A escasos 15 días de cumplirse treinta años del establecimiento de la democracia en Bolivia y a seis años y medio de haber iniciado un “proceso de cambio”, dizque dirigido a promover la inclusión palmaria entre todos los connacionales y el salto definitivo de la nación hacia su desarrollo económico, político y social, la teoría de la perversidad nos vuelve a jugar una mala pasada y nos coloca en medio de la eterna pelea fratricida y frente al fantasma de la exclusión y la disgregación de nuestra sociedad.
Es el caso del reciente conflicto minero ocasionado por el enfrentamiento entre aquellos adscritos a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que operan yacimientos pertenecientes a COMIBOL y cooperativistas mineros que se agruparon en torno a minas abandonadas y/o que ya fueron explotadas por dicha corporación o por empresas privadas, especialmente a la caída de los precios de los minerales ocurrida en el año 1985 y que dio origen a la famosa relocalización decretada por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
Este sector, carente de tecnología y mecanización, difícilmente puede realizar una operación racional, pues al no contar con asistencia técnica, ni personal especializado que los oriente, está condenado a no conseguir financiamiento para maquinaria y equipo y de esa manera se limita a extraer de las minas lo que se presenta más valioso, dejando los residuos incluso minerales, como es el caso de Colquiri, donde extraen el estaño y dejan el Zinc. Es más, las cosas cambiaron con la ley 3720, de 31-07-2007, dictada por este gobierno, que restituye las competencias a la COMIBOL, instruyéndole a participar en todos los eslabones de la cadena minera, generando un conflicto de intereses pues, COMIBOL ya no puede apoyar a las cooperativas al no permitírsele destinar recursos del Estado en apoyo a emprendimientos privados.
La coyuntura por la que atraviesan los países consumidores de nuestras materias primas ha disparado los precios a niveles exuberantes, generando una bonanza nunca vista en nuestros años de vida republicana. Empero, en lugar de hacernos más productivos; más competitivos y menos dependientes de políticas extractivas, nos hemos sumido en una espiral de violencia próxima a una guerra civil. De ahí que es menester la urgente aprobación de una nueva ley minera que, al margen de brindar una verdadera seguridad jurídica en el sector, permita que el Estado, ya no la COMIBOL, apoye a las cooperativas mineras en los tres campos de la explotación y se abstenga de dar soluciones “salomónicas” como aquella de entregar la veta Rosario a ambos litigantes, inventando el matrimonio con dos mujeres en una misma casa.
Lo curioso de este asunto es que, en medio del entripado suscitado por los sindicalistas y cooperativistas, con muertos y heridos de por medio, S.E. y el Vice hayan decidido hacer mutis por el foro y dejar ambos la conducción de la nave del Estado al mando de la azafata, al igual que en la célebre película del género cómico de los años 80, titulada ¿Y dónde está el piloto?
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