Cada vez que el Gobierno de Evo Morales se encuentra en apuros, sospechosamente se reactiva el “caso terrorismo”, una novela que ha cambiado de jueces como mudan los personajes de una comedia y que a la manera de los circos, va de un lugar a otro en busca del verdugo menos escrupuloso para sentenciar a 39 acusados, muchos de los que se encuentran detenidos gracias a oscuras maniobras tejidas por el mismo villano que utiliza el régimen para amedrentar a quienes cometieron el único delito de defender el proceso autonómico.
El caso se había estancado en Cochabamba, porque un juez de aquella ciudad cometió la “imprudencia” de exigirle pruebas al fiscal Marcelo Soza, quien no tuvo empacho en afirmar que todas las supuestas evidencias habían sido destruidas por cuestiones de seguridad y, obviamente, por órdenes de autoridades del Órgano Ejecutivo.
Recientemente el juicio, que se encuentra en la etapa conclusiva, se puso en marcha de nuevo, precisamente cuando algunos líderes opositores de la región comenzaban a levantar cabeza para protestar por la manera grotesca cómo el Gobierno llevó adelante las elecciones judiciales del pasado 16 de octubre.
Tal como ha sucedido en otras ocasiones, la reanudación del proceso ha servido apenas para echar más sombras sobre este caso, aumentar las sospechas de montaje y por supuesto, para poner en evidencia las chambonadas que cometen los matones disfrazados de jueces y fiscales que tiene a su servicio este Gobierno. El famoso “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, cuyas acusaciones sirvieron para encarcelar a muchos de los que hoy esperan la sentencia, ha señalado claramente ante el juez que todo es producto de un gigantesco embuste con los componentes clásicos del terrorismo de Estado. Todos estos detalles han sido revelados ya por todos los medios, tal como sucedió con el “videosoborno”, las implicaciones del capitán Wálter Andrade, las andanzas de un funcionario de apellido Clavijo y otro Núñez del Prado, pero que han sido ignorados a propósito tanto por el fiscal Soza como por algunos jueces que actuaron en función de órdenes del Ministerio de Gobierno.
La última payasada jurídica la ha cometido el juez cochabambino que ordenó el traslado de las audiencias conclusivas restantes a la ciudad fronteriza de Yacuiba, con el objetivo de escuchar los alegatos de la defensa de los últimos cuatro imputados. El traslado no solo constituye una extravagancia del funcionario, sino que también es ilegal, ya que este juicio debió ventilarse desde un principio en la jurisdicción de Santa Cruz. El traslado inicial a La Paz y posteriormente a Cochabamba se hizo mediante un decreto que viola el Código Penal y los más elementales principios jurídicos que garantizan un juicio justo. En este caso, se han cometido todas las irregularidades posibles que llevan a la nulidad cualquier determinación que puedan tomar los jueces.
La grosera manipulación de la justicia que ha ejecutado el Gobierno de Evo Morales en este caso es una muestra fehaciente de lo que es capaz de hacer con el fin de destruir el pluralismo político en este país y asegurarse el monopolio del poder. A partir de la posesión de los nuevos jueces y magistrados, todas estas acciones no solamente quedarán convalidadas sino que se van a multiplicar.
El caso se había estancado en Cochabamba, porque un juez de aquella ciudad cometió la “imprudencia” de exigirle pruebas al fiscal Marcelo Soza, quien no tuvo empacho en afirmar que todas las supuestas evidencias habían sido destruidas por cuestiones de seguridad y, obviamente, por órdenes de autoridades del Órgano Ejecutivo.
Recientemente el juicio, que se encuentra en la etapa conclusiva, se puso en marcha de nuevo, precisamente cuando algunos líderes opositores de la región comenzaban a levantar cabeza para protestar por la manera grotesca cómo el Gobierno llevó adelante las elecciones judiciales del pasado 16 de octubre.
Tal como ha sucedido en otras ocasiones, la reanudación del proceso ha servido apenas para echar más sombras sobre este caso, aumentar las sospechas de montaje y por supuesto, para poner en evidencia las chambonadas que cometen los matones disfrazados de jueces y fiscales que tiene a su servicio este Gobierno. El famoso “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, cuyas acusaciones sirvieron para encarcelar a muchos de los que hoy esperan la sentencia, ha señalado claramente ante el juez que todo es producto de un gigantesco embuste con los componentes clásicos del terrorismo de Estado. Todos estos detalles han sido revelados ya por todos los medios, tal como sucedió con el “videosoborno”, las implicaciones del capitán Wálter Andrade, las andanzas de un funcionario de apellido Clavijo y otro Núñez del Prado, pero que han sido ignorados a propósito tanto por el fiscal Soza como por algunos jueces que actuaron en función de órdenes del Ministerio de Gobierno.
La última payasada jurídica la ha cometido el juez cochabambino que ordenó el traslado de las audiencias conclusivas restantes a la ciudad fronteriza de Yacuiba, con el objetivo de escuchar los alegatos de la defensa de los últimos cuatro imputados. El traslado no solo constituye una extravagancia del funcionario, sino que también es ilegal, ya que este juicio debió ventilarse desde un principio en la jurisdicción de Santa Cruz. El traslado inicial a La Paz y posteriormente a Cochabamba se hizo mediante un decreto que viola el Código Penal y los más elementales principios jurídicos que garantizan un juicio justo. En este caso, se han cometido todas las irregularidades posibles que llevan a la nulidad cualquier determinación que puedan tomar los jueces.
La grosera manipulación de la justicia que ha ejecutado el Gobierno de Evo Morales en este caso es una muestra fehaciente de lo que es capaz de hacer con el fin de destruir el pluralismo político en este país y asegurarse el monopolio del poder. A partir de la posesión de los nuevos jueces y magistrados, todas estas acciones no solamente quedarán convalidadas sino que se van a multiplicar.
La última payasada jurídica la ha cometido el juez cochabambino que ordenó el traslado de las audiencias conclusivas restantes a la ciudad fronteriza de Yacuiba, con el objetivo de escuchar los alegatos de la defensa de los últimos imputados. El traslado no solo constituye una extravagancia, sino que también es ilegal, ya que este juicio debió ventilarse desde un principio en la jurisdicción de Santa Cruz.
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