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martes, 6 de agosto de 2013

diarios diversos reflejan los aspectos más controversiales del Censo Poblacioal. motivo de escándalo y de controversia. el propio EVO se desmiente y se contradice y muestra irregularidades en su desarrollo..

El presidente Evo Morales admitió que durante la jornada del Censo de Población y Vivienda en 2012 los alcaldes de algunos municipios acarrearon gente para que sean censada en poblaciones donde no vivían durante la encuesta. Lo dijo durante su mensaje a la nación por los 188 años de independencia de Bolivia.



Morales fue claro al indicar que durante la jornada del empadronamiento pobladores de Santa Cruz fueron censados en un municipios de Chuquisaca. “No sé si lamento decir o es bueno decirlo, un alcalde del departamento de Chuquisaca me decía -que está cerca a Santa Cruz- en mi municipio han llegado 18 buses para hacerse censar. Otro ejemplo, un orinoqueño (municipio donde nació Morales) se ha hecho censar en Orinoca y ni tenía casa”, afirmó Morales.
El mandatario agregó que en la ciudad de El Alto (La Paz) se instalaron carpas para hacerse censar (de gente que no habitaba en el lugar), mientras que alcaldes de provincias pusieron buses “gratis” para que sus ciudadanos fueron llevados a sus lugares de origen para ser censados. 
Agregó que la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, conocía del traslado de gente a otras regiones. “La compañera ministra de Planificación licenciada, Viviana Caro, me decía en la ciudad de El Alto hay más viviendas o patios que los habitantes. Yo no sé cómo podemos superar para el próximo censo pero se presentó esa situación”, afirmó la autoridad.
El presidente también señaló que los datos que él proporcionó al país a fines de enero pasado no eran válidos. “Que algunos medios se agarren de esos datos preliminares es el gran error”, aseguró a tiempo de señalar que no tiene ningún miedo si piden auditoría a las estadísticas del censo 2012.

domingo, 4 de agosto de 2013

con claridad meridiana Carlos Mesa, periodista y escritor se refiere a la Ley sobre Transparencia en la Información que hoy se quiere limitar otorgando a cualquier funcionario la calidad de censor de prensa, lo cual es una exageración, una violación a la libertad de información.

Desde que aprobamos en nuestro gobierno el decreto de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (27329 de 31 de enero de 2004), se han hecho importantes esfuerzos por colocar a Bolivia en el marco de la legislación internacional, que proclama que no se puede concebir una democracia plena sin el acceso libre de todos los ciudadanos a la información estatal.
El nuevo proyecto de ley presentado por el Ministerio de Transparencia busca, por lo menos en teoría, cerrar los vacíos aún existentes en la materia, pero cae en la tentación característica de modelos políticos que se niegan a convertir al Estado en lo que debe ser, una caja de cristal que todos podamos mirar sin filtros o paredes impenetrables.
El proyecto mezcla las consideraciones incuestionables y conceptualmente impecables, que están tomadas de tratados y convenios internacionales suscritos por el país y que lo obligan en esta materia, con un conjunto de restricciones que de hecho permiten a las entidades del Estado restringir legal y severamente el libre acceso a la información que el proyecto supuestamente garantiza.
Los artículos 42 y 43 son los candados que cierran las puertas de ese acceso libre, pues facultan a los cuatro órganos del Estado, a la Procuraduría General, a las Fueras Armadas y a la Policía, para calificar determinada información como reservada. En ellos se explica cuál es la información susceptible de ser categorizada como reservada y quién puede hacerlo. La máxima autoridad de una entidad pública (cualquiera, es decir todas) puede decidir a discreción que una determinada información es reservada. La base que les da ese poder y convierte en legal la prohibición de acceder a una información, es la siguiente: Considerar que determinada información afecta la seguridad o defensa del Estado, las acciones estratégicas sobre recursos naturales y van contra el interés público.
De ese modo centenares de servidores públicos son convertidos en censores. Esto en buen romance quiere decir que el Estado es juez y parte. Los principios internacionales sobre seguridad nacional establecen con claridad que el gobierno debe probar ante un órgano independiente que, en efecto, el acceso libre a una determinada información afecta a la seguridad del Estado. Lo contrario es la discrecionalidad y la arbitrariedad, que conduce a que cualquier órgano del Estado oculte información a título de estrategia o seguridad.
Se trata de una violación flagrante de la Constitución en un derecho fundamental de todos los ciudadanos. El artículo 21, numeral 6 de la CPE dice: “Las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva”. ¿Puede haber alguna duda sobre el alcance de este derecho?
Pero el proyecto se supera a sí mismo cuando restringe el acceso a la información sobre temas ambientales, pues vulnera el derecho de consulta que establece la CPE y el derecho de participación ciudadana en la gestión ambiental. No sólo hay una contradicción con la CPE, sino que muestra una filosofía contraria al “vivir bien” y a la consagración de la Pachamama como un eje clave en la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, que reivindica el actual Gobierno. Sin acceso libre a una información veraz sobre cuestiones ambientales en todos sus estadios y fases, es simplemente imposible cumplir las premisas constitucionales.
Mientras el proyecto contempla sanciones a los funcionarios que entreguen información que ha sido considerada como reservada, no las establece para aquellos que se nieguen a proporcionar información a los ciudadanos. Debiera considerar sanciones penales, civiles y administrativas, según la gravedad. Mencionemos a título de ejemplo la destrucción, alteración, obstrucción, interferencia u omisión que limita o impide definitivamente el acceso a la información estatal.
Nos parece claro que la contradicción esencial de este proyecto está en que unos pocos artículos destruyen su espíritu, lo que le hace perder gran parte de su razón de ser. Dejar en manos de un funcionario la capacidad para negar información a los ciudadanos, es matar el derecho que se pretende consagrar.
El concepto que debe primar en un caso como este es que el Estado legisla sobre un derecho, una garantía aceptada de manera inequívoca por la jurisprudencia internacional. Cuando esto ocurre es inaceptable que quien legisla recorte ese derecho para proteger al Estado, o para decirlo mejor, para proteger al gobierno.
El Estado es nuestro, nosotros somos el Estado y hemos elegido circunstancialmente a quienes lo administran a nuestro nombre. Para que quienes lo hacen no se conviertan en déspotas, hemos firmado un pacto llamado Constitución. No hay nada que pueda legislarse que esté fuera de ella y, peor aún, que esté contra ella.

El autor fue Presidente de la República