El estudio que cuantifica el “acullico” debería haberse hecho público meses atrás, pero la administración de Evo Morales viene postergando sistemáticamente la presentación, que permitiría ajustar la normativa legal a la realidad social.
Parece evidente que, si el consumo tradicional de la hoja hubiese aumentado, un gobierno nacido del sector cocalero ya habría procedido a revelar las conclusiones, con miras a ampliar las áreas de cultivo legales en la Ley 1008.
Todo apunta a que la verdad es muy otra y que actualmente se podría abastecer al mercado del “acullico” con menos que las 12.000 hectáreas permitidas.
La postergación ha ocasionado que en tres oportunidades la Unión Europea -financiadora del estudio- pidiera al régimen evista la divulgación de los resultados, infructuosamente.
La última excusa gubernamental consiste en lavarse las manos y alegar que el informe debe ser publicado por Naciones Unidas y no por el Estado Plurinacional.
La actitud del Ejecutivo ya motivó acusaciones opositoras sobre una presunta “política de encubrimiento”oficial, que estaría evitando que los bolivianos conozcan la realidad del narcotráfico.
Es necesario que desde la sociedad civil se exija la transparencia correspondiente y se ponga a disposición del público una información estratégica para toda la ciudadanía…
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