Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia. Por las características del blog, este acontecimiento va resumido con un punto de vista periodístico. El vicepresidente Alvaro García advirtió ayer que el gobierno frenará con ''la policía y las fuerzas armadas'' cualquier intento de desacatar al decreto que prohibe la exportación de aceites comestibles, ante el rechazo generalizado a la medida por parte de los empresarios de Santa Cruz.
La empresa privada del departamento de Santa Cruz había anunciado poco antes que emprendería diversas acciones contra el decreto del presidente Evo Morales, y señalado que la decisión del gobierno rompe cualquier posibilidad de diálogo de la región, bastión opositor, con el Ejecutivo.
Pero García en una rueda de prensa en la propia capital cruceña, advirtió que ''la policía y las fuerzas armadas harán cumplir el decreto'', al señalar que la prohibición ``es una medida de defensa del consumidor contra un abuso empresarial de carácter estrictamente político''.
Santa Cruz, el departamento más rico de Bolivia, es el principal productor de alimentos del país y el único de aceites. Sus dirigentes políticos y empresariales acusan al gobierno de intentar destruir al aparato productivo de la región por esa causa.
Un comunicado de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz señala que los empresarios de esa región pedirán a su prefectura (gobernación) medidas que en los hechos podrían implicar desacatar el decreto, pues entre ellas se contempla el pedido de que ``aliente... las exportaciones''.
La decisión del gobierno llega en momentos en que la Iglesia Católica, a instancias de ambas partes, intenta facilitar el inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición, encabezada por los dirigentes de Santa Cruz y el partido Podemos.
El presidente de Cainco, Eduardo Paz, señaló que la decisión del gobierno es un ataque directo a Santa Cruz, donde 300,000 personas trabajan el sector agropecuario, y que en esas condiciones no hay posibilidades de establecer ningún diálogo.
Indicó que los empresarios están unidos a su prefectura (gobernación), que ha convocado para el 4 de mayo a un referéndum para darse su estatuto autonómico y tomar distancia de la administración de Morales, quien considera al llamado como ``ilegal y separatista''.
Los empresarios sostienen que el mercado nacional siempre estuvo garantizado pues sólo representa 10 por ciento de su producción, y que el decreto podría causarles daños por $500 millones y la pérdida de sus mercados externos: Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Holanda, Japón y Sudáfrica.
García indicó que la medida no debería afectar al diálogo para superar la crisis política e institucional en torno a la nueva constitución y las autonomías que exigen las regiones opositoras, y pidió que se respete a la Iglesia Católica en sus intentos de facilitar un acercamiento entre las partes. Pero el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, respondió que el gobierno intenta aprovecharse de la buena fe de la Iglesia.
