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domingo, 13 de agosto de 2017

moderación y cautela se advierte en El Deber cuando trata los textos de Evo en el "twitter" sobre Venezuela y Corea. en efecto al Jefe de Estado, se le está yendo la mano y está escarbando en terreno explosivo muy peligroso para la seguridad y la imagen de Bolivia. está en "una escalada nada conveniente" sometiendo al Estado a un callejón sin salida. Cuidado!


Una escalada nada conveniente


Los mensajes por “twitter” no son ni patrimonio ni monopolio de Evo Morales; muchas personalidades usan ese sistema de mensajes breves de la red informática para emitir opiniones, a veces controversiales. El propio Donald Trump ha mandado “twitteos” que en su momento causaron molestias o estupor. Claro que ni el presidente de EEUU ni otros líderes mundiales “twittean” con la frecuencia -prácticamente diaria- del mandatario boliviano. Ya son conocidos sus reiterativos juicios de valor lanzados por ese medio. Hace poco llamó “loco” al Secretario General de la OEA Luis Almagro y acusó nuevamente a EEUU de promover intervenciones militares para “saquear los recursos naturales”, además de insistir en que la sanción a Venezuela “es una intromisión” que precederá una “intervención para adueñarse de su petróleo”. 

Ahora nuevamente le ha tocado el turno a Trump y a su país, esta vez con motivo de la crisis en curso entre Washington y el gobierno de Corea del Norte que preside Kim Jong-un. Tras los usuales ataques al “imperio”, el mandatario boliviano calificó las advertencias de Trump al dictador norcoreano como una “afrenta a la humanidad”. En algunos círculos foráneos su twitteo se ha interpretado como un llamado a la paz y en otros, como un respaldo implícito al régimen de Piongyang.

A este nuevo embrollo se han sumado las expresiones vertidas a una agencia noticiosa por el actual jefe interino de la diplomacia estadounidense en Bolivia, Peter Brennan. Allí comenta que los apoyos de Morales a Nicolás Maduro y sus habituales expresiones contra los Estados Unidos, forman parte de una retórica que “no ayuda” para restablecer las relaciones diplomáticas en el nivel de embajadores, truncas desde 2008. Agregó Brennan que urge restablecer la confianza entre los gobiernos para llevar las relaciones al más alto nivel.

Los comentarios del encargado de negocios a.i. han provocado desagrado entre las autoridades nacionales del ramo y se le ha pedido que se “retracte”. El proceso está en curso, ojalá no llegue a mayores, tal cosa no es conveniente para ninguna de las partes. Firmeza en la defensa de lo propio sí, demagogia no. El interés nacional tiene supremacía; en función del mismo deberá manejarse el proceso con serenidad. Una gran asimetría en términos de poder nos conduce hacia la moderación sin perder la dignidad. El que abre puertas también tiene capacidad de cerrarlas. Es el caso de la superpotencia, guste o no. Mejor desarticular la escalada antes de llegar a situaciones irreversibles, más negativas para nosotros que para la contraparte 

lunes, 17 de julio de 2017

yo mismo ya les perdoné, les habrá perdonado Dios? García Meza y Arce Gómez son autores de mi detención, de mi total incomunicación y exilio a Buenos Aires. el destino de mi existencia cambió porque como periodista independiente fuí crítico al Golpe, al Gobierno Militar, al abusivo poder de estos tiranos.



La enfermedad condena a los golpistas de última dictadura militar



sábado, 8 de julio de 2017

se preocupa El Deber por lo que llama "la pantomima judicial" una serie de maniobras del oficialismo no para mejorar los procedimientos judiciales con mejores operadores, sino para retener el control con criterio político partidista y sujetar "lo judicial" al masismo. nos da ED pautas imborrables.


Pantomima judicial


La crisis de la justicia, que en Bolivia es de todos los tiempos, se ha convertido en una de las principales debilidades del Gobierno de Evo Morales y parecen esterilizarse los esfuerzos por encontrar la salida del atolladero. El bullado caso del ciudadano Reynaldo Ramírez, encarcelado en Palmasola dos años y medio tras ser condenado a 30 años de presidio por un delito que no cometió, refleja, en parte, cómo están las cosas en tan medular problema. Bajo el régimen masista, el sistema judicial soporta el mayor desprestigio de su historia por la falta de respeto a la separación de poderes, la abierta intervención política en los procesos judiciales, el prebendalismo y la corrupción.

Es por eso que buena parte del capital político de Morales estará en juego en los comicios de diciembre previstos para la reforma judicial. Sin embargo, el proceso selectivo de los postulantes a la magistratura llega a su fin en medio de duros cuestionamientos que ponen en duda su confiabilidad y transparencia. Últimamente, 74 de los 95 postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental aprobaron 'exámenes simples' que les permitieron elevar la calificación de sus méritos para la elección judicial que se avecina.

La oposición ha criticado el cuestionario elaborado por 'delegados académicos' porque el tipo de preguntas no era el más apropiado para aspirantes a la judicatura. Una de las interrogantes ofrecía al candidato hasta cuatro opciones de respuesta sobre la actitud que un abogado debía asumir frente a un eventual golpe de Estado entre 'ser contemplativo, rechazarlo, colaborar o favorecerlo'. Con este tipo de preguntas de obvias respuestas, el examen podría haberlo resuelto, sin mucho esfuerzo, un postulante a primer año en la universidad. El exdefensor del pueblo y rector de la UMSA, Waldo Albarracín, descalificó la preselección judicial y dijo que alejarse del proceso fue la mejor decisión tomada por esa casa de estudios superiores. 

En octubre de 2011, la elección de las autoridades judiciales por el voto popular fue presentada como la “democratización de la democracia y el principio de transformación de la justicia para que esta se deba al pueblo”. Sin embargo, los votos nulos y blancos alcanzaron el 60%, dato revelador para interpretar el rechazo ciudadano contra un proceso fallido que, sin la lección aprendida, puede volver a convertirse, como en este caso, en una pantomima judicial. El cambio real de la justicia en Bolivia no será posible si no es respetada su independencia como poder constitucional y sin que sus máximos operadores sean elegidos y reconocidos únicamente por sus méritos y su idoneidad. 

martes, 20 de junio de 2017

un razonamiento diríamos "con bemoles" que tiene asidero en la historia reciente, y que explica traiciones y "punaladas en la espalda" vale la pena reflexionarlo y aplicarlo a cada caso. de la pluma de Iván Arias


La oposición y los quintacolumnistas


Ningún movimiento se hace poder sin que tenga sus avanzadas en los sectores de intelectuales que legitiman el orden reinante. En Bolivia, el neoliberalismo cayó precisamente porque los movimientos emergentes afiliaron a sus columnas intelectuales del neoliberalismo. Quintacolumnistas que se prestaron, ya sea vía la filtración de información o de posiciones abiertamente críticas, a socavar las bases morales y de credibilidad del neoliberalismo. Sin el apoyo, consciente y oportunista, de estos quintacolumnistas dentro de las fauces del neoliberalismo, la derrota del sistema hubiese sido más difícil  y hubiese tomado tiempo. 
 
 Los ejemplos de quintacolumnistas entre los años 2000 al 2006 son cuantiosos. De grandes defensores del neoliberalismo pasaron a convertirse en sus principales detractores. Los que se rajaban por sacarse fotos con los poderosos neoliberales, cuando los emergentes crecían, hacían todas las acciones de lavandina,  imaginables e inimaginables para blanquear su pasado.
 
 El gran dilema de la oposición boliviana, después de 11 años de régimen azul, es que no cuenta con quintacolumnas en el seno del poder masista. Los que podían jugar ese rol optaron, después de cinco años o más de estar con la mieles del poder,  por salirse y son ahora férreos opositores. Muchos se salieron al aceptar su equivocación al haber creído ingenuamente que con el MAS habría un proceso de profundización de la democracia. "No es por esto -dicen- por lo que apoyamos”. "Esto es ya una dictadura”, sentencian. Otra buena parte se ha salido porque los espacios de poder a los que aspiraban se les cerraron o porque sus padrinos entraron en desgracia.
 
 En Bolivia es llamativo, a más de una decena de años de un gobierno que ha demostrado estar en contra de los vientos de la historia y de sólo pretender el poder absoluto, que gente que figuraba y que aún se presenta como opositora haga, en la práctica, todo lo posible para congraciarse con el régimen. Sus argumentos son variopintos: no podemos ser radicales; este Gobierno ha cambiado la historia; después del MAS no hay nada; la oposición no tiene propuesta; la oposición no tiene gente joven; no es Evo el malo, es su entorno.
 
La sinvergüenzura, desconcierto ideológico lo llamarían los clásicos, de decenas de intelectuales es uno de los abonos que le da aún vida al régimen y es la principal causa de la debilidad de la oposición. Los quintacolumnistas del régimen, al interior de la oposición, son las termitas que destruyen las probabilidades de resistencia ordenada y coordinada. Las termitas (quintacolumintas) del régimen, actuando en el seno de la oposición, son aún el mayor logro del gobierno del MAS.  Por eso tenemos  una buena  parte de la oposición  y, a pesar de sus vociferadas contra el poder, buscando, no en socavar al régimen, sino en cómo pactar con él.
 
