Vistas de página en total

viernes, 24 de julio de 2015

Erika afiló su texto adecuándolo a lo último sucedido en LP. atendamos a su lógico razonamiento "no es posible pedir racionalidad" lo cierto es que Potosí se hastió de tanto engaño, de una mentira tras otra...sin fin.


La movilización propiciada por el Comité Cívico de Potosí da cuenta de su tradicional vocación de lucha e interpelación al poder constituido. Sin prever la magnitud del problema, que coincide con el fin de la bonanza, el Gobierno apela a la receta de descalificar y dividir para reinar. Atiza el fuego y la bronca colectiva. Con menos recursos, le llegó el tiempo de lidiar con los rebeldes que honran su visión de entender la democracia y la política como un campo de lucha y confrontación permanente.
Poco ha cambiado el país. Persisten las formas y la manera de expresar y gestionar la conflictividad. Tras 10 años de proceso de cambio, persiste la ‘normalización’ e incluso la ‘exaltación’ del ritual de la protesta que difícilmente encuentra espacios institucionales legítimos para canalizar soluciones. ¿Cómo explicar la protesta a pocos meses de que Potosí ratificara su condición de bastión electoral de Evo Morales? ¿Se debe a la volatilidad del estado de ánimo y de las percepciones de la ciudadanía respecto al poder, combinada con la eficacia de grupos corporativos movilizados ante la inminente merma de la renta minera?
A estas alturas, no es posible pedir racionalidad a un conflicto que ha escalado y ampliado un pliego de demandas preñado de un sentimiento de frustración y despojo históricamente incubado. Las justas y urgentes peticiones relativas a la salud y a la integración caminera insatisfechas interpelan la eficacia y pertinencia de la inversión pública durante estos últimos 10 años. Tampoco resulta irracional reclamar la construcción de un aeropuerto internacional cuando Chapare celebra tener el suyo. El grito de Potosí federal resulta paradójico al esperarlo todo del nivel nacional y del presidente.
Persiste una lógica localista muy arraigada en el país, ostensible en tiempos de crisis. La idea de que cada departamento cuente con su fábrica de cemento, vidrios, etc., cierra el paso no solo a emprendimientos de desarrollo bidepartamentales o macrorregionales complementarios con visión de país, sino también al abordaje menos convencional de problemas limítrofes como el experimentado con Oruro.
El maximalismo del todo o nada es dominante. Lamentablemente, no se aprovechó la prosperidad para moderar el chip ‘extractivista’, rentista y de la demagógica venta de ilusiones. El conflicto anuncia una tregua que no disipa la amenaza de futuros nubarrones debido a acuerdos difíciles o imposibles de cumplir. Pese a ello, entre empates y nuevas promesas, se habrá sumado a la memoria histórica un nuevo capítulo de lucha, de heroica resistencia y de gloria.

jueves, 23 de julio de 2015

Erika sale en defensa de Potosí.la protesta y su ritual "se van a normalizar" sostiene la autora, cómo explicar que habiendo votado por Evo proteste contra Evo? no hay racionalidad. Si Chimoré tiene aeropuerto, porqué no tenerlo Potosí? y cemento, cada uno debe tener lo suyo. y el Silala? en qué ha quedado?

