Dos semanas de descanso y encuentro asuntos a granel que hacen a la problemática nacional. El primero imposible de ser tratado a la ligera en las 720 palabras que nos permite este espacio, da lugar tan sólo a mencionar que tanto Naciones Unidas como los Estados Unidos han expresado justificadas críticas contra la intención del Presidente Morales, quién ejerce el doble rol de líder de los productores de coca y de Primer Funcionario de Bolivia, de aumentar los sembradíos de 12 a 20 mil hectáreas siendo que existen compromisos solemnes en contra de tal medida. No podrá funcionar la despenalización de la hoja de coca, hasta tanto no se pueda probar científica e inobjetablemente la inocuidad del arbusto. La llamada “diplomacia de la coca para desatanizarla” no arranca, ni se avisora resultado alguno, de modo que no existe otra vía, que la de ejecutar la erradicación y asumir mano de hierro contra los narcotraficantes.
La esperanza de ver convertida a YPFB en una empresa moderna para explorar, explotar y administrar los hidrocarburos, que signifique una garantía de manejo transparente, honesto y absolutamente responsable se está convirtiendo en decepción y rabia porque exactamente igual que en el pasado se quiere hacer de Yacimientos un conglomerado de empleos para colocar a los masistas, cual ocurrió en su momento con movimientistas, miristas, adenistas que la convirtieron en la más pesada carga burocrática improductiva, al punto que fue necesaria rematarla y entregarla al capital foráneo para librar al Tesoro de la Nacional de la permanente succión de inexistentes recursos.
En un momento dado YPFB llegó a contar con seis mil funcionarios, sólo el 25% en tareas productivas, la gran mayoría supenumerarios pululando en las oficinas y siempre dispuestos a cobrar jugosos salarios así se tratase de no hacer nada. Al paso que vamos, y a estar por bien documentadas denuncias, la “nueva burocracia del MAS” va engrosando filas, con hermanos, primos, compadres, ahijados, de diputados, dirigentes cocaleros, subsecretarios y directores, contrariando las juradas promesas de Evo Morales de terminar con la corrupción, el cuoteo, la repartija de prebendas entre los adherentes al sistema.
Quién podría poner en duda, que el tráfico de recomendaciones, es una forma de pagar favores recibidos o promesas de lealtad partidaria, no ya al líder nacional, sino al caudillo regional, al mandamáses, al “operador de turno”, ya que los buscapegas gratifican a su benefactor con parte del salario, con el voto, con el respaldo en las movilizaciones, asambleas y toda clase de artimañas de las que parecía estábamos a salvo. Debería promulgarse una ley y hacerla cumplir prohibiendo las recomendaciones, como sucede en éstos países con una democracia militante y vigilante. El que recomienda es tan corrupto como el que solicita una recomendación, sin importar si vale para tres meses de trabajo sujeto a contrato, para ser renovado una y otra vez, burlando las leyes laborales, curiosamente manipuladas por entidades que son propiedad del Estado.
Persiste el clamor popular para castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito, no tanto por venganza y revanchismo cuanto por imperio de la Ley y de justicia debida, castigo que tiene que ir precedido de un proceso firme, pero ajustado al procedimiento penal. Veamos los dos casos más notables el de José María Bakovic al que tuvieron más de un mes en una celda, a todas luces inocente fue víctima del afán de mostrar que “todos los corruptos irán a la cárcel” y el de Chito Valle, al parecer culpable de daños cuantiosos al Estado e innegablemente inmerso en las redes banzeristas de enriquecimiento ilícito, no llegó a estar en San Pedro sino unas pocas horas. Y es que se confunde el concepto de hacer justicia con meter a la cárcel. En el primer caso tiene que funcionar la racionalidad, los procedimientos que pongan sobre la mesa del jurado elementos probatorios, como lo ha señalado acertadamente Los Tiempos en editorial reciente, de tal modo que la justicia no se convierta en “una picota donde se expone la cabeza de los acusados”. Como estos principios no están siendo aplicados se tiene el bochorno judicial cuando se enfrenta un tribunal con otro, creando confusión ante los ciudadanos y menoscabