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martes, 26 de noviembre de 2013

se está llegando a extremos en aquel teatralizado juicio por terrorismo o separatismo. los victimarios se defienden y acusan al punto que el Parlamento Europeo pide "un juicio justo e independiente" a una Justicia que actúa como marioneta cuyos hilos están en el Palacio de Gobierno. El Dia.

Los países europeos cuyos ciudadanos fueron ajusticiados en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, más concretamente Hungría, Rumania, Croacia e Irlanda, dieron un nuevo paso en su lenta pero insistente demanda de justicia y esclarecimiento pleno de lo que el régimen boliviano llama “caso terrorismo”, pero que ha caído bajo la sospecha de que se trató más bien de un montaje político-terrorista que acabó con la vida de tres personas y con un calvario pseudo-judicial de más de cuatro años contra 39 individuos, entre ellos un croata y un húngaro.

Este caso, que ya fue objeto de investigaciones y observaciones puntuales en cada uno de los países involucrados, ha llegado al Parlamento Europeo, que en su sede de Estrasburgo, ha emitido una resolución oficial en la que solicita al Gobierno boliviano “que garantice un juicio independiente” para el ciudadano húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, acusados de terrorismo.

La Eurocámara, que desde ya ha cuestionado la independencia de la justicia boliviana ha reclamado también una investigación imparcial que incluya a expertos internacionales sobre las muertes del ciudadano rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Dwyer Michael Martin y del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores a manos de la Policía, en un operativo que fue ordenado por el propio presidente Morales, según él mismo lo admitió frente a las cámaras de televisión aquel jueves sangriento.

Recordemos que para llegar a esta instancia tan importante, este caso ha sido objeto de intensos estudios. En cada uno de los países se hicieron autopsias de los cadáveres repatriados y por separado llegaron a la conclusión de que aquella madrugada se produjo un linchamiento en lugar de un enfrentamiento a tiros como asegura la Policía boliviana y todas las autoridades nacionales que han intervenido en este proceso, lleno de manipulaciones, dudas y errores de procedimiento. Los familiares de las víctimas han estado haciendo reclamos a sus estados y en varias ocasiones han llegado a Bolivia emisarios europeos que no han hecho más que constatar las denuncias de intromisión de las autoridades políticas en un juicio que ha sido conducido en la más absoluta falta de apego a las normas vigentes.

El pronunciamiento del Parlamento Europeo es la expresión del agotamiento de las instancias exigidas por el derecho internacional y obviamente lo que sigue es iniciar una demanda en contra del Estado boliviano, algo que ha despertado mucha preocupación en la diplomacia y en la justicia locales. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el decano de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Jorge Von Borries, uno de los pocos que aún conserva una dosis de racionalidad en la maltrecha justicia boliviana. En su opinión, el informe llegado de Europa “daña sobremanera la imagen del país” y que la única manera de contrarrestarlo es que los fiscales y policías que han hecho seguimiento de este caso presenten un detallado parte sobre el avance del proceso, algo que no sólo resultaría inviable, sino también inculpatorio por todas las fallas, falsedades e imposturas que se han cometido en estos cuatro años.

Otro que ha percibido la gravedad del pronunciamiento Europeo para el régimen de Evo Morales ha sido el ex presidente Tuto Quiroga, quien le ha pedido al mandatario que diga quién ordenó la intervención en el hotel Las Américas y pese a que en el Gobierno nacional no tienen otra salida más que descalificar la noticia, deberían admitir que la justicia europea no sólo sigue pendiente del caso, sino que continuará avanzando hasta conseguir la aclaración total del caso.
La Eurocámara, que desde ya ha cuestionado la independencia de la justicia boliviana ha reclamado también una investigación imparcial que incluya a expertos internacionales sobre las muertes del ciudadano rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Dwyer Michael Martin y del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores a manos de la Policía.

viernes, 22 de noviembre de 2013

no es posible que el Gobierno no escuche el clamor por Justicia de miles de víctimas de la violencia


Ahora mismo continuando con la "vigilia más larga de la historia" primero tomaron Plaza Murillo de donde fueron desalojados mediante gases lanzados por policías indiferentes y ajenos al drama de tanto anciano, hombres y mujeres que sufrieron persecusión, encierro, exilio, durante las dictaduras militares de García Meza, de Bánzer, de Barrientos. existe la Ley2640 que el Gobierno y especialmente la Ministra de Justicia tendría que ejecutar.

