Un minucioso informe periodístico sobre el valor de las indemnizaciones acordadas o solicitadas que posteriormente deberán ser pagadas con recursos del Estado, para compensar a las empresas afectadas por la política de estatización de las principales actividades productivas que se viene aplicando en nuestro país durante los últimos años, publicado en nuestra más reciente edición dominical, ha llamado la atención sobre una dimensión de la política económica que viene aplicando el Gobierno nacional.
El reportaje al que nos referimos muestra una dimensión del asunto que suele ser soslayada por los informes oficiales. Es que más allá de los réditos inmediatos, muchos de ellos cuestionables, la carga que por concepto de indemnizaciones está acumulándose sobre el erario nacional es de una magnitud que tarde o temprano hará sentir sus efectos negativos.
Según los datos del informe que comentamos, un cálculo muy moderado del monto que habrá que pagar por concepto de indemnización por las estatizaciones de los últimos años llegaría a 1.070 millones de dólares. Pero si a ese monto se añaden otros, como el correspondiente a las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba (Elfec), se bordearía los 1.150 millones de dólares.
Habrá que agregar además a entre las cuentas pendientes el caso de Mallku Khota, por el que la empresa canadiense South American Silver habría solicitado 25 millones de dólares y la demanda de la española Iberdrola que espera al menos 100 millones de dólares por la reversión de sus acciones de las empresas eléctricas. Así, según expertos consultados, el monto puede superar los 1,5 mil millones de dólares.
Tan cuantiosos montos de un modo u otro deberán ser erogados por el erario nacional en el transcurso de los próximos meses y años.
Y para ello, obviamente, deberán ser excluidos de otras partidas presupuestarias. Es decir, cada dólar destinado a indemnizar a las empresas afectadas es un dólar que en otras circunstancias podía haber tenido otro destino, como inversiones en actividades productivas menos atractivas para los capitales privados o en servicios sociales, para los recursos estatales son siempre escasos.
Tal argumento podría ser desvirtuado si el costo de las estatizaciones fuera compensado por un equivalente incremento en los ingresos fiscales como consecuencia directa de tal medida. Pero no es ese el caso, pues como es bien sabido, los altos ingresos percibidos por el erario nacional por concepto de transferencias impositivas de las empresas “nacionalizadas” no son atribuibles a la medida en sí misma, sino a réditos provenientes de inversiones hechas en otras circunstancias, que de cualquier modo habrían sido obtenidos gracias a factores externos, como la multiplicación del valor de nuestras exportaciones tradicionales del que se beneficia tanto el Estado boliviano como los inversionistas. La disminución de los volúmenes de producción, en cambio, que sí son directo resultado de la estatización de la economía y de la expulsión de las inversiones privadas, no permite un balance positivo.
Ahora, cuando nos aproximamos al séptimo año del inicio del proceso de estatización de la economía nacional, se tiene ya la perspectiva suficiente para ensayar una evaluación y, de ser necesario, rectificar el curso tomado.
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