 La Enciclopedia de la política de Rodrigo Borja  (2012) explica que se usa esta expresión para significar la presencia de un elemento que conspira internamente contra la estabilidad o la seguridad de un proyecto político. Se trata de un boicot  interior que opera al servicio de los designios de fuera. 
 
 Según Borja, el origen de la expresión se atribuye al general Emilio Mola (1887-1937), uno de los líderes del  "alzamiento”  del año 36 contra la república española, quien, como jefe de los ejércitos fascistas del norte en la guerra civil, avanzaba a la conquista de Madrid con cuatro columnas y, al contestar la pregunta de un periodista sobre con cuál de ellas tomará la ciudad, contestó: "Con la  quinta columna”,  en referencia a los complotados fascistas al interior de Madrid. Con esos quintacolumnistas se iniciaron los 36 años de la sangrienta dictadura teocrática franquista, con el apoyo del  nazismo  de Hitler y del  fascismo  de Mussolini.
 
 En la historia reciente, Mario Vargas Llosa, en su referencia al triunfo de las primaveras árabes, señala que la quinta columna islamista puso en claro que mientras ella exista ningún régimen de legalidad y libertad sería estable, y duradero en los países árabes. Vargas relata el caso de Egipto como trágico: "Las masas que se volcaron a condenar la dictadura castrense de Mubarak triunfaron, después de que centenares de jóvenes ofrendaran su vida en las protestas y otros miles fueran a la cárcel. El país celebró, por primera vez en su historia milenaria, unas elecciones libres. En lugar de construir la democracia, el nuevo mandatario y sus colaboradores se dedicaron a impedirla, siguiendo, de hecho, las consignas de la quinta columna, es decir, del islamismo más intolerante y radical” (2013).
 
Los  quintacolumnistas del régimen, al interior de la oposición, son las termitas que destruyen las probabilidades de resistencia. 
 
Ivan Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia.

domingo, 4 de junio de 2017

padecemos una "grave patología no cumplir la Ley ni menos los acuerdos entre sectores" afirma el historiador Carlos Mesa a la luz de los hechos y el conflicto Estado cuerpo médico que no termina. la discusión está en un punto muerto.


El infierno cotidiano


Es evidente que en Bolivia padecemos una grave patología social referida al incumplimiento sistemático de la ley y el dramático desborde de los grupos organizados. El infierno y la tortura cotidiana los sufren –como siempre– los ciudadanos correctos, los que cumplen las normas, trabajan para vivir y buscan algo tan elemental como una vida digna en la que se respeten su derecho a buscar la felicidad
La huelga y la protesta individual o colectiva expresada públicamente son derechos consagrados por la Constitución. No sólo eso, las grandes movilizaciones populares y los dramáticos choques entre sociedad y Estado han sido en muchos momentos de nuestra historia catalizadores de grandes transformaciones que han permitido avanzar a nuestra sociedad.

Sin embargo, el límite entre el derecho propio y la vulneración del derecho ajeno ha sido pasado por alto de modo sistemático en lo que se ha convertido en una forma perversa de resolver problemas o —muchas veces— de generarlos hasta convertir los espacios públicos en un verdadero infierno. No es necesario decir que el 90 por ciento de los conflictos generados por estas acciones los sufre la sede de Gobierno (La Paz-El Alto) que comienza a atravesar nuevamente una grave crisis. La urbe vive una importante transformación demográfica (provocada por la dinámica de movilidad de unos espacios a otros de la ciudad a partir del “boom” de la construcción), la multiplicación geométrica del parque vehicular y una infraestructura urbana completamente desbordada. A estos elementos, de hecho muy complejos, se suma el incremento cíclico de las tensiones sociales que han hecho de La Paz una tierra de nadie, en la que quienes protestan se creen dueños de la ciudad y quienes deben garantizar el orden actúan en función de las calculadas órdenes del poder político según sus intereses.

En este escenario, de modo muy sugerente el Defensor del Pueblo ha presentado una acción popular contra el paro de los médicos, argumentando que afecta el derecho a la salud. La situación vivida por los discapacitados hace algún tiempo, que fueron reprimidos sin contemplaciones y llevaron al Gobierno a convertir la Plaza Murillo en una jaula, no motivó a la Defensoría ninguna acción popular contra el Gobierno por el trato vejatorio y abusivo de las fuerzas del orden contra los manifestantes… lo que plantea la pregunta en torno a si las razones que impulsan a este funcionario son neutras o si, por el contrario, tienen color. Si seguimos la actual lógica del Defensor, el paso siguiente es una acción popular contra los maestros y otra contra los choferes y así hasta el infinito, porque cualquier paro de cualquier sector atenta contra los derechos de los demás (educación, libre locomoción, etc.).

