reclama El Deber que las denuncias de un coronel del Ejército sean tomadas en cuenta e investigadas en lugar de descalificarlo y no hacer nada.

No sorprende que personeros del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público hayan coincidido en descalificar al coronel Germán Cardona y sus denuncias sobre el ‘caso terrorismo’ y sobre otros hechos nunca esclarecidos, porque, desde hace tiempo ya, diversos operadores políticos vienen pergeñando todo tipo de maniobras para excluir al Gobierno de procesos en los que está claramente implicado. 

Por el solo hecho de haber tenido alguna responsabilidad en el manejo de armamento custodiado por la institución castrense, el coronel Cardona debería ser considerado un testigo clave en un juicio cuyo conjunto de pruebas incluya armamento de similares características, como el encontrado en el estand de Cotas. Si Cardona testificara que estas armas fueron retiradas de la Octava División por funcionarios del Gobierno y luego ‘sembradas’ como prueba contra los imputados, y si también se incluyeran otros testimonios –como el del exfiscal Marcelo Soza– que sustentan la misma hipótesis, el juicio por terrorismo terminaría de derrumbarse.

Lejos de querer considerar tan importantes elementos, la justicia boliviana se empeña en llevar adelante un proceso judicial plagado de irregularidades, donde se da cabida a testigos –como ‘El Viejo’– que han cambiado su versión de un momento a otro, donde hasta se inculpa a ciudadanos por haber vendido armas en desuso a los supuestos terroristas. Pero no nos engañemos: Cardona jamás será convocado a declarar, porque la justicia ya desestimó hace tiempo el posible montaje gubernamental del caso, ignorando abundante evidencia de ello. 

Todo parece indicar que el juicio de marras seguirá su curso inalterable hasta declarar culpables a los acusados, sin importar que se han pisoteado principios fundamentales del derecho penal. A los operadores de justicia les resulta conveniente, entonces, desacreditar a Cardona, tildándolo de loco o argumentando que sus denuncias son extemporáneas. Sin embargo, la versión de Cardona ya ha tenido repercusiones dentro y fuera de nuestras fronteras, porque un mínimo de sensatez indica que lo que él denuncia ameritaría, cuando menos, una exhaustiva investigación. Los operadores políticos del régimen gobernante deberían haber aprendido que el electorado, más temprano que tarde, castiga en las urnas la falta de transparencia, por lo que convendría no tomar tan a la ligera cualquier denuncia que surja desde el interior de sus propias estructuras