Además de la Ley del 11 de marzo del 2004, sobre Resarcimiento a víctimas de la violencia polírica, y del DS 28015 de 22 de febrero del 2005, existen los innumerables reclamos y demandas formales de cientos, si acaso no miles de estas víctimas que además fueron engañados por el Gobierno de Evo Morales que creó una comisión que funciona bajo el alero de un viceministerio que no cumple, elaboró unas listas, convocó a los demandantes, que fueron obligados a llenar una serie de requisitos de los que el Viceministerio se burló.

Finalmente observaron las listas de los funcionarios encargados y contrataron varias decenas de abogados, obtuvieron recursos de la ayuda internacional que están allí, sin que la Ministra tenga la valentía de hacer valer el peso de la Ley, ahora que este Gobierno pregona de tener tantos ingresos que los dilapida de mil maneras, ante el escándalo internacional y nacional, pero no tiene el dinero, al parecer para ejecutar la Ley. De modo que las víctimas, poniendo en riesgo la poca salud que les resta, se lanzan en acciones temerarias para llamar la atención. POR DIOS, LICENCIADO MORALES ESCUCHE LA VOZ DE QUIENES HAN DEMOSTRADO MÁS PATRIOTISMO QUE USTED MISMO POR BOLIVIA!!!

martes, 19 de noviembre de 2013

LTD se ocupa de las FFAA que no deben estar excluidas de cumplir las Leyes ante la indiferencia de un Gobierno que hace cosa igual (corre el riesgo dice LT) hacen concesiones a los principios y sobrepasan todo límite

La mantención y reproducción del poder exigen, en muchas oportunidades, hacer concesiones a una serie de principios que, mientras no se los ejercía, eran parte constitutiva del discurso que a estos operadores los catapultó. Entre ellas, las relaciones con los estamentos armados del país, las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía.
Sin embargo, hay límites que sobrepasarlos no sólo tienen como costo perder legitimidad sino, lo que es tan peligroso, caminar por el sendero que puede conducir a que esos estamentos exijan ya totales concesiones, como ha ocurrido en muchos episodios de nuestra convulsionada historia. Más aún si el paso siguiente es la decisión de pasar de subordinados del poder civil a subordinarlo a éste.
Al parecer, el proceso que dirige el actual Gobierno tiene, entre otras, dos corrientes importantes. Una, de vocación autoritaria y otra, de una cercanía a proyectos “bonapartistas” vigentes en las décadas de los 60-70. Hasta ahora ha primado la actitud de ceder ante las demandas de esos sectores y, para peor, ir configurando una estructura de impunidad poco comprensible, particularmente para quienes vivieron los horrores de las dictaduras (de las que el grueso de las actuales autoridades se vio libre o, como sucede en algunos casos, fueron parte de esas estructuras).
Así, transcurridos casi ocho años de gestión ininterrumpida del Gobierno del MAS, no ha sido posible que los sucesivos mandos miliares respondan la demanda judicial y del Ministerio Público para dar con el paradero de los desparecidos durante las dictaduras militares, particularmente la de Luis García Meza Tejada (quien, por lo demás, pasa más tiempo de su detención en el hospital militar que en la cárcel de Chonchocoro).
Además, pese a las acciones de la justicia y del Defensor del Pueblo, el actual mando se resiste a dar explicaciones suficientes, lo que conduciría al debido procesamiento y sentencia de quienes resulten ser autores de la muerte, cuando no asesinato, de alrededor de 20 personas entre oficiales, conscriptos y personal civil de las FFAA. Ha llegado a tal grado la impotencia del Defensor del Pueblo que ha hecho una rogativa al Presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado para que sea esa instancia la que actúe para que se diluciden los crímenes y deje, de una buena vez por todas, de haber este tipo de casos dentro de la institución castrense.
La más reciente muestra de esta actitud que se reseña es la asumida por las autoridades militares sobre el último incidente en el TAM. Éstas han optado por no dar informaciones y se mantiene en el limbo legal –que es de esperar, según anuncio vicepresidencial, que pronto termine– a la Dirección General de Aeronáutica Civil, pese a que el TAM presta servicio comercial. Además, esta actitud, de acuerdo a algunos entendidos, puede poner en peligro la calificación internacional de nuestros aeropuertos.
Son, pues muchos, los casos en los que las autoridades militares se resisten a cumplir las normas vigentes, ante la aparente indiferencia de un Gobierno que, como se ha señalado, corre él mismo mucho riesgo al actuar de esa manera.

