Fue el fiscal Edward Mollinedo, quien confirmó la detención de Santos Ramírez en las celdas policiales, hacia donde salió escoltado por policías, lugar en el que pasó su primera noche de detención quien fuera catalogado como uno de los poderosos detrás del trono.Contra todos los pálpitos, Santos fue apresado y esto no deja de sorprendernos en una gestión política que se ha caracterizado por proteger a capa y espada a sus operadores cercanos.
Podríamos salir a aplaudir la medida, pero la intriga que nos provoca el desarrollo de este caso es superior a las ganas de soplar velitas por lo que puede pasar como un happy end, una historia de corruptela que finalmente acaba con una posible sanción. No nos interesan las venganzas pero si nos interesa la justicia verdadera, del mismo modo que nos asquean los simulacros de justicia, esos que nacen de guerras intestinas, de choques de intereses o de simulaciones de lecciones de moralización que no son tales.
Para saber la verdad, tenemos que ver quien dio el paso de tomar preso al gran Santos Ramírez: uno de los hombres intocables del régimen, una institución en sí mismo, que decidía la suerte de los hidrocarburos y decidió el rumbo de la Asamblea constituyente entre otros asuntos importantes para el actual gobierno. En el entendido de buscar más allá de las sombras que pretenden confundirse con la luz, encontramos que el fiscal Edward Mollinedo es parte del grupo de fiscales especiales a los que la Fiscalía General le dio superatribuciones para poder tomar presos en cualquier lugar del país a quienes sean sindicados de cometer delitos contra el Estado.
Por sus obras los conoceréis dice el evangelio, y siguiendo la trayectoria del fiscal Mollinedo, vemos que estuvo a cargo de la acusación y posterior detención del prefecto Leopoldo Fernández, acusándolo de homicidio por el caso de la llamada masacre de Porvenir, aludiendo que las muertes fueron premeditadas y con alevosía.El superfiscal Edward Mollinedo actuó con el famoso juez quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, para llegar a la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, del prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández.
También fue el fiscal Edward Mollinedo quien acusó a José Vaca, cívico tarijeño y denunció que este habría confesado que fue utilizado por los dirigentes del Comité Cívico de Tarija, entre ellos Reynaldo Bayard, para perpetrar el 10 de septiembre, el atentado contra una válvula del gasoducto Yacuiba– Río Grande supuestamente a cambio de estabilidad laboral. Tras esta declaración del representante del Ministerio Público, la que ocurrió durante la audiencia de medidas cautelares del imputado, este fue remitido de forma preventiva a la cárcel de San Pedro, también por orden del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila.
En aquella oportunidad Mollinedo expresó: "Hay una participación activa de Reynaldo Bayard en estos hechos que son nefastos. Él encabeza estas actividades ilícitas y participa activamente en la conformación de estos grupos, y cómo utilizan a estas personas para atentar contra los bienes del Estado".
El citado fiscal también estuvo relacionado con la acusación del periodista y activista cívico opositor del departamento del Beni, Jorge Melgar Quete, quien fue acusado de terrorismo y de alentar la agresión a un avión venezolano en diciembre pasado, situación por la que continúa en prisión.
Todos estos casos han sido en justicia catalogados como casos de persecución política, acciones por las que el fiscal Edward Mollinedo, integrante de un grupo conformado por una resolución de la Fiscalía General, afirmó que los activistas y dirigentes cívicos opositores eran investigados por terrorismo y que al ser este un delito de "competencia nacional", se podían realizar detenciones en diversos lugares del país.
Lo curioso es que Leopoldo Fernández, José Vaca, Reynaldo Bayard, Jorge Melgar Quete y Santos Ramírez coincidirán en la cárcel de San Pedro a donde han sido llevados por el mismo fiscal. Podría pensarse que se trata de actos en aras de la imparcialidad de la justicia, pero también podría juzgarse que es una muestra más del accionar de los poderes detrás del trono que se imponen y se campean en Bolivia.
Todo parece indicar de que detrás del fiscal Edward Mollinedo estaría actuando Juan Ramón Quintana, quien ha seguido gozando de protección para no rendir cuentas a la justicia y que ahora incluso se ha dado modo de darle el zarpazo mortal a quien se presume que es su gran competencia y hasta hace muy poco se campeaba confiado sabiéndose el gran y omnipontente Santos Ramírez.
