Un bufete de abogados radicado en Washington informó ayer que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acusar al Estado boliviano de violar los derechos humanos del estadounidense Jacob Ostreicher al mantenerlo encarcelado injustamente.
Entretanto, el congresista demócrata Jerrold Nadler anunció que envió una carta a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, pidiéndole que insista para que las autoridades bolivianas concedan justicia a Ostreicher, cuyo caso calificó como “un error serio de justicia”.
Ostreicher solicitó a los tribunales su liberación, pero el pasado lunes la decisión fue postergada por procedimiento.
El empresario estadounidense se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Santa Cruz hace 18 meses, por sospechas de lavado de dinero del narcotráfico, sin que hasta la fecha la Fiscalía haya formulado cargos penales en su contra.
Según reporte de la agencia AP, en Washington, el bufete Paton Boggs dijo en un comunicado que solicitó el miércoles a la CIDH su “asistencia para revertir los actos y omisiones del Gobierno boliviano, que ha violado y continúa violando los derechos del señor Ostreicher”.
La CIDH no respondió a un correo electrónico enviado por AP para obtener una confirmación.
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo ayer que “hemos exhortado al Gobierno boliviano, repetidamente durante el proceso, a garantizar un proceso judicial justo, transparente y expedito en el caso del señor Ostreicher. Hemos transmitido el mensaje directamente en muchos, muchos puntos. Y seguimos visitándolo periódicamente”.
Los congresistas Chris Smith, republicano, y la demócrata Nydia Velásquez también intercedieron la semana pasada ante funcionarios bolivianos en La Paz. El actor y activista estadounidense Sean Penn estuvo también esta semana en Bolivia para pedir la liberación del empresario y dijo que entregó pruebas a Morales de que el detenido era víctima de extorsión.
“Es una cuestión de justicia, pero sobre todo de derechos humanos”, enfatizó ayer Velásquez en rueda de prensa, en la que también anunció el envío de una carta firmada por varios de los miembros del legislativo estadounidense en la que piden al presidente de Bolivia, Evo Morales, su intercesión.
Ostreicher denunció haber sido víctima de una red de extorsionadores integrada por funcionarios de dos ministerios y con nexos en los tribunales y el Ministerio Público. Además, denunció que otros funcionarios del Gobierno vendieron ilegalmente 18 toneladas de arroz y ganado que la justicia le incautó temporalmente.
Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía ante estas denuncias derivó ayer en la detención de otros dos presuntos implicados, el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas y del exdirector de la Dirección de Administración y Control de
Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz Moisés Aguilera, con los que suman nueve los recluidos por su participación en la red, entre ellos dos exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y dos fiscales.
El fiscal Fernando Cabrera, quien es parte de la comisión de fiscales a cargo de este caso, dijo que Boris Villegas era el brazo operativo del Ministerio de Gobierno y era “quien realizaba los operativos en diferentes lugares con el poder que tenía”.
En el caso de Aguilera, dijo que éste presuntamente comercializó una parte del arroz incautado al estadounidense en complicidad con la red de extorsionadores.
Villegas, a Palmasola
• El exfuncionario del Ministerio de Gobierno fue enviado a la cárcel junto con otros dos sospechosos.
Villegas dice que sólo cumplió órdenes
El exdirector de Régimen del Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas aseguró ayer ante los medios de comunicación, luego de que un juez determinó su detención en el penal de Palmasola, que el sólo cumplió órdenes, por lo que pidió, sin dar nombres, que también sean citados a declarar sus superiores, viceministros y ministros.
El exfuncionario, brazo operativo del Ministerio de Gobierno, identificado como líder de la presunta red criminal junto a dos exasesores jurídicos de esa cartera de Estado, señaló que esas órdenes eran relativas a “proteger la seguridad de Estado” y no están relacionadas a acciones ilegales.