domingo, 17 de noviembre de 2013

ser o no ser, plantea El Dia. ser o no ser narco. ser o no ser informal. tenemos un Gobierno aliado con los cocaleros, los cooperativistas (que no pagan impuestos) los comerciantes y contrabandistas (que no pagan impuestos) y con una economía que acusó 25% de inflación en la parte alimentaria. aliado con los enemigos de la nacionalidad a costa de los ingresos por el gas y los minerales, hasta cuándo?

El Gobierno del MAS enfrenta duras contradicciones porque todo lo que hace es político. Las leyes, la economía, el medio ambiente, la salud, la educación no tienen importancia mientras no cumplan primero una función política, es decir si no es que le sirven para acumular poder, única prioridad que vale para los que toman las decisiones.

Uno de los principales dilemas gubernamentales es cómo ser un país cocalero sin convertirse en un “estado narco”. El Gobierno hace todos los esfuerzos para defender la coca, posicionarla a nivel internacional como un elemento cultural, medicinal e incluso alimenticio, pero nadie puede terminar de entender que aquello, que ha disparado en los últimos años los cultivos de la “hoja sagrada” deje de ser un elemento coadyuvante del crecimiento del narcotráfico y de la instalación en el país de peligrosas mafias internacionales que incrementan la violencia.

De tomar una decisión definitiva a favor de la ley, del sentido común y de la protección del país de este peligroso flagelo que amenaza al Estado y la democracia, el Gobierno pondría en riesgo un importante caudal político y a juzgar por las declaraciones de un dirigente cocalero, también un soporte económico. Hasta ahora a la administración Morales le ha resultado relativamente cómodo mantenerse en la nebulosa. No se sabe cuánto tiempo más podría durar esta situación.

El otro aspecto contradictorio del régimen es la producción. Cómo se puede conseguir el pleno abastecimiento, la soberanía alimentaria y el combate a la desnutrición (según la FAO es del 20 por ciento en los niños) si no hay la suficiente seguridad jurídica para los productores, sobre todo para quienes cultivan el 75 por ciento de los alimentos que consume el país. Se lanza el desafío de sembrar más, aumentar la inversión y ampliar la frontera agropecuaria, pero aumentan las restricciones y nadie mueve un dedo para frenar los avasallamientos de tierras y en todo caso, existe la presunción con suficientes evidencias de respaldo, que desde el Gobierno hay mucho más que tolerancia hacia las tomas ilegales. ¿Qué hacer? Nuevamente el oficialismo se arriesga políticamente en caso de inclinarse por la producción, pero al mismo tiempo, lleva al país al peligro de la escalada inflacionaria, como está ocurriendo últimamente, con un 25 por ciento en el rubro alimenticio.

