El ilegal ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur) puede significar la muerte de este proyecto de integración subregional para convertirse en un grupo de Gobiernos de amigos que utilizarán sus respectivas cuota partes en función a prestarse mutua ayuda para su reproducción en el poder, más allá de lo que normen el derecho internacional y la soberana relación entre países.
Estatutariamente, como han señalado juristas y políticos de los países que fundaron el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) e incluso de la propia Venezuela, el ingreso de este país es consecuencia de un artero aprovechamiento de la crisis institucional que vivió Paraguay con la destitución –a todas luces reprochable, pero ciertamente legal– del presidente Fernando Lugo.
Por ella, los Gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay, cuyas afinidades ideológicas son cada vez más evidentes, suspendieron a Paraguay (que era el único país que mantuvo su oposición al ingreso de Venezuela por las claras violaciones a los derechos humanos y políticos ejecutadas por el Gobierno del presidente Hugo Chávez) y, de inmediato autorizaron ese ingreso, que ha sido sellado el 31 de julio en Río de Janeiro.
Esta decisión provocó, fundamentalmente en Uruguay, una andanada de críticas al Presidente de esa nación por parte incluso de su Vicepresidente por la ilegalidad del acto y porque previamente el mandatario se comprometió a no ceder a las presiones que se ejercitaban para aceptar el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Con estos antecedentes es posible afirmar que la participación de Venezuela como miembro pleno de Mercosur estará condicionada a que no cambien los actuales mandatarios ni sus proyectos de poder en Brasil, Argentina y Uruguay, porque si cambian, es posible creer que se consolidará una posición legalista, lo que exigirá retirar a Venezuela del acuerdo, esto siempre y cuando se lo quiera mantener, más aún si se tienen tres otros proyectos en curso, uno de los cuales es liderado por Brasil (Unisur), un segundo por Venezuela (ALBA), y un tercero al que todos dicen apostar, pero al que nadie la da mayor vida salvo en la retórica: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Desde otra perspectiva, es interesante observar que el Gobierno venezolano y su proyecto del Socialismo del Siglo XXI va destruyendo la precaria institucionalidad integradora creada en América en los últimos 50 años: está muy dañada la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) apenas sobrevive, se ha intentado dividir a los países centroamericanos y del Caribe que alcanzaron interesantes niveles de integración política, comercial y cultural... y se lo ha hecho con dinero contante y sonante, por un lado, y, por el otro, impulsando corrientes políticas decididas a romper todo dique de contención.
Y es precisamente en esa perspectiva que estos espacios se van convirtiendo en pacto de amigos, porque no importa que quienes gobiernan violen Constitución y leyes en sus respectivos países, lo que no toleran es que la disidencia interna salvo contadas excepciones, se exprese contra el proyecto hegemónico.
Parecía, en el pasado, que esto era objeto sólo de dictaduras militares...
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