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jueves, 18 de junio de 2009

palo santo muestra con gran valor civil el cuadro de corrupción que domina YPFB y que no hubo "nacionalización" se trató de "compra a sobreprecio"

Bendita venganza por Zoe

Las denuncias del ahora ex presidente de YPFB-Transportes, Gildo Angulo contra el presidente de YPFB, Carlos Villegas, son atribuidas en corrillos palaciegos a una “venganza” montada por Santos Ramírez desde la cárcel de San Pedro donde se encuentra recluido a causa del escándalo surgido en torno al caso de Catler Uniservice.

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Gildo Angulo, Santos Ramirezy Carlos Villegas (de Izq. a derecha)

Villegas no hizo nada para ayudar a Santos Ramírez y dejó que se las arregle solo cuando existió una responsabilidad compartida en el caso de la planta separadora de líquidos cuya construcción fue adjudicada en términos fraudulentos a la Catler Uniservice.

“Se la tenia jurada” es el comentario mas usual y se recuerda que tanto en el caso de Catler como de la “nacionalización” de Transredes, Villegas ocupaba el cargo de Ministro de Hidrocarburos y Santos Ramírez era presidente de YPFB.

Ambos casos tienen un elemento en común: pudieron realizarse gracias a sendos decretos supremos aprobados por el gabinete y, lógicamente, por el presidente Evo Morales, a quién corresponde la principal responsabilidad como Jefe de Estado.

Para llevar a cabo su “venganza” contra Villegas, Ramírez no habría visto mejor camino que pedir a Gildo Angulo, que haga público el decreto que autorizaba a YPFB-Transportes, a subrogarse, como parte de la transacción para la compra de acciones de Transredes, de los pasivos de dicha empresa, esto con el pretexto de impedir que tanto la Shell como la Ashmore, titulares de las acciones, puedan acudir a un tribunal arbitral internacional.

Angulo se aproximó a Ramírez e hicieron buenas migas cuando en su devenir en la política formaba parte del llamado Consejo de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepan) y consideró que podía haber cierta coincidencia de objetivos con el MAS.

Pero también existe otra versión que circula por el parlamento y es que la infidencia transmitida a Angulo salió de una oficina de palacio de gobierno, cuyo titular estaría interesado en “sepultar” también a Villegas tal como lo hizo con Santos Rámirez. Lo que importa, más allá de la fuente que pasó el dato, es que don Gildo se lanzó a la piscina porque había elementos mas que suficientes y gracias a ello el país se entera que en la llamada nacionalización mucha basura quedó bajo la alfombra. Lo negativo es que Villegas tiene vara alta con el presidente Morales y según parece, otra vez, se saldrá con la suya.

Pese a todo, no hay que perder de vista aspectos que son esenciales para entender el entuerto.

El decreto que da lugar a toda esta oscura negociación con las empresas petroleras. La denominada “justa compensación” por la “nacionalización” no es más que la compra del paquete accionario que además incluía hacerse cargo de las deudas de Transredes, particularmente con el Servicio de Impuestos Nacionales, aunque se menciona también la multa por la contaminación del río Desaguadero, donde se derramaron 200 mil barriles de petróleo.

Es claro que no hubo nacionalización, se trato de una compra de acciones en el marco de una operación empresarial y por tanto no había motivo para recurrir a un tribunal arbitral. Además, el precio de 48 dólares por acción fue fijado, no se sabe sobre que criterios, por mutuo acuerdo.

Por otra parte debe recordarse que hasta se creó el ministerio de la “Defensa Legal de la Nacionalización ”, que eventualmente debería encarar un posible juicio. Hasta ahora nadie se enteró de acción alguna que justifique la existencia de esta repartición.

El decreto que autorizaba la subrogación de la deuda de Transredes, fue mantenido en reserva hasta que Angulo puso el dedo en la llaga; el gobierno no dio a conocer la disposición cuando anunció la “nacionalización” de Transredes.

Es probable que la Gaceta Oficial, en la que deben ser publicados todas las leyes y decretos para entrar en vigencia, tenga muchas otras sorpresas que sería conveniente que algún fiscalizador del parlamento o algún periodista acucioso, hagan un esfuerzo para desvelar.

Mientras tanto se va consolidando la sospecha de que las medidas gubernamentales destinadas a “recuperar la dignidad nacional” ocultan un oscuro trasfondo signado por una dramática corrupción.