¿Economía o política? Otra vez la encrucijada y la respuesta sigue siendo la misma. El problema es que mantenerse en campaña durante ocho años le ha costado al país más de 90 mil millones de dólares, cifra que recientemente admitió el ministro de Economía. Hace unos años se calculó que Bolivia necesitaba la mitad de ese dinero para superar las Metas del Milenio de la ONU sobre la pobreza, sin embargo apenas nos ufanamos de haber alcanzado unos puntos en la extrema pobreza. ¿Qué se hizo todo ese dinero? Se ha desaprovechado la mejor y tal vez la única oportunidad que tenía el país de alcanzar unos niveles de desarrollo dignos, que nos acerquen por lo menos a los logros de Chile o Perú, por citar dos ejemplos  cercanos.

Por último ¿ley o política? En un país donde más del 70% de la economía se mueve en la informalidad y el Gobierno ha hecho todo lo posible por hacer alianzas políticas con todos los sectores que no pagan impuestos, que se benefician de la debilidad del Estado y que negocian las normas y los principios de autoridad, es prácticamente imposible consolidar el aparato estatal que pretende conformar el MAS. En realidad todas estas contradicciones apuntan a su destrucción.
Uno de los principales dilemas gubernamentales es cómo ser un país cocalero sin convertirse en un “estado narco”. El Gobierno hace todos los esfuerzos para defender la coca, posicionarla a nivel internacional como un elemento cultural, medicinal e incluso alimenticio, pero nadie puede terminar de entender que aquello, que ha disparado en los últimos años los cultivos de la “hoja sagrada” deje de ser un elemento coadyuvante del crecimiento del narcotráfico.

jueves, 14 de noviembre de 2013


poder nefasto de la cocaína crea graves problemas
El Dia analiza lo que está sucediendo a nivel continental
Bolivia tiene que dar claras señales. El Dia. SC


con o en contra de la cocaína

Estudios especializados, expertos y organismos internacionales coinciden que América Latina se encuentra en un momento de quiebre en relación al problema del narcotráfico y en cualquier momento podría producirse la ruptura final que nos colocará en un punto de no retorno en cuanto a la violencia que pone en riesgo la vigencia de la democracia y el Estado.

Cada vez es mayor el número de ciudades prácticamente tomadas por las mafias de las drogas, como ha ocurrido con centros urbanos del norte de México y como sucedió con urbes colombianas en décadas pasadas. Río de Janeiro, San Pablo, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de Juárez, Santa Cruz de la Sierra, viven amenazadas por el accionar de poderosos grupos que de a poco van tomando posiciones que impiden a las autoridades reaccionar y retomar el control.

En Argentina se ha producido un urgente llamado a tomar decisiones drásticas contra el narcotráfico, luego de comprobarse de que en la década que el país ha estado bajo el control de la “dinastía Kirchner” ha habido una notoria permisividad frente a las bandas de narcos que han convertido al país en el tercer exportador de droga del mundo. Tanto la Iglesia Católica como la Corte Suprema han demandado en los últimos días mayor determinación de las autoridades ante la evidencia de que el gran negocio se ha instalado en la mayoría de las capitales argentinas, donde el nivel de asesinatos y otros crímenes se ha disparado. Obviamente, cuando insisten en actuar con mayor fuerza, apuntan hacia el control de la frontera con Bolivia.

Hace mucho que Brasil, el principal mercado de la droga en el continente y uno de los de mayor crecimiento en el planeta, está urgido de tomar determinaciones drásticas. La limpieza empezó desde que se conoció la sede del Mundial 2014 y las Olimpiadas del 2016, aunque el trabajo no ha sido nada fácil, no sólo por la reticencia de países vecinos, especialmente de Bolivia, sino también por la debilidad gubernamental que, al igual que en Argentina, parece sacar provecho de la indeterminación.

Pero la presión internacional se ha volcado sobre Brasil, de la mano de Estados Unidos, a través de un convenio que también incluye a Bolivia; por la vía de Europa, uno de los principales destinos de la droga que trafica por territorio brasileño y también por medio de la ONU, que está consolidando en el gigante sudamericano, la mayor unidad de lucha contra el narcotráfico del mundo.