A su vez, la huelga y la protesta no pueden en ningún caso atentar contra las garantías que les da la Constitución a los ciudadanos. Una movilización, por ejemplo, no puede impedir la libre circulación de vehículos y de personas ni en una ciudad ni en una carretera, porque obviamente esas acciones limitan no sólo la locomoción de las personas, sino el abastecimiento de alimentos y combustible a pueblos y ciudades. No digamos ya cuando además se cometen delitos flagrantes como la destrucción de propiedad privada o la violencia física contra personas (los insólitos chicotazos para mencionar las acciones más extravagantes de algunas movilizaciones).

Estamos, aparentemente, en un punto muerto en el que los derechos consagrados por la Constitución (la legitimidad de la huelga y el derecho a la salud) están en colisión. Si viviéramos en una sociedad organizada y respetuosa de las normas no habría tal contradicción. Ambos son compatibles sobre el presupuesto de que antes de la huelga hay un procedimiento de negociación y conciliación que debe cumplirse, pero que, obviamente, no sólo no se cumple sino que casi nunca se intenta cumplir. Tanto el Gobierno como los grupos organizados parten de la premisa de que el escenario de la negociación está siempre condicionado por la negativa sistemática del Ejecutivo a escuchar y la estrategia sistemática de los afectados a tomar las calles. Las famosas “medidas de presión”, los “cuartos intermedios” y todo el ritual del caos, no surgen por acaso, son formas institucionalizadas de —burlando siempre la ley— confrontar de manera perversa al Gobierno con las minorías eficientes que de hecho son dueñas de hacer lo que les parece conveniente con el espacio y los derechos de todos. La ironía es que quien logró la mayor sofisticación y contundencia en este tipo de acciones fue el Primer Mandatario cuando era líder sindical y político y cuando estaba en la oposición.

Igual que cuando se trata de la vulneración de derechos humanos sagrados como la vida, estamos atrapados en la insólita calificación de muertes de “derechistas” y muertes de “izquierdistas”. Si quien reprime y mata es un Gobierno “revolucionario” defiende una causa justa, si quien los hace es “reaccionario o vende patria” es un genocida.

Es evidente que en Bolivia padecemos una grave patología social referida al incumplimiento sistemático de la ley y el dramático desborde de los grupos organizados. El infierno y la tortura cotidiana los sufren —como siempre— los ciudadanos correctos, los que cumplen las normas, trabajan para vivir y buscan algo tan elemental como una vida digna en la que se respete su derecho a buscar la felicidad.

 Carlos Mesa
El autor fue Presidente de la República.
http://carlosdmesa.com/

Twitter: @carlosdmesag

miércoles, 31 de mayo de 2017

con vigorosa energía Gastón Cornejo se rebela y plantea desde la ética más elemental consideraciones sobre "el acto médico" que los autores del Reglamento de Control del Sistema Nacional de Salud" no tomaron en cuenta porque se trata de una indigna, penalizadora y estúpida reclamentación.


EL SAGRADO ACTO MÉDICO ANTE EL ZARPAZO POLÍTICO

Para los profanos en medicina emito respetuosamente algunas premisas fundamentales. La medicina ha sido, es y será siempre un apostolado de bien, una entrega total al servicio del ser humano universal. La Superintendencia que pretende aprobar el gobierno boliviano es absolutamente inaceptable.

 El “Acto médico” es un proceso de alta complejidad científica, tecnológica, jurídica, humanista, ética, social y antropológica. Para su  vigencia se requieren conocimientos de vanguardia asumidos por profesionales en continua formación. Su práctica responde a protocolos basados en evidencias y en métodos científicos. (Situación totalmente ausente en la medicina tradicional). Requiere de equipamientos y medios diagnósticos precisos; de terapéuticas que van desde el simple consejo a la más alta elaboración profesional. Conlleva la humanización absoluta de los prestadores de salud que priorizan la dignidad del ser humano sobre toda consideración comercial.

Para que el “Acto Médico” sea eficiente debe ser realizado dentro de una organización nacional descollante en honestidad, compromiso, responsabilidad y sobre todo de eficiencia, capacidad e idoneidad; principios evaluados por salubristas y administradores responsables, libres de toda contaminación política partidaria.