El prolongado conflicto gestado por el movimiento cívico de Potosí da cuenta de la tradicional vocación de lucha y capacidad de  interpelación de la sociedad al poder constituido en Bolivia. Sin  avizorar la magnitud del problema que comienza manifestarse a partir del fin del ciclo de la  bonanza, el Gobierno apela a la receta de descalificar y dividir para reinar. Se atiza en lugar de sofocar el fuego del conflicto.
Lo cierto es que muy poco ha cambiado en la manifestación de los conflictos y en la manera de gestionar los mismos.
Pareciera que luego de 10 años de proceso de cambio persistirá la  crónica  tendencia a la  “normalización” y incluso  “exaltación” del ritual de la protesta que difícilmente encuentra espacios institucionales legítimos para canalizar soluciones.
Con menos recursos,  le tocará al Gobierno lidiar con los rebeldes que honran su visión de entender la  democracia y la política como un campo de lucha y confrontación permanente y no como un campo de diálogo y concertación en el marco de lo posible y razonable.
¿Cómo explicar la protesta cuando hace poco Potosí ratificó su condición de  bastión electoral de Evo Morales y del “proceso de cambio”? ¿Se debe a la volatilidad tradicional del estado de ánimo y percepciones de la ciudadanía? O acaso, ¿a la eficacia de minorías y grupos corporativos movilizados ante la inminente merma de la renta minera?
A estas alturas no es posible pedirle racionalidad a una movilización que ha escalado al sumar el apoyo de mineros y sectores que complejizan un pliego de demandas arropado de consignas preñadas de un sentimiento de desesperanza y engaño históricamente incubado. Si bien las  peticiones en salud e integración caminera son legítimas, éstas interpelan la eficacia y pertinencia de la inversión pública  durante estos últimos 10 años. Por otra parte, no resulta irracional reclamar la construcción de un aeropuerto internacional cuando Chimoré celebra tener el suyo propio, Y es que el Gobierno carece de una  política nacional aeroportuaria racional en cuanto a “aeropuertos internacionales” se refiere.   
El grito de Potosí Federal está preñado de paradojas. Demandar la interlocución del Presidente que encarna el poder centralista y personalista y eclipsa la precaria institucionalidad resulta disonante; como lo es su visión renuente a la inversión privada y al esfuerzo propio, esperándolo todo del nivel nacional con proyectos de dudosa viabilidad técnica y financiera.
Hay una lógica  localista muy arraigada en el país ostensible  en tiempos de crisis. La idea de que cada departamento cuente con su fábrica de cemento y otras similares lo refleja; cierra el paso a emprendimientos de desarrollo bideparamentales o macroregionales complementarios. La resolución de conflictos limítrofes se traba ante la intransigencia y carencia de salidas alternativas. El emblemático Cerro Rico de Potosí, difícilmente se salvará del colapso de no limitarse las prerrogativas de sectores  mineros que lo explotan. La atención, aun cuando parcial, a la problemática de las “aguas del Silala” se desahució en su momento postergándose y condicionándose a la centenaria demanda y solución del diferendo marítimo.  
El maximalismo del todo o nada domina. No nos extrañe la inminente firma de un convenio que dé fin al conflicto con un rosario de puntos de difícil o imposible cumplimiento. Lamentablemente, ni el Gobierno ni la dirigencia de Potosí hicieron del tiempo de prosperidad una oportunidad de despojarse del “chip” extractivista y la venta demagógica de ilusiones. El conflicto anuncia una tregua que no disipa la amenaza de futuros nubarrones. Sin embargo, entre empates y nuevas promesas, se habrá  sumado a la memoria histórica, un nuevo capítulo de lucha, heroica resistencia y gloria.    
La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria.

viernes, 17 de julio de 2015

se trata de no cumplir la Ley 2640 del resarcimiento a las víctimas de la violencia política. Ley que a Evo simplemente le resbala, no desea cumplirla y le da vueltas al asunto y que manipula en perjuicio de quienes sufren de alguna manera las consecuencias de las dictaduras. 35 años después se pide públicamente cumplir con aquellos que hacen vigilia y otros abandonados a su suerte. hasta cuándo?

Han pasado 35 años desde que Victoria López fuera detenida en su casa, en la zona oeste de la ciudad de La Paz y llevada al Ministerio del Interior, donde permaneció tres meses y sufrió vejámenes inimaginables. “Ellos (los militares) se llevaron todos mis sueños, hasta el sueño de ser madre porque me provocaron el aborto de mi bebé de tres meses”, relató López, entre sollozos.

Hoy, como hace más de tres años, junto con otras víctimas, Victoria hace “vigilia” frente al Ministerio de Justicia, esperando, paradójicamente, que el Gobierno les haga “justicia”. De las personas que armaron carpas y pahuichis, 15 fallecieron en estos tres años y no recibieron ningún reconocimiento.

Testigos inexistentes


Las víctimas de las dictaduras se ampararon en la Ley 2640 y afirman que esta norma aglutinaba a 6.222 beneficiarios, pero el actual Gobierno creó la Ley 238 y modificó los requisitos para acceder al reconocimiento económico y les pidieron testigos de las torturas que sufrieron y certificados forenses imposibles de conseguir. Por esa razón los que accedieron a los beneficios fueron 1.180, mientras que otros 5.042 se quedaron sin nada.

Estudios
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, explicó que durante este periodo muchas personas se aprovecharon de estas normas, falsificaron documentos e intentaron acceder a los reconocimientos económicos que forjó el Gobierno en años anteriores.

Explicó que en la Asamblea Legislativa existe un anteproyecto de ley que intenta poner fin a todo este conflicto y que será conformada una “comisión de la verdad” para que se esclarezca no solo las muertes y torturas que sufrieron las personas, sino también establecer las rentas.

Asimismo, dijo que la búsqueda de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz no ha cesado y que se invitará a otros expertos para seguir buscando en la hacienda de la familia Banzer; también dijo que los familiares del militar ya fueron citados a declarar