Sin prensa libre no hay
democracia
Mauricio
Aira
Así de claro. Así de simple. La consolidación y
desarrollo de la democracia depende de la libertad de expresión. Es esencial
para el desarrollo y el conocimiento entre los pueblos y la via que les llevará
a la comprensión y la cooperación. Cuando se obstaculiza el debate de ideas y
de opiniones y se limita la libertad de expresión se pierde la transparencia
que afianza la institución democrática.
Cuando desde el Ministerio de la Presidencia se ignora
que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la ONU
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y otros muchos instrumentos internacionales y
constituciones, nos sobrecoge el espíritu porque se está desconociéndolo todo
para salvar el Régimen cada vez más identificado con el autoritarismo y la
prescindencia del Estado de Derecho.
Thomas Jefferson sentenció “Prefiero una prensa sin Gobierno que un
Gobierno sin prensa. Lo fundamental es el derecho del pueblo a saber, a estar
informado” La frase del sabio mandatario es recordada al celebrar el Día
Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) instituida por la Asamblea de la
ONU a sugerencia de la Unesco que nos recuerda “Una prensa libre, pluralista e
independiente es el componente esencial de toda sociedad democrática”. La Corte Internacional de DDHH ratificó la
declaración añadiendo “La libertad de expresión es una piedra angular en toda
sociedad civilizada”.
No es extraño que Evo Morales, según confesión propia
repetida al menos en cinco ocasiones que
sus verdaderos opositores son los medios de comunicación. En consecuencia el afán
de controlarlos a como dé lugar sea por medio de “la justicia” por medio de cadenas para utilizarlos como
propaganda de su partido, por medio de la publicidad oficial que es una forma
de censura indirecta. La idea de influir en el contenido del mensaje periodístico
es ya un recorte a la libertad de expresión, exactamente como en Cuba o Corea
donde los medios son simples repetidores del discurso autoritario, no hay
pluralismo, ninguna transparencia, ni rendición de cuentas. Nuestros comunicadores profesionales
independientes soportan esa presión permanente del aparato comunicacional del
oficialismo que ofrece la versión tergiversada, instrumentada en contra de la
verdad. El periodista no funcional se ve desprotegido, enfrentado a los grupos
de poder económico y político, inclusive de bandas organizadas (cocaleros,
chuteros, empleados públicos, movimientos sociales) que actúan fuera de todo
marco legal, sin apego alguno a la Ley.
No podemos renunciar a los principios que son como el
catecismo del ciudadano demócrata y amante de la libertad en todas sus formas y
manifestaciones como derecho fundamental e inalienable, inherente a cada uno y
como requisito indispensable para la vida en sociedad.
Olvidan los funcionarios leídos del Régimen que
obedeciendo ciegamente la consigna de agredir a los medios bajo diversos
pretextos e ignoran que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y
difundir información y opiniones, sin discriminación de raza, color, religión,
situación económica o ser de condición social diferente. El acceso a la
información en poder del Estado es derecho fundamental por lo que los Estados
están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.
La censura previa, la interferencia directa o
indirecta sobre cualquier expresión opinion o información difundida por
cualquier medio oral, escrito, artístico, visual o electrónico debería estar
prohibida por Ley. Las restricciones a la libre circulación de ideas y
opiniones, la creación de obstáculos al flujo informativo violan el derecho a
la libertad, por ello las normas vigentes ratifican que toda persona tiene
derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma, aunque ponen
énfasis en la conducta ética de los comunicadores, que tienen derecho a la
reserva de sus fuentes de información, de sus apuntes, de sus archivos
personales y/o profesionales.
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores o la destrucción de los medios viola los derechos de las personas
y coarta severamente la libertad de expresión por lo que es deber de los
Estados prevenirlos e investigarlos,
sancionando a sus autores y asegurándoles a las víctimas una reparación
adecuada. Si el comunicador tuvo intención de dañar al difundir noticias falsas
o se condujo con negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad podrá ser
denunciado ante el Tribunal de Imprenta, de ningún modo a tribunales de
justicia ordinarios.
Cómo no referirnos a la utilización del poder del
Estado y los recursos del Tesoro, a la concesión de prebendas arancelarias, a
la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos
oficiales, al otorgamiento de frecuencias de radio y televisión para presionar
o castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores, porque son atentados a
la libertad de expresión, igual que la presión directa o indirecta dirigida a
silenciar la labor informativa de los comunicadores, según pretende la acción
judicial hoy en día.
Todo ello nos lleva al convencimiento de no existir
democracia auténtica sin ciudadanos informados en un marco de vigencia plena y
efectiva de la libertad de prensa vinculada a la administración pública, puesto
que al poner al descubierto abusos o delitos perpetrados contribuye al
equilibrio de poder. Quitémonos la venda de los ojos, sin gobernantes
comprometidos con la tolerancia, la transparencia, el pluralismo y una sana
apertura a la crítica no podrá funcionar nuestra sociedad sin dejar de lado la
exigencia de una prensa más profesional, más independiente y con mayor nivel de
credibilidad.