Esa organización sin inscripción partidaria se llamará Servicio Nacional de Salud, SNS, a cuyo cargo estará la responsabilidad de la fiscalización y el control de toda la problemática. Institución autónoma, relacionada con otros entes gestores de salud como las universidades y el Colegio Médico Nacional (Libres a su vez de la injerencia política partidaria y redimida de ministros improvisados, arbitrarios y además ignaros).

Tal sistema existió en Chile y Uruguay antes de la comercialización contemporánea, en la que el rol del gobierno se limitaba al correcto financiamiento y el respeto a los criterios técnicos y la meritocracia.

 

A la luz de todos los ripios del poder político descubiertos diariamente (prepotencia, nepotismo, corrupción, incapacidad) es preciso organizar revolucionariamente este SNS técnico, autónomo y apolítico que permita cumplir con la CPE.

El “Reglamento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud” es un zarpazo político partidario rebatible en todos sus articulados. Es una ofensa a la sacralidad del “Acto Médico”,  a la honorabilidad de los profesionales de la salud y al pueblo en su dignidad. So pretexto de proteger derechos, penaliza el acto médico e interviene partidariamente en todos los servicios, públicos y privados; además, crea una burocracia política de zánganos en favor de intereses deshonestos.

Primero la Ley de Salud antes que decretos absurdos. Una sola medida puede reemplazar los ampulosos 22 artículos contrarios a la CPE y al respeto ciudadano, es crear mediante ley “Los Comités de Bioética institucionales” donde la participación ciudadana y el control social previenen la mala práctica y la judicialización.

Los proyectistas de esta indigna, penalizadora y estúpida reglamentación debieran cursar algunos estudios elementales de Bioética.  Más bien, importa crear una Superintendencia de Ministerios para fiscalizar y controlar el “Acto Político” para evitar la mala práctica y la corrupción.

 

Gastón Cornejo Bascopé

Ex Senador de Bolivia

Cochabamba 27 de mayo de 2017

 

lunes, 29 de mayo de 2017

Santa Cruz como región pone en marcha su artillería político mediática para lograr la destitución y la sanción de la Ministra de Comunicación que ha dado margen a ciertas actitudes rasistas como lo sucedido en El Alto.


Demócratas piden destituir y sancionar a ministra de Comunicación


La bancada parlamentaria del Movimiento Demócrata Social informó este lunes que activaron tres acciones para destituir, procesar y sancionar a la ministra de Comunicación, Gísela López, por afiches lanzados la semana pasada por esa cartera del Estado con ocasión del Día de Lucha contra el Racismo.

El senador Carlos Pablo Klinsky indicó que ya se envió una carta al presidente Evo Morales pidiendo la destitución de López, al considerar que ella es responsable de las publicaciones de su ministerio.
Añadió que se pidió el informe escrito al Ministerio de Comunicación en donde piden que informe sobre los responsables de la elaboración del polémico afiche.

De acuerdo con un comunicado de Demócratas, también se ha presentado una denuncia al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, con el propósito de que esta autoridad pueda ser parte de una acción penal contra la ministra López y contra todos los que resultaren autores intelectuales y materiales de este acto de discriminación.

“Están todos los elementos para que esta denuncia proceda a ser investigada y denunciada por el viceministro, toda vez que la propia ministra de Comunicación ha admitido su responsabilidad y culpabilidad por haber publicado estos afiches racistas en la página oficial de ese ministerio, afiches que dañan la imagen de una región”, agregó el senador Klinsky.

Finalmente, el legislador de oposición señaló que la bancada de Demócratas fiscalizará que el proceso contra López sea iniciado de manera inmediata por el viceministro Cárdenas, ya que de no hacerlo se estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes.
Al respecto la ministra de Comunicación, Gísela López, señaló que ante cualquier proceso instaurado en su contra ella se someterá a las investigaciones y destacó su trabajo por la lucha contra el racismo.

"Yo no tendría por qué rehusarme a una investigación, soy una servidora pública y existen normas y leyes en este país, yo no tengo ningún comentario al respecto, ellos están en un rol netamente político. Siempre fui una persona identificada con el tema de los derechos humanos y la lucha contra el racismo", explicó López.

Dos afiches elaborados por el Ministerio de Comunicación y que circularon por las redes sociales con ocasión del Día Nacional de Lucha Contra el Racismo y la Discriminación causaron polémica en Santa Cruz. El primero muestra a una mujer con una blusa con los colores verde y blanco agrediendo a una señora de pollera. El otro dice: Por colla te pasa esto, y se ve a un hombre con sombrero de saó y camisa blanca.