Hay cosas de las que ningún gobierno boliviano ha podido escapar. Gasolinazos, amnistía para los autos “chutos” e intentar meterle mano al manejo de las cédulas de identidad. Hay que reconocer, sin embargo, que el Gobierno actual ha sido el más audaz. Nadie hubiera intentado un incremento de los carburantes del 80 por ciento, pero obviamente, ninguno tuvo que retroceder de forma tan vergonzosa. Arrebatarle de un plumazo a la Policía Nacional un negocio tan lucrativo como el control del sistema de identificación y la otorgación de licencias de conducir también es inédito en los casi 30 años de democracia. Veremos cómo les va.
RIN, RUN y ahora la flamante propuesta de crear el Documento Único de Identidad (DUI). Bolivia ha cambiado decenas de veces su constitución y sus leyes, ha modificado por completo la organización del Estado y ha hecho lo mismo hasta con el nombre de la república. Por qué no va a adoptar este comportamiento caótico y esquizofrénico con algo tan banal como el carnet.
Todos los gobiernos intentaron quitarle a la Policía la exclusividad en esta atribución, manejada a su propio ritmo por los señores de verde olivo, más preocupados por hacer sus cobros y mantener el “negocito” que por cumplir con un derecho humano fundamental. Los políticos querían otra cosa. “Carnetizar” a medio mundo era el objetivo, pero no para que la gente comience a ejercer a partir de ahí sus derechos ciudadanos, sino para que acuda a votar masivamente en cada convocatoria a elecciones. Todas las iniciativas fracasaron porque surgieron al calor del electoralismo y los policías pudieron mantener intacto su “chaquito”.
El MAS quiere ir más lejos. Al proyecto hegemónico de Evo Morales ya no le alcanza la manipulación del Órgano Electoral, las carnetizaciones venezolanas, los votos fantasmas y el padrón biométrico. Las cosas se le han puesto demasiado duras al oficialismo y es muy arriesgado seguir insistiendo con la democracia plebiscitaria con el actual esquema. De ahí surge el plan siniestro que incluye la desmoralización de la Policía, de tal forma que nadie proteste cuando le quiten el chupete de la boca, para trasladar una responsabilidad tan delicada al seno del Ministerio de Gobierno, una cartera que no es capaz ni siquiera de responder por un pez gordo del narcotráfico que hacía sus negocios en una de las oficinas cercanas a la del jefe.
El plan es el fiel reflejo de lo que viene haciendo un Gobierno que se ha propuesto reescribir la historia de Bolivia y empezar, por supuesto, por su “revolución”. Quieren cambiar la estructura, el color y hasta el número de carnet de identidad. Hacerlo todo de nuevo, de tal manera que los diez millones de ciudadanos comiencen a existir a partir de la reforma. Eso incluye el cambio de otros documentos como el pasaporte y el permiso de conducir y seguramente, el trastrocamiento de numerosos papeles y trámites que podrían poner en peligro la propiedad y el patrimonio de la población. Naturalmente, el objetivo más inmediato y el más urgente es electoralista y para ello ha vuelto a la palestra pública, como por arte de magia, un personaje que hizo trucos dignos del mejor ilusionista en la ex Corte Nacional Electoral. Esta idea es tan ambiciosa como arriesgada, porque detrás de ella está el fraude y la mano torpe y desesperada de un régimen que ha perdido todos los escrúpulos.
RIN, RUN y ahora la flamante propuesta de crear el Documento Único de Identidad (DUI). Bolivia ha cambiado decenas de veces su constitución y sus leyes, ha modificado por completo la organización del Estado y ha hecho lo mismo hasta con el nombre de la república. Por qué no va a adoptar este comportamiento caótico y esquizofrénico con algo tan banal como el carnet.
Todos los gobiernos intentaron quitarle a la Policía la exclusividad en esta atribución, manejada a su propio ritmo por los señores de verde olivo, más preocupados por hacer sus cobros y mantener el “negocito” que por cumplir con un derecho humano fundamental. Los políticos querían otra cosa. “Carnetizar” a medio mundo era el objetivo, pero no para que la gente comience a ejercer a partir de ahí sus derechos ciudadanos, sino para que acuda a votar masivamente en cada convocatoria a elecciones. Todas las iniciativas fracasaron porque surgieron al calor del electoralismo y los policías pudieron mantener intacto su “chaquito”.
El MAS quiere ir más lejos. Al proyecto hegemónico de Evo Morales ya no le alcanza la manipulación del Órgano Electoral, las carnetizaciones venezolanas, los votos fantasmas y el padrón biométrico. Las cosas se le han puesto demasiado duras al oficialismo y es muy arriesgado seguir insistiendo con la democracia plebiscitaria con el actual esquema. De ahí surge el plan siniestro que incluye la desmoralización de la Policía, de tal forma que nadie proteste cuando le quiten el chupete de la boca, para trasladar una responsabilidad tan delicada al seno del Ministerio de Gobierno, una cartera que no es capaz ni siquiera de responder por un pez gordo del narcotráfico que hacía sus negocios en una de las oficinas cercanas a la del jefe.
El plan es el fiel reflejo de lo que viene haciendo un Gobierno que se ha propuesto reescribir la historia de Bolivia y empezar, por supuesto, por su “revolución”. Quieren cambiar la estructura, el color y hasta el número de carnet de identidad. Hacerlo todo de nuevo, de tal manera que los diez millones de ciudadanos comiencen a existir a partir de la reforma. Eso incluye el cambio de otros documentos como el pasaporte y el permiso de conducir y seguramente, el trastrocamiento de numerosos papeles y trámites que podrían poner en peligro la propiedad y el patrimonio de la población. Naturalmente, el objetivo más inmediato y el más urgente es electoralista y para ello ha vuelto a la palestra pública, como por arte de magia, un personaje que hizo trucos dignos del mejor ilusionista en la ex Corte Nacional Electoral. Esta idea es tan ambiciosa como arriesgada, porque detrás de ella está el fraude y la mano torpe y desesperada de un régimen que ha perdido todos los escrúpulos.
Al proyecto hegemónico de Evo ya no le alcanza la manipulación del Órgano Electoral, las carnetizaciones venezolanas, los votos fantasmas y el padrón biométrico. Las cosas se le han puesto duras al oficialismo y es muy arriesgado seguir con la democracia plebiscitaria. De ahí surge el plan siniestro que incluye la desmoralización de la Policía, de tal forma que nadie proteste cuando le quiten el chupete de la boca.
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