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viernes, 29 de octubre de 2010

impulsar la construcción de una Patria Solidaria, democrática,con justicia social es el clamoroso pedido de Los Tiempos que se pronuncia por lo legal

Antes se seguir enfrentando, el Gobierno debería impulsar la construcción de la Bolivia solidaria, democrática y con justicia social que todos deseamos

Las decisión de un juez de Instrucción en lo Penal de remitir a prisión preventiva a cuatro ex vocales de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Pando por haber organizado en ese departamento el referendo por los Estatutos Autonómicos el año 2008 es una muestra de que se mantiene en el país la tendencia a usar los mecanismos de justicia como instrumentos de control político.

Como se ha señalado en varias oportunidades, una vez que se desarticuló el Tribunal Constitucional no había posibilidad de sentenciar si una decisión administrativa –como es la organización de un referendo sobre estatutos autonómicos– era ilegal o no.

Por tanto, hasta que este Tribunal no se pronuncie, sí es una ilegalidad que se procese, y peor, se aprese, a quienes organizaron los mencionados referendos.

Más allá de lo procesal, se debe destacar la forma en la que se está manipulando al Órgano Judicial, lo que no se justifica con aquello de que “antes también sucedía”, pues de una u otra manera, una de las razones para que la mayoría de la población vote por el MAS y Evo Morales fue su promesa de que los males que antes campeaban serían desterrados. La realidad muestra que esa manipulación ahora es peor y, además, se va arrasando todo lo que entre 1982 y 2005 –el período democrático más largo de nuestra historia– se había construido en defensa del ciudadano frente al poder arbitrario del Estado.

Si a esta actitud de represión se suma la promulgación de leyes que no respetan la Constitución Política del Estado, se encuentra que hay una voluntad explícita de conducir al país a un Estado autoritario en el que sólo tengan cabida las voces del poder.

Ahí está la norma que permite la destitución de un alcalde o gobernador a denuncia formal de un fiscal, cuando la Constitución establece que ello puede ocurrir sólo si hay sentencia ejecutoriada. Ahí están los artículos 16 y 23 de la ley 45, que limitan la libertad de opinión y expresión, o las amenazas lanzadas por importantes dirigentes y autoridades de gobierno de emitir disposiciones sobre qué se puede leer o no, cómo serán las telenovelas y un largo etcétera que muestran el propósito de normar la vida cotidiana de la ciudadanía.

De ahí que es necesario que la sociedad se pronuncie. Lo está haciendo en el caso de la ley 45, pese a la sucia propaganda estatal en contra de los gremios del periodismo a los que, ahora, se pretende dividir utilizando a personajes que por alguna razón han decidido convertirse en censores. Probablemente, la ciudadanía no sólo percibe los propósitos que animan a quienes quieren limitar el derecho a la información y la opinión, sino que este intento activa su memoria y recuerda que uno de los primeros objetivos de los Gobiernos dictatoriales era, precisamente, los medios de comunicación. Pero, también debemos pronunciarnos en contra de usar la justicia como instrumento de represión y venganza políticas.

Si el Gobierno escuchara las demandas ciudadanas, comprendería que es necesario retomar el camino por el cauce legal y constitucional, y antes de seguir enfrentando debería impulsar la construcción de la Bolivia solidaria, democrática y con justicia social que todos los hombres y mujeres de buena voluntad deseamos.