El Gobierno del Presidente Morales firmó en 2006 un contrato de prospección y exploración minera con la empresa canadiense South American Silver en el sitio denominado Mallku Khota (Laguna del Cóndor), ubicado en el municipio San Pedro de Buena Vista de la provincia Charcas en el norte del departamento de Potosí. En 2011 la empresa anunció haber descubierto un gran yacimiento de tres minerales, plata, indio y galio, cuya dimensión permite pensar en una explotación masiva a cielo abierto con una proyección de 36 años hasta el agotamiento de las reservas.
En los últimos días el secuestro de cinco personas, el enfrentamiento violento entre comunarios y policías, la muerte de un comunario, José Mamani Mamani, las heridas graves de cuatro de ellos, todos por impacto de bala, son parte de un conflicto que revela las condiciones en que se desarrollan las actividades de las empresas extranjeras y nacionales que operan en Bolivia. Desde 2006 más de un centenar de centros productores de mineral han sido tomados, menos de una decena de esas tomas se ha resuelto con acuerdo de todas las partes involucradas.
Nada es gratis. En este tema el discurso oficial es profundamente contradictorio. Su retórica revolucionaria y estatista ha promovido desde el Gobierno la idea de que las transnacionales son un perjuicio para el país, que los contratos con el Estado han sido lesivos a nuestros intereses y que la recuperación de la propiedad de nuestros recursos naturales es una prioridad. En siete años ha recomprado varias empresas estatales y ha difundido la idea de que “nacionalizó” los hidrocarburos. Pero simultáneamente ha llevado adelante una política de concesiones de recursos naturales en formas jurídicas variopintas, cuyo ejemplo más frustrante y emblemático es el yacimiento de hierro de El Mutún, el mayor de Bolivia y uno de los más importantes del mundo. De igual modo, busca conceder a alguna transnacional la explotación de Uyuni, la reserva de litio más grande del mundo.
El 1 de mayo de 2012 por la mañana el Gobierno nacionalizó la transportadora de electricidad a una empresa española, y por la tarde inauguró una planta de gas construida por la española Repsol que maneja una parte significativa de nuestras reservas de gas.
Siguiendo la lógica predicada por el Presidente los comunarios de la región de Mallku Khota, una vez enterados de que el yacimiento es extraordinario y todavía con precios internacionales altos, reivindican la reversión de esos recursos, pero no en favor del Estado sino a favor de la nación Charca Qhara Qhara de la que dicen ser parte (Art. 30, parágrafo II, inciso 4: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinas (Npioc) tienen derecho a la libre determinación y territorialidad). Aducen que el Gobierno de Morales firmó un contrato sin cumplir el mecanismo de la consulta previa que está claramente precisado por la Constitución.
No se requiere demasiada sagacidad para comprender que lo que reivindican los miembros de la referida nación, puede aplicarse a la mayor parte del territorio boliviano, que de acuerdo a la concepción constitucional pertenece a 36 naciones y ahora parece que también a otras no descritas en la CPE. Algunos antropólogos que en buena medida son autores intelectuales de este dibujo social, político y geográfico, han catalogado decenas y decenas de pueblos-nación en el área andina: p. ej. omasuyos, pacajes, soras, quillacas, laimes, ucumaris, yamparas, qhara qharas y un largo etcétera.
El Estado Plurinacional está atrapado en su propia trampa y en la contradicción de su Carta Magna, que por un lado establece que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano bajo administración estatal (Art. 349), pero por el otro, reconoce que los recursos naturales renovables son de uso exclusivo de las Npioc (Art. 30, par. II, inc. 17). Además el Art. 30, par. 2, inc. 15 reza: “(las Npioc tienen derecho a) ser consultadas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles... se respetará y garantizará la consulta previa, obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en los territorios que habitan... (tienen derecho) a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”.
Podría pensarse que el contrato firmado entre el Gobierno y la South American Silver es inconstitucional, porque de modo obligatorio antes de firmarse se debió haber hecho una consulta a los pueblos en los que están los yacimientos concedidos. El Gobierno de Morales, ¡oh ironía!, sólo tiene la opción de recordar a los comunarios que ese contrato se firmó antes de existir la CPE de 2009.
Antes de 2009 se podían hacer muchas consideraciones en torno a la ilegalidad de las presiones y tomas de centros mineros, pues esos hechos vulneraban la Constitución de entonces. A partir de 2009 eso se terminó, estas acciones (salvo la violencia, claro está) están amparadas impecablemente en la Ley de Leyes vigente.
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