma muy hábil este discurso, para crear un enemigo.

El Altiplano se plegó en pleno tras el gobierno para defender la soberanía del país. Un discurso muy simple, pero siempre efectivo: la patria en peligro.

“Tengo ocho cargos en mi contra, me vaciaron el Código Penal. Mi conciencia está tranquila, la acusación de genocidio es absolutamente falsa. Yo estoy preso por mis convicciones democráticas”, expresó Fernández.

La gobernación de Pando fue un golpe muy duro para el movimiento autonómico y marcó el inicio de una nueva modalidad de persecución política: procesos penales para desarticular la oposición.

“No tenemos que permitir que Bolivia sea una nueva Cuba, manejada en forma dictatorial por un gobierno absolutista. Tenemos que luchar para que Bolivia no pierda su libertad”, expresó con convicción el detenido en la penitenciaría de San Pedro.

Agregó lo siguiente: “Si esto llega a suceder, vamos a perder todas aquellas libertades que poco a poco fuimos ganando para nuestro país”.

Una ley a la medida

Fernández cumplió 2 años y cinco meses en San Pedro, sin haber prestado hasta el momento declaración ante un magistrado. Está en prisión en virtud de una detención preventiva dictada por el Ministerio Público.

El Código de Procedimientos Penales disponía que al cumplirse 20 meses de detención preventiva, el reo debía ser puesto en libertad; el ex gobernador estaba seguro que podría pelear su libertad dado que la fiscalía no puede sostener la acusación de genocidio.

Sin embargo, el gobierno de Morales sorprendió a Bolivia al presentar un proyecto de ley modificando el Código de Procedimientos Penales: el Congreso, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) extendió la detención preventiva hasta 36 meses.

Un principio jurídico internacionalmente admitido es que las leyes no son retroactivas. La práctica de derecho internacional no fue considerada en el caso de Fernández, quien ahora deberá esperar que se cumplan 36 meses de detención, con la posibilidad de una nueva modificación del código.

Dictadura por la vía democrática

La ministra Nardy Suxo fue enviada por el gobierno de Evo Morales a Asunción, en procura de lograr el rechazo al pedido de refugio político solicitado por Mario Cossío. En oportunidad de una reunión de prensa realizada en la Embajada boliviana, la ministra anticorrupción dijo lo siguiente: “Nuestro gobierno quiere juzgar a Leopoldo Fernández, pero no podemos hacerlo por las chicanas que plantea”.

El detenido rechazó de plano el comentario de la ministra de Evo Morales: “Es absurdo plantear chicanas estando dentro de la cárcel; las maniobras jurídicas se llevan a cabo para no entrar en la penitenciaría, una vez dentro lo único que se pretende es llegar a juicio”.

Agregó: “Yo reclamo que se lleve a cabo el juicio, exijo ser presentado ante un juez. Tengo todas las pruebas y documentos necesarios para demostrar que la acusación de genocidio es absolutamente falsa”.

“El Gobierno –siguió diciendo– no me presenta ante los jueces porque voy a demostrar la canallada que cometieron en Pando y sobre todo, tengo los documentos que dejan al descubierto que el enfrentamiento que terminó con la muerte de 11 personas fue un montaje del Movimiento Al Socialismo, con el visto bueno de Evo Morales Ayma”.

El político de oposición explicó que “en Bolivia existe una dictadura. Aunque Evo Morales fue elegido en forma democrático, el gobierno es totalitario: controla en forma absoluta todos los poderes del Estado y muy particularmente el Poder Judicial, que se convirtió en una herramienta para perseguir disidentes”.

No dudó en señalar que “el MAS no tiene un objetivo claro, salvo mantenerse en el poder sin importar el costo. En este momento Bolivia no tiene un norte, salvo la claridad de que la democracia se intenta destruir”.

En su opinión, el resultado de esta situación es que “desde el poder se plantea una revolución, habiendo llegado al gobierno por la vía democrática. Y ahora trabajan para consolidarse a través de un enfoque único: la disidencia tiene que decapitarse”. /ABC.

cada hora que pasa se agrava el conflicto en El Cairo. Mubarak se cae. el pueblo está reunido. el ejército patrulla con tanques. ofrece no disparar

como sucedió en Túnez, sucederá en Jordania, Yemen, Algeria, Libia, Bolivia y Venezuela el pueblo ha de decidir la suerte en contra de los que se eternizan en el poder, aumentan el precio de los alimentos y no ofrecen soluciones en forma de nuevos puestos de trabajo, mejores condiciones de vida, o aumentando la producción en cambio prosigue la corrupción, la criminalidad, el abuso de las autoridades, el atropello a los otros poderes del Estado y especialmente rebajando las libertades. en la foto, gentileza del diario SDB, una madre cuida a su bebé al tiempo contempla desde su casa en El Cairo a miles de personas que se reúne para pedir la salida de Mubarak.