La
jefa de Bancada de Convergencia, Centa Rek, hizo conocer su preocupación porque
el Decreto Supremo del Indulto para beneficiar a privados de
libertad con sentencia ejecutoriada, podría beneficiar a peligrosos
narcotraficantes sancionados bajo la ley 1008, situación que deberá ser
analizada cuidadosamente.
Rek
indicó que se corre el riesgo de dejar en libertad a personas ligadas por el
narcotráfico, ya que el DS enviado por el Primer Mandatario a la Asamblea
Legislativa para que sea elevado a rango de ley, establece que se beneficiará,
entre otros, a: “personas sancionadas por delitos establecidos en la Ley 1008
cuya pena no exceda los 10 años, que haya sido su primer delito y que haya
cumplido una tercera parte de su condena”.
La
legisladora recordó que la ley 1008 es dura con los fabricantes y traficantes
de estupefacientes para los cuales se prevé sanciones de 5 a 25 años de cárcel,
y castiga por igual a los denominados traficantes “inducidos”, es decir
aquellos que fueron captados por el narcotráfico por sus necesidades
económicas; por lo que será necesario hacer un análisis exhaustivo de los casos
que hoy se encuentran en “una misma bolsa”.
El
Decreto Supremo que el próximo sábado podría ser elevado a rango de Ley por la
Asamblea Legislativa, respecto a los privados de libertad, deberá diferenciar
claramente entre narcotraficantes, fabricantes de estupefacientes y traficantes
“inducidos”, analizando los alcances de la misma, explicó Rek.
Situación
de los presos políticos y ciudadanos con detención preventiva.-
Rek
dijo además que todos los presos políticos acusados falsamente por los
denominados caso Porvenir y Terrorismo deberían ser de inmediato indultados,
porque ambos hechos fueron montados por los abogados de la red de corrupción de
los Ministerios de Gobierno y de la Presidencia, como se vino denunciando desde
hace tiempo atrás y que hoy se hizo público gracias al caso del norteamericano
Jacob Ostreicher.
Recordó
que los presos políticos por esos dos casos montados son consecuencia de una
política de Estado que no tienen ningún sustento jurídico, por lo que debería
aplicarse la ley y liberarlos de inmediato; sin embargo existiría la intensión
de mantenerlos detenidos.
Si
bien el decreto “establece que las personas detenidas de manera preventiva
podrán acceder al indulto siempre y cuando tengan sentencia mediante
procedimiento abreviado dentro de los 120 días posteriores a la norma
promulgada y se sometan a las condiciones señaladas”; Rek dijo que eso
significaría que muchos detenidos injustamente primero deberán declarase
culpables, situación extrema luego de todas la penurias que ya vienen
sobrellevando en las cárceles, hecho que se convierte en una doble pena,
considerando que una mayoría son inocentes.
Esa
situación de persecución y amedrentamiento con detenciones indebidas, fue
denunciada desde la oposición de manera permanente ya que la red de corrupción
que se montó al interior del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia
tuvo el objetivo de judicializar la política y perseguir a todo
opositor al actual régimen de gobierno, recordó Rek.
“Los
detenidos preventivamente, primero deberán pasar a un proceso abreviado,
declararse culpables y recién podrían ser incluidos en el beneficio del
Decreto, situación que es una exageración porque ya están presos cumpliendo
penas por delitos que no cometieron, por delitos que fueron montados desde la
red de corrupción del Ministerio de Gobierno”, sentenció Rek.
Finalizó
indicando que todos los casos donde existe una directa intervención del equipo
de extorsión del Ministerio de Gobierno y que hoy sufren retardación de
justicia, deberían ser incluidos en el Decreto de manera directa, y no pasar
por el proceso abreviado.
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