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viernes, 19 de agosto de 2016

Los Tiempos llama la atención, hasta ahora son 30 casos de muerte dentro de los cuarteles. casos que no ha sido posible investigar puesto que a DDHH se le ha negado potestad de ver de cerca estas muertes. autoridades militares creen que negando su autoría y oscureciendo los hechos reales el asunto está superado. no hay tal los familiares persiguen JUSTICIA hasta conocer toda la verdad.



Son ya tantos los casos de muertes que se producen en los cuarteles militares, que urge revisar las normas vigentes y reconsiderar el rol de la institución castrense


Una vez más un centro de entrenamiento militar del Ejército nacional ha alcanzado notoriedad por el más ingrato de los motivos: la muerte de un joven boliviano. Esta vez ha sido José Nicolás Pardo Pinto, un soldado del Regimiento René Barrientos Ortuño, quien ha perdido la vida en misteriosas circunstancias.
El caso es sólo uno más que se suma a una ya muy larga serie de casos similares que han hecho de los cuarteles militares y policiales, y muy especialmente los dedicados a la formación de jóvenes, los principales escenarios de violación de los derechos humanos en nuestro país.
Las cifras al respecto son muy elocuentes. Según datos oficiales, desde el año 2006 ya suman más de 30 muertes ocurridas en recintos militares entre conscriptos, cadetes, oficiales, soldados de tropa y una enfermera. El fallecimiento del soldado Pardo Pinto es el tercero de los registrados en lo que va del año.

Tan alarmante como los datos estadísticos es que todos esos casos tienen un elemento en común. Es que los autores de las muertes no fueron identificados ni castigados, lo que indica que las autoridades jerárquicas de las instituciones armadas incurren con insistencia en el encubrimiento de sus camaradas. Así, a la gravedad que de por sí reviste cada uno de los más de 30 casos denunciados, se suma la aplicación sistemática de la impunidad.

El resultado final de tal situación es que hasta la fecha no ha concluido ninguno de los procesos iniciados, no ha habido ni un solo fallo que sancione los casos de violación de derechos humanos y las autoridades militares y policiales sistemáticamente se negaron, franca y abiertamente, a atender los requerimientos del Defensor del Pueblo para explicar las motivos de su actitud.
Cabe recordar al respecto que la Defensoría del Pueblo --cuando esa institución todavía era merecedora de ese rótulo-- pidió con insistencia el apoyo de otras instancias estatales para cumplir su misión a cabalidad, sin que tales requerimientos hubieran sido alguna vez atendidos. Pese a ello, se llegó a establecer que de casi mil casos de violencia cuartelaria denunciados, 28 llegaron a causar la muerte de las víctimas a causa del excesivo rigor de los ejercicios de entrenamiento y de la dureza de los castigos impuestos, que en muchos casos llegaron hasta la tortura, entre otras causas que jamás llegaron a ser establecidas con precisión.

Otro elemento que los casos señalados tienen en común es la desigual batalla legal librada entre los familiares que buscan justicia y quienes se empeñan en encubrir a los autores y defender la vigencia de tan violentas prácticas en los cuarteles de Bolivia.
Los informes que en reiteradas ocasiones presentó el anterior Defensor del Pueblo son de lo más reveladores sobre la real magnitud de un problema que ya no puede ser minimizado. Y aunque ahora, cuando esa institución ha sido reducida a la condición de apéndice sumiso del Gobierno central, no es mucho lo que se puede esperar de sus gestiones, no hay que dejar de insistir que es precisamente para atender este tipo de casos que esa institución fue concebida. Es de esperar que con tan penoso motivo se ponga a la altura de su misión.

domingo, 7 de agosto de 2016

resulta que García Linera "sofista como es" pretende desfigurar los hechos y minimizar la corrupción. Carlos Valverde, con claros ejemplos desbarata el intento vicepresidencial y pone las cosas en su sitio.

¡¡¡Mirá vos!!! el vicepresidente García aseguró en No mentirás: “En Bolivia han desaparecido los casos de megacorrupción de presidentes que se llevaban a sus casas 20 millones de dólares al año de los gastos reservados, eso desapareció”. Es cínico esto de creer que solo vendría a ser corrupción lo que “se llevaban los presidentes” (los del pasado) como si el asunto fuera: Evo vs. los otros, cuando da la impresión de que, si se le pide a don Evo que explique el incremento de su patrimonio personal o que rinda cuentas sobre su estilo de vida y los gastos tan variados, nos encontraremos con que probablemente no sea capaz de explicarlo.

Sobre “los que se fueron”, para seguir la lógica del vicepresidente, recuerdo que hace 10 años que el MAS está en el Gobierno manejando el país como si fuera de ellos, con los poderes constitucionales sometidos al poder político y nunca iniciaron una investigación seria acerca de “cuánto se llevaron los presidentes anteriores”, de manera que no es posible de comparar la impresión personal “con nada”. Estigmatizar a los expresidentes con el “dicen que se llevó hasta el agua de los floreros” no aporta a nada, sin que ello signifique que, personalmente, crea que los que se fueron sean impolutos, pero, ante la falta de acción desde el Estado, supongo que habrá que esperar que se los investigue.

Lo grave de esto es la vaciedad del análisis porque asegurar que “todavía tenemos las microcorrupciones y nos erosiona moralmente”, como si los sobreprecios (planta separadora de Río Grande -con muerto incluido-, Fondioc, barcazas chinas, motores TAM) o la inutilidad de las mismas (San Buenaventura, Bulo Bulo, Enatex, Papelbol, Aeropuerto Chimoré, Mutún) o las que juntan sobreprecio y mala calidad (carreteras y puentes) fueran un asunto de ‘erosión moral’ y no daño al Estado, y no sumaran grandes cantidades de dinero. Esto no es un asunto ‘de daño moral’, eso es corrupción, de manera que, aun suponiendo que el presidente Morales no participe de los mismos, queda claro que su investidura lo hace responsable de la gestión y de los hechos de corrupción que son imputados al Gobierno. Consecuentemente, no se puede hablar de corrupción como si la misma fuera un asunto de ‘erosiones morales’ o de monedas que cayeron al pasar.

Relacionarse políticamente con la Justicia, la Contraloría, la Policía, la Fiscalía General del Estado, no como si fueran instituciones del Estado sino ‘apéndices del poder Ejecutivo’, es también corromper la estructura del Estado y creo que está más que claro que esto no hace más que desmejorar la calidad de la Institucionalidad democrática