El problema es que cuando llega el momento de actuar, el problema ha alcanzado dimensiones dantescas y las mafias lucen como grupos desafiantes, como ocurre con el Primer Comando Capital (PCC) organización delictiva con presencia en Bolivia, que acaba de amenazar al gobierno de Brasil con poner en ejecución un plan, bautizado “mundial del terror” que incluye múltiples atentados terroristas durante el campeonato de fútbol del año próximo. Y eso no parece ser una simple amenaza, pues en el 2012, el grupo perpetró una escalada de hechos violentos que causaron la muerte de 106 agentes policiales en San Pablo.

Obviamente, la presión también se ha instalado en Bolivia, donde los niveles de violencia todavía no son alarmantes, aunque sí tienden a incrementarse. Estamos llamados a actuar con fuerza, pero aún parecen persistir las dudas y las resistencias de los sectores involucrados, especialmente del Estado. ¿Tenemos tiempo para seguir con las dilaciones?
Cada vez es mayor el número de ciudades prácticamente tomadas por las mafias de las drogas, como ha ocurrido con centros urbanos del norte de México y como sucedió con urbes colombianas en décadas pasadas. 

miércoles, 13 de noviembre de 2013

motín policial

otro más. éste dirigido contra Aracena Comandante General
Gobierno maniobra muestra al líder como racista

sigue el amotinamiento por los DDHH de la tropa y otros temas


viernes, 8 de noviembre de 2013

Para Evo, para el MAS "qué pueden importar las vidas humanas, la seguridad de los viajeros y usuarios de los aeropuertos o la cantidad de dinero que se pueda derrochar en asuntos tan banales como ese grotesco monumento que ha despertado malestar en la opinión pública.

La gente no entiende cómo es que mientras el dolor estaba apoderado de los riberalteños conmovidos por el accidente aéreo del domingo, el Gobierno parecía estar en otra, inaugurando un monumento de tres metros de alto en honor al ex presidente venezolano Hugo Chávez.

La versión oficial que justifica semejante homenaje al denominado “Mussolini caribeño” que en realidad aparece con una pose hitleriana, es que Venezuela ha hecho grandes aportes a Riberalta. Aunque, lo llamativo, es que, esta ciudad ni siquiera tiene un hospital decente para atender a los heridos del accidente aéreo y el aeropuerto local es una verdadera lástima pese a que registra 700 vuelos al mes, muchos de los cuales corresponden a la ruta Riberalta-Caracas, sin escalas. En ese sentido, Riberalta es un lugar estratégico donde confluyen los intereses de dos gobiernos, algo que justifica plenamente la estatua, aunque no el despropósito y la insensibilidad de las autoridades, que pudieron, por lo menos, haber pospuesto la inauguración de la estatua.

Hay muchos otros temas que son difíciles de entender pero que al parecer son cruciales para el régimen gobernante. El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Vladimir Sánchez ha admitido que 26 aeropuertos del país no tienen ni siquiera un carro bombero para atender accidentes como el de Riberalta, que cobró la vida de ocho personas que se quemaron porque no había ni una manguera para apagar el incendio que se produjo luego del accidente del avión de Aerocon. El funcionario informó sin embargo, que en los últimos años se han invertido 260 millones de dólares en el rubro “aeropuertos”, aunque la mayor parte, es decir el 88 por ciento de esos recursos se han gastado en construir nuevas terminales, que lamentablemente no cuentan con sistemas de seguridad.

Sabemos que el aeropuerto de Oruro, al que muchos califican como un elefante blanco porque registra no más de tres o cuatro vuelos al día, le costó casi 20 millones de dólares y que la mayor parte del dinero del que habla el ministro se concentró en la ampliación de nueve terminales. Una de las más sorprendente es sin duda alguna, el aeropuerto de Chimoré, donde se han invertido alrededor de 35 millones de dólares para darle la categoría de internacional. La localidad chapareña tiene menos de 30 mil habitantes, frente a los casi 100 mil de Riberalta, pero nadie duda que la frecuencia de los vuelos será tal vez similar o mayor, aunque algunos digan después que se trata de “ vuelos de mosquitos”.

