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miércoles, 28 de enero de 2009

la constitución aprobada es fruto de la sangre y el enfrentamiento, de la imposición y el caudillaje, para ponerle óleo y sacramentarla hay que pactar


No hay constitución sin pacto
Centa Reck de Hoy Bolivia
La letra no entra con sangre, y el presidente Evo Morales se equivoca cuando invierte los términos del contrato social que tienen que hacer los bolivianos y le dice al 40 por ciento de los votantes que han rechazado su texto constitucional que no habrá pacto sino ajuste total a la constitución que se está por implantar.
Para comenzar le recordamos al presidente y su equipo ejecutivo que llevó a las urnas un texto constitucional que no es virgen ni goza de credibilidad porque es fruto de un proceso constituyente que violó hasta su propia ley de convocatoria, amén de transgredir la constitución que estaba vigente y haber sido aprobada en graves confrontaciones en las que la violencia de Estado fue la que impuso el texto y no el consenso ni el análisis virtuoso de los bolivianos sobre su realidad y sus visiones de país.
Le recordamos al presidente Morales que sobre su referendum se yerguen serias dudas y frondosas evidencias del fraude que pretenden encubrirse los informes sesgados de un cártel de observadores de Unasur, Mercosur, OEA, Centro Carter, Cela, que han tejido un manto de impunidad para encubrir al fraude, tal como antes lo hicieron en Venezuela, en Ecuador y otros lugares del continente donde la manipulación y distorsión del voto se está volviendo moneda corriente.
Además el Ejecutivo no puede obviar que ni con fraude de por medio consiguió alcanzar una victoria contundente, tal como pretendía. No logró arrollar ni con el hostigamiento de por medio a Pando y el Beni, ni con el voto corporativo y sindical que es igualmente fruto de la manipulación y el amedrentamiento, pues está comprobado que en las comunidades se ha vigilado el voto bajo amenaza de sanciones drásticas, como quitarle su campo, marginar de la comunidad al que desobedezca o darle de chicotazos, que para esto se usa también la inclusión de la justicia comunitaria dentro de la constitución, garantizando de este modo la obediencia ciega como método de adhesión ideológica.
Por todo esto y mucho más, no habrá gobernabilidad si el gobierno se empeña por imponer una constitución sin pacto social, porque para gobernar necesita consenso y el voto ha dejado claro una Bolivia dividida, partida en dos posiciones que hasta hoy son polarizadas e irreconciliables.
En política no es como en aritmética porque el orden de los factores sí altera el producto y en el caso de implementar una constitución esto tiene mayores consecuencias, porque una constitución no se puede legitimar con estadísticas frías sino por medio del consenso que nace del pacto social, de la convergencia de voluntades que establecen reglas del juego para convivir sin dañarse y sin eliminarse mutuamente.
Pero se debe tomar especial cuidado en la interpretación que pretenden darle algunos dirigentes políticos a la posibilidad de realizar un pacto social, puesto que ya han aparecido los que siempre vuelven a llevar agua para su molino y se relamen ante la posibilidad de volver a "negociar" la constitución y someterla a la cotización que han adquirido las visiones en la bolsa de valores que el presidente Morales y su partido han abierto en la zona del Wall Street del Palacio Quemado, donde se ha hipervaluado una política con sobreprecios y a costa de una enorme devaluación de la moral y los principios, mucho más que en plena vigencia del mercado y el neoliberalismo.
De todo este sistema político surge el razonamiento del Ejecutivo que plantea que una constitución se cotiza y se vigenta con sangre, con la fuerza de la violencia, la imposición o por último negociándola en la usura del mercado político y sin escuchar el veredicto que sale de los pueblos, las culturas y las visiones que integran el país.
La constitución no es la letra muerta que tiene que imponerse con sangre, no es una mercancía que se ha ganado, comprado u obtenido un partido político que quiere ahora pasar como único y exclusivo propietario de la ley de leyes que debe regirnos.