La maliciosa y a todas luces inconstitucional introducción de un artículo, el número 8, en el proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Departamentales que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, mediante el que propone que los gobernadores que tienen una acusación formal en su contra sean suspendidos de sus cargos temporalmente para ejercer su defensa, ha tenido los efectos de un demoledor sismo en las filas de la oposición.
No podía ser de otro modo, pues se trata de una triquiñuela legal que de manera desembozada, ya sin siquiera intentar cuidar las apariencias, se propone dar al Movimiento al Socialismo un garrote que por muy envuelto en papeleo legal que esté, será uno más de los instrumentos puestos al servicio del abuso del poder.
Las primeras víctimas de este intento de legalizar prácticas dictatoriales serán los gobernadores elegidos el 4 de abril pasado por amplio margen en tres de los departamentos, donde los candidatos del MAS no recibieron el apoyo popular en las urnas. Los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Tarija podrían ser despojados de su mandato aún antes de asumir sus cargos, con lo que se habría producido un flagrante desconocimiento de la voluntad popular y, lo que es peor, se habrá transgredido una vez más, con la misma facilidad con que ya se lo hizo en otras ocasiones, la Constitución Política del Estado.
Que eso ocurra, que los legisladores del MAS no vean en el texto constitucional un obstáculo para obedecer las órdenes que les son impartidas desde las cúpulas del Órgano Ejecutivo. Como es fácil recordar, desde el primer día en que se instaló la actual Asamblea Legislativa Plurinacional se puso en evidencia que la Constitución Política por ellos mismos aprobada es lo que menos importa cuando de concentrar el poder en pocas manos se trata.
Ahora, con la misma facilidad con que se ya se la violó en más de una ocasión, se pretende pasar por alto los artículos 28 y 234 mediante los que se establecen de manera nítida los casos en los que una persona pierde sus derechos políticos, en este caso a ejercer un cargo electivo.
Los autores del proyecto de ley en cuestión están tan conscientes de lo indefendible que es la maniobra que pretenden realizar; que tuvieron el cuidado, durante toda la fase previa a los debates camarales, de ocultar el Artículo 8 con la esperanza de que el golpe dado a la democracia sea tan artero que no dé tiempo a reacciones oportunas. Por unas pocas horas les falló la maniobra, por lo que ha quedado abierta la posibilidad de que se ofrezca resistencia a lo que podría ser un nuevo paso inconstitucional en el camino que conduce a la destrucción del Estado de Derecho.
Ante la debilidad de la oposición parlamentaria, que por su pequeñez cuantitativa y cualitativa es incapaz de dar batalla en casos como éste sólo queda depositar las esperanzas en quienes desde la bancada del Movimiento Al Socialismo, sus aliados y desde la sociedad civil y sus instituciones, aún tienen el valor suficiente para disentir y negar su apoyo a la destrucción de la institucionalidad democrática.
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