Y a pesar de que es difícil de entender, si uno analiza los principales acontecimientos del país como la avalancha de aeropuertos, que en realidad no son más que pistas; el caso del monumento, los sucesos de Apolo, el polémico y tan esperado informe de la hoja de coca y otros hechos que están en la cresta de la ola de la actualidad nacional, siempre se encuentra un mismo hilo conductor que responde a la principal estrategia gubernamental, la razón de ser de un régimen cocalero dominado por sus intereses sectoriales.

En este contexto qué pueden importar las vidas humanas, la seguridad de los viajeros y usuarios de los aeropuertos o la cantidad de dinero que se pueda derrochar en asuntos tan banales como ese grotesco monumento que ha despertado malestar en la opinión pública.
La versión oficial que justifica semejante homenaje al denominado “Mussolini caribeño” que en realidad aparece con una pose hitleriana, es que Venezuela ha hecho grandes aportes a Riberalta, aunque lo llamativo es que esta ciudad ni siquiera tiene un hospital decente para atender a los heridos del accidente aéreo y el aeropuerto local es una verdadera lástima

sábado, 2 de noviembre de 2013


brutal decisión de Evo. tercera elección

no se da cuenta acaso que viola la CPE, su propia promesa y el orden. Manfredo Kemppf

Sabemos todos que ha sido descarada la manera cómo el Gobierno decidió burlar la Constitución para lanzar a S.E. a la re-relección. El tercer período consecutivo está expresamente prohibido en la Carta Magna, sin embargo, sin mucha resistencia y con pocas protestas, los opositores han aceptado el atropello. 

“Si el MAS lo ha decidido así, si esa es su interpretación, qué podemos hacer”, parecería que ha sido la dócil actitud de la oposición.Lo cierto es que esto de la re-relección es lo que más debería importarnos a los bolivianos por las connotaciones que tiene. Simplemente se está haciendo la vista gorda a una violación constitucional que nos va a llevar a la dictadura. Ya lo anunció el MAS: quiere a S.E. en el poder por lo menos hasta 2025. 

Aquí no existe sorpresa alguna, S.E. ha puesto sus cartas sobre la mesa, descaradamente, mostrando un póquer de ases del mismo palo, es decir tramposo. Y con eso está echando en su bolsa todo lo que había apostado mucha gente decente que todavía tenía esperanzas en nuestra democracia.
Donde la democracia es débil –Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia – es posible que sus mandatarios armen su póquer fullero del mismo palo. 

En Colombia, Uribe, un gran presidente en una gran nación, se tentó por un tercer período, pero la democracia colombiana le dijo que no y él no insistió. Al parecer, los argentinos se lo han negado también a la señora Kirchner, el domingo pasado. En Bolivia, donde cunde la ignorancia, donde hay alfabetos que no entienden lo que leen, el terreno es fértil para la mentira. En vez de proteger el sistema de derecho, por malo que sea, la gente se babea con el satélite Tupac Katari y con grandiosos anuncios nucleares, y así S.E. aparece como un semidios insustituible.

Tiene absoluta razón Tuto Quiroga para recurrir a las instancias internacionales en defensa de este sistema político moribundo, porque internamente, con la justicia en manos del Ejecutivo, todo reclamo es vano. Y tiene razón Quiroga cuando afirma que los masistas se aferran al mando porque les espanta perderlo, debido a que saben lo que les espera si dejan el poder y con ello la manipulación de la justicia. Sus propios fiscales los condenarían sin clemencia. No obstante, la carrera electoral ya está lanzada con un caballo ganador de antemano. La oposición no tuvo más remedio que aceptar unas reglas de juego adversas y lamentablemente tendrá que olear y sacramentar un bluf.