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martes, 15 de noviembre de 2011

"la palabra empeñada" de Evo no tiene valor alguno. aprueba la Ley Corta y luego dice me obligaron. ahora busca que "le obliguen" otros grupos a abolir la primera. qué contrasentido, qué forma atrabiliaria de gobernar.

Para los bolivianos está resultando difícil entender cómo es que el Gobierno nacional aprueba una ley para dar por concluido el conflicto del Tipnis, una ley que es promulgada por el presidente del Estado, que luego convoca públicamente a que se la cuestione.
El argumento de los voceros del presidente Evo Morales es que si un texto ha sido convertido en ley como resultado de una presión social, pues el mismo procedimiento habría que aplicar para aprobar un texto en sentido contrario.
En este caso, el Gobierno masista está reaccionando con actitudes de revancha, que incluyen aplicar al pie de la letra el concepto de intangibilidad del parque, prohibiendo incluso actividades turísticas que son propias de todos los parques del planeta.
La opinión pública nacional está mirando, azorada, cómo avanza este proceso por el cual la victoriosa marcha de los indígenas del Tipnis es tomada por el Gobierno como una derrota que necesita borrar de su historial, o por lo menos tomar venganza de ella.
El concepto del respeto a la palabra empeñada es común en todas las sociedades que aspiran a ser civilizadas y ayuda a que las relaciones, entre personas o entidades, se desarrollen de manera confiable.
En esto hay un déficit constante en la realidad actual. Las incoherencias se repiten todos los días, dejando a los interlocutores en situación de total desorientación.
La saga del ajuste del precio de los carburantes es  la que más contradicciones acumula. Anuncios en sentido de que la subvención será eliminada son seguidos de anuncios en sentido contrario, y luego, a comenzar de nuevo.
La política referida a las exportaciones se ha transformado en un drama. A tal punto que un empresario extranjero ha dicho que en Bolivia hay una situación de “inestabilidad” en el régimen referido a las exportaciones. Los empresarios cruceños son testigos -y víctimas- de esta política confusa.
Un gobierno que cambia con tanta frecuencia de parecer acerca de todos los temas no tendría que extrañarse de que los propietarios de automotores introducidos al país de contrabando, los chutos, aspiren a que se les conceda nuevas oportunidades de legalizarlos.
Este comportamiento se da también en la firma de contratos con empresas extranjeras, como se observa en el ya escandaloso caso de la Jindal y el Mutún. Cuatro años de vigencia de un contrato y el Estado boliviano no ha cumplido con el compromiso de dar a la empresa lo que le había ofrecido, comenzando por el terreno donde debe operar y terminando con el combustible que debe utilizar.
Seis años han pasado desde que se anunció el cambio de la Ley de Inversiones, la de Hidrocarburos y el Código de Minería, pero nada se ha cumplido, aparte de sucesivos anuncios de que las siguen preparando. En Perú, el gobierno de Ollanta Humala aprobó, en 30 días, las reformas al sistema tributario minero, porque no quería perjudicar la llegada de nuevas inversiones, que tienen un promedio de 4.000 millones de dólares por año.
Nunca es tarde para enmendar errores. El Gobierno nacional tendría que meditar sobre estos temas tomando en cuenta que la opinión pública boliviana es muy perceptiva y no deja detalles sin registrarlos.