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sábado, 4 de enero de 2014

avasallamiento de tierras que no termina. ahora se apoderan de La Pascana, cuyo propietario Presidente de residentes brasileños. el Gobierno no actúa, es permisible con estos delitos que estan provocando inseguridad y ahuyentando inversiones.

En las horas de transición entre un año y otro, una banda de forajidos enmascarados asaltó la propiedad de Rogemar Cadore y se llevaron insumos agrícolas y equipos, además de dinero, por un valor de 300.000 dólares. El hecho se produce cuando en el departamento sigue sin definición clara la situación de las propiedades agrícolas ocupadas por ‘avasalladores’ que están demorando demasiado en desalojarlas.

El caso del asalto de la propiedad La Pascana podría pasar inadvertido, si no fuera que Cadore es el presidente de los residentes brasileños y es un empresario con muchos años de permanencia en el país.

Y está el detalle que de los más de 70 predios agrícolas asaltados por los tomatierras, por lo menos diez son de propiedad de ciudadanos brasileños.


Porque, en efecto, como lo saben muy pocos, las propiedades tomadas han sido elegidas por asaltantes que, extrañamente, cuentan con documentos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde constan pequeñas irregularidades o descuidos de los propietarios en el pago de impuestos o la regularización de sus derechos.

Muy pocos saben también que el INRA-Santa Cruz tiene una actitud muy extraña en estos casos: convoca reuniones de ‘conciliación’ a los propietarios y a los asaltantes, dando lugar a que estos últimos terminen siempre ganando algo.

En los casos en que los propietarios no quieren ceder ni dinero ni tierras, los tomatierras optan por permanecer, esperando que la otra parte ceda y acepte el chantaje.


Diplomáticos brasileños, mexicanos y argentinos han participado en las gestiones de los propietarios de tierras para que se les reconozcan sus derechos, pero de nada ha valido: las tierras siguen tomadas.


En este panorama, el vicepresidente del Estado invita a inversionistas extranjeros a venir a Bolivia, quizá sin estar enterado de los riesgos que corren todos los que se atrevieron a invertir en el país.


Pero el asalto a la propiedad de Cadore puede ser un mensaje, una advertencia, para que los empresarios extranjeros ya asentados en el país comiencen a preparar maletas.

Si las propiedades de los extranjeros están en peligro, además de muchos bolivianos, ¿qué se puede esperar del derecho a la propiedad del resto de los habitantes del país?

¿Es este el clima de seguridades jurídicas que ofrece Bolivia a los inversionistas? El Banco Mundial, en el estudio Doing Business, dijo que Bolivia es uno de los países menos aconsejables para invertir. ¿Es este el país que quieren los bolivianos?


Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero

jueves, 2 de enero de 2014

también OPINION se ocupa del 2014, pasa revisto a lo poco positivo del viejo, enumera problemas pendientes y reflexiona sobre ellos: la criminalidad, la corrupción, el narcotráfico y el contrabando y reclama que lo electoral no puede sustraernos de encontrar soluciones

El año 2013 se ha ido en el balance nacional con aspectos positivos y con asuntos pendientes que deben ser resueltos. Se ha dicho que el 2014 por cuya senda comenzamos a dar los primeros pasos, será para Bolivia, un año electoral cargado de las significaciones y características que implica precisamente un período, donde la atención nacional estará puesta en las elecciones a realizarse a finales de este año. Sin embargo, un año electoral no cubre ni puede cubrir los grandes problemas que han quedado pendientes, porque de la solución de los mismos, depende el porvenir del país, sea quien resulte ganador de las elecciones generales.

Si en el 2013 se han logrado avances positivos en la economía y se ha observado una bonanza económica, junto a la presencia espacial de Bolivia con su primer satélite, un hecho verdaderamente significativo, además de los avances en la industrialización de los hidrocarburos, en el trabajo vial en las carreteras del país, en la construcción de obras de beneficio rural y urbano y en una gestión que ha demostrado en cuanto a inversiones públicas, que no se durmió, quedan pendientes temas delicados porque devienen de una situación estructural.

Hay que anotar como uno de los primeros, la inseguridad ciudadana y la crisis en la justicia, dos asuntos que no han logrado ser subsanados porque en cuanto a la seguridad ciudadana, lo que se hizo es poco en relación a la magnitud del problema. Este año la gente espera que se adopten planes integrales que cuenten con los recursos necesarios para luchar contra la ola delictiva que tanto causa temor entre la ciudadanía, claro está con programas que reorganicen, para mejorar, los cuadros policiales del país. La justicia en crisis, hecho aceptado por altas autoridades de Gobierno, no avanza en nada y por el contrario pervive con los males consabidos, lo que debe motivar a realizar ya no solo ajustes a las reformas a partir de la elección de los magistrados, sino concepciones que transformen todo el ámbito judicial.