“Han sido casos de tema de seguridad de Estado y quienes tienen que dar la cara por esos casos de seguridad de Estado tienen que ser mis superiores, lo que sí se tiene que averiguar y se tiene que convocar a las personas para que respondan por los casos de seguridad de Estado en los cuales yo he estado involucrado, pero yo no puedo hacerlo, tienen que hacerlo las personas; ministros y viceministros que vengan a decir qué es lo que han indicado en esos casos”, afirmó Villegas ante la prensa.
El exdirector de Régimen Interior es sindicado por la presunta comisión de cinco delitos: organización criminal, concusión, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.
Aseguró ser inocente de las acusaciones “infundadas” en su contra dentro esta presunta red de extorsionadores y acusó al exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico de haber armado esta tramoya en su contra.
Indagaciones sobre la red delictiva
* INSEGURIDAD. Yimmy Montaño, el abogado de Jacob Ostreicher, denunció ayer que su cliente ha recibido visitas irregulares en su pieza de la clínica Incor de la ciudad de Santa Cruz, acciones que a su criterio ponen en riesgo la vida de Ostreicher. “Hay una situación de inseguridad, hay personas que han estado visitando la habitación de mi cliente y que no tienen nada que ver. Esa situación nos preocupa, nos llama la atención y pone en riesgo su vida”, afirmó Montaño al anunciar que presentarán una denuncia en contra de las personas que estarían realizando las innecesarias visitas.
* DECLARACIÓN. El exinspector de la Dircabi en Montero, Miguel Gutiérrez Solíz, que se encontraba prófugo tras ser sindicado como el responsable de retirar de los ingenios el arroz incautado a Ostreicher, se entregó ayer.
* SACHA LLORENTI. El exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas dijo que asistirá a declarar si se le convoca dentro de las investigaciones de la red de extorsión y no quiso referirse a los exasesores del Ministerio de Gobierno detenidos por su participacion en la red. “Miren, no me voy a referir a nadie en particular, ustedes ya saben, tienen toda la información y ojalá que las autoridades correspondientes hagan una investigación comprometida”.
* MORALIZACIÓN. El comandante General de la Policía, Alberto Aracena, anunció el inicio de un proceso de moralización y un impulso de los valores en la entidad policial, para prevenir delitos de corrupción y ayudar a desarticular la red de extorsión descubierta por el Ministerio de Gobierno.
Investigaciones
La Asamblea Legislativa decidió no conformar ninguna comisión que investigue la red de extorsión que operaba al interior del Ministerio de Gobierno. La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), dijo que una comisión legislativa podría “politizar” el tema.
“Creemos que no es necesario la conformación de una comisión en este momento, porque ya hay una comisión de fiscales. En este momento instalar una comisión de la Asamblea, en lugar de facilitar el proceso, lo que puede librar es que se politice el tema innecesariamente, cuando el caso ha sido denunciado por el propio Ministerio de Gobierno”, indicó.
El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados también se definió no conformar ninguna comisión que investigue este hecho. El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas (MAS), dijo, igualmente, que ello “politizaría” el caso, por lo que se optó por la sola emisión de peticiones de informe escrito para autoridades.
Aprehenden a funcionarios en Beni
Trinidad | Abi
Funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), fueron aprehendidos en Guayaramerín y La Paz por supuesta corrupción.
El director ejecutivo de Ademaf, Jerges Mercado, dijo que las personas aprehendidas en Guayaramerín y luego traídas hasta Trinidad son Sonia Saucedo, exfuncionaria de esa entidad, y una familiar de ésta, Hilda Mancilla.
Mientras que en La Paz se aprehendió a Hernán Tadeo Gallardo, exdirector de Dircabi.
Según Mercado, esas personas están acusadas de uso indebido de influencias, usurpación de funciones, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Dijo la exfuncionaria de Ademaf que a nombre de la institución solicitó una maquinaria pesada que estaba incautada en Dircabi y que era utilizada por Mancilla.
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