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viernes, 21 de septiembre de 2012

Jorge Pérez parece un buen hombre, casi lloraba ante el muerto de 22 años, exclamando que "el Gobierno no es culpable de nada". qué inocente! los "copes" son o fueron parte del Gobierno. Evo les dió un ministro y los utilizó dinamitas y todo siempre que pudo. es culpable porque sobrepasó sus atribuciones para darles Colquiri que ahora les quita.

De hablar extranjero Pérez desconoce la historia de Bolivia

Con la ciudad sede de sus funciones estremecida y aterrorizada por los dinamitazos que se cobraron la vida de un minero y dejaron un saldo de nueve heridos por un prolongado e irresuelto conflicto entre cooperativistas y asalariados en la explotación de una rica veta de estaño en el distrito de Colquiri, el Gobierno pretende librar su responsabilidad frente al estallido de la violencia que era absolutamente previsible.
 El detonante fue la manifiesta incapacidad gubernamental para encontrar una solución que fuera permanente entre los bandos enfrentados. Sin embargo, el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, acusó a los mineros de “buscar un muerto, sin importar de qué lado, con tal de provocar una situación de movilización e incertidumbre entre la población y de perjuicio en contra del Gobierno nacional”. El funcionario fue más allá en sus declaraciones al afirmar tajantemente que el “Gobierno no es responsable de nada, (porque) el enfrentamiento ha sido entre los propios hermanos (mineros)”(?). Y mientras el cuerpo del asalariado minero, Héctor Choque Gutiérrez, era velado en las afueras de la sede sindical donde perdió la vida por la explosión de una lluvia de cartuchos de dinamita, en Colquiri se abría otro frente de batalla con la toma de represalias contra los cooperativistas y sus bienes.
Además de evadir responsabilidades, el viceministro Pérez y otras autoridades encargadas de velar por la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, no hicieron absolutamente nada para evitar delitos contra el orden público como los cometidos por los mineros movilizados que en las calles y avenidas paceñas hicieron uso criminal de dinamita (no eran fuegos pirotécnicos), siendo pasibles a sanciones previstas en el Código Penal que incluyen la privación de libertad.
La masiva movilización minera sobre la ciudad de La Paz hacía presagiar un desenlace trágico como el que finalmente se produjo después de que tuvieran el ‘efecto parche’ las fórmulas salomónicas que, atropellando el derecho de los legítimos propietarios de los yacimientos mineros tomados por asalto, el Gobierno aplicara para dar contento a cooperativistas y sindicalistas que, en agria disputa, reclamaban para ellos el control de la mencionada  veta ahora convertida en epicentro de la discordia entre ‘hermanos’.
En vez de negarse en redondo a asumir su cuota parte de responsabilidad sobre los últimos sucesos y mientras se establece una frágil tregua y apenas son escuchados los llamados al diálogo entre los endurecidos frentes en pugna, el Gobierno tendría que admitir que, en vez de recetas temporales aplicadas como para salir del paso, con la firme aplicación de una ley clara y completa podría haber evitado un nuevo episodio de violencia y muerte en el país, esta vez con los mineros como protagonistas.