La corrupción es uno de los asuntos estructurales que aún sitúan al país en lugares criticables respecto a otros países, lo que debería motivar acciones más concretas respecto a una lucha que debe abarcar todo el estamento público administrativo y demostrar lo que se debe hacer para erradicar esta lacra que afecta al país, a su economía y que le quita el dinero al ciudadano de menos recursos económicos, y afecta en la optimización de recursos fiscales que bien pueden emplearse en obras públicas de beneficio colectivo.

Otros dos asuntos de gran preocupación, representan el narcotráfico y el contrabando, el primero que se desplaza con diferentes métodos y modalidades desde las zonas tradicionales para operar en los valles, en el altiplano y otras del país y que representa un peligro por el incremento del tráfico externo como por el consumo interno de droga, pese a los esfuerzos de la Policía especializada en combatirlo. El país debe al mismo tiempo lograr tecnología y logística para el control de las aeronaves que ingresan a territorio nacional desde el Perú y que tienden puentes aéreos, que afectan la soberanía nacional.

El contrabando sigue operando y destruyendo la economía formal y afectando los ingresos del Estado. A ello hay que sumar un estado de violencia en determinados grupos de la sociedad y los linchamientos. 

Un año electoral no puede distraer de estos problemas que son de fondo, para el país y la gente.

miércoles, 1 de enero de 2014

angurria por conservar el poder marcará el 2014. no se percibe el "tal cambio" el espejismo del doble aguinaldo, el satélite, el Dakar, acciones distractivas que frenan el descontento y el galopante freno a las libertades y derechos. El Dia, SC (algo más suave con la oposición)

Qué sentido tiene hacer una evaluación del año que termina, si la voz autorizada la tienen los cocaleros, quienes acaban de darle su nota de aprobación a la gestión gubernamental. Supuestamente ha sido un mal año para los productores de coca, a juzgar por las divulgaciones que hace el Gobierno de los datos de erradicación de cultivos excedentes, pero vaya uno a saber qué tipo de parámetros toman en cuenta a la hora de hacer sus balances. A lo mejor la liberación de Juan Cutipa, acusado del desvío ilegal de 45 toneladas de coca, ha sido un factor a destacar ya que se trata justamente de un funcionario reclutado de los sindicatos del Chapare.

Esto que parece una anécdota, sigue siendo el talón de Aquiles de la administración masista, que tras ocho años de ejercicio del poder, no ha conseguido estructurar un Gobierno que contemple a todos los bolivianos, abarcando la diversidad étnica, geográfica y regional, sin hacer distinciones odiosas que cada vez incomodan más, por el sectarismo y el revanchismo que llevan consigo.

El país se está preparando para enfrentar un 2014 marcado por una campaña electoral muy reñida, pues el oficialismo, más que su angurria por ganar, ha asumido el reto de incrementar o cuando menos mantener el peso político que le ha permitido en los últimos años dominar el pleno del poder republicano, al punto de llevar a Bolivia hacia un modelo autocrático que se traduce en abusos, atropellos y violaciones a los derechos de los sectores que no comulgan con las políticas y las decisiones del régimen.

¿Cuál será la estrategia para conseguir ese 70 por ciento con el que sueña el presidente Morales desde hace tanto tiempo? No cabe duda que en el pasado le ha resultado sencillo el truco “divide y reinarás”, pero a estas alturas, lamentablemente el país está demasiado aporreado por enfrentamientos y por odios inducidos, que apelar a la misma cantaleta sería un error. ¿Hasta dónde llega la amenaza de enterrar a los opositores? La gente ya no quiere un retorno a las trincheras, a los cercos y las barricadas que fueron artificialmente creados para apuntalar un poder que se ha ganado demasiados anticuerpos, hecho que ahora preocupa a los operadores del MAS que buscan cómo recuperar posiciones.

Acaba de surgir una conclusión a partir de las encuestas que expresa muy bien el sentir de una población que no ha percibido un verdadero cambio en el país y que el apoyo del que sigue gozando el oficialismo, está basado en la entrega de obras, en los regalos, en las dádivas y la repartija que permite la bonanza de ingresos económicos producto del auge de los precios de nuestras materias primas. En otras palabras, la política sigue siendo ese factor de trueque que la fragiliza ya que detrás del voto no hay confianza y menos convicción en la construcción de un futuro. Desde ese punto de vista, el Gobierno enfrenta un vaciamiento ideológico que trata de llenarlo con espejismos como el doble aguinaldo, el satélite, el Dakar y otras distracciones.

Si bien la oposición no goza de buena salud y hasta el momento no consiguen estructurar una propuesta alternativa con un perfil claro y sólido, existe todavía un voto duro que resulta contrario al Gobierno y que puede aflorar con fuerza en las elecciones. Esto también juega como un caldo de cultivo para un retorno a la “regionalización” de la política, algo que también promete agitación social. Por último hay que tomar en cuenta algunos pronósticos que han hecho organismos internacionales que ven en Bolivia serias amenazas de alteración de la paz social. Esperemos que los gobernantes no sean precisamente los que se conviertan en los detonantes de estos escenarios indeseables.