lo único que podría marcar su apego a la legalidad es proceder con civismo. esperanzadora palabra de Los Tiempos cuando se refiere al Primer Fiscal del Estado Pluri. lo contrario será MAS de lo mismo.

Salvo que el novel dignatario decida salir por los fueros de la legalidad y el civismo, se sabe que el poder político espera de él es más de lo mismo

La madrugada del sábado pasado, la Asamblea Legislativa eligió al primer fiscal general del Estado Plurinacional, el abogado Ramiro José Guerrero. Se lo hizo con  más de los dos tercios de los votos exigidos por la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en una decisión que el Presidente del Estado calificó como de “mazazo” en contra de la “derecha neoliberal”.

El Ministerio Público tiene la misión de defender “la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública” y cumplir sus funciones “de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”. Sin embargo, la historia de esta entidad no muestra apego a ellos. Más bien y pese a algunos esfuerzos esporádicos, su dependencia del poder político de turno ha sido total (hubo un fiscal general que el día en que fue posesionado entregó al Primer Mandatario su renuncia en blanco para ser destituido cuando éste así lo dispusiera). De ahí que una de las demandas permanentes de la ciudadanía ha sido y es una profunda reforma de esta instancia y el  Órgano Judicial.

De hecho, una bandera electoral del MAS ha sido reformar el Ministerio Público y el Órgano Judicial, pero en el proceso de aplicación de las reformas constitucionales en este campo, el Ejecutivo, a través del Legislativo, mantuvo el poder del sistema político-partidario en el ámbito judicial, como demuestra la forma en que se eligió a las autoridades del Órgano Judicial y su alineamiento con el Órgano Ejecutivo en sentencias de su interés.

Ahora ha sido el turno de la Fiscalía General. Como sostienen los entendidos, se han cumplido los requisitos formales para la elección de la nueva autoridad, pero, como ha dicho el Primer Mandatario, el MAS efectivamente ha dado un mazazo, no a la “derecha neoliberal”, sino a la esperanza de conformar, estructuralmente, un sistema jurídico idóneo en el país. Sin considerar sus cualidades profesionales y humanas, se ha elegido a una persona estrechamente ligada al partido de gobierno (fue su constituyente y luego Ministro de la Corte Suprema de Justicia nombrado mediante decreto supremo), así sea que niegue militar en él, al que, además, desde el Ejecutivo se le ha dado una clara instrucción: actuar militantemente junto al Ministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado.

Sin embargo, el nuevo Fiscal tiene el gran reto de ser, lo que sería una tarea difícil, un impulsor de la puesta al servicio de la sociedad de un Ministerio Público deslegitimado ante la sociedad porque a su tradicional dependencia del Órgano Ejecutivo, se suma el hecho de que ha sido convertido en un organismo de represión política.

Es decir, salvo que el novel dignatario decida salir por los fueros de la legalidad y el compromiso cívico, ya se sabe lo que el poder político espera de él: más de lo mismo. Así, una vez más, así se trate de otros actores, el sistema político-partidario desaprovecha la oportunidad de crear un sistema jurídico sólido, independiente, profesional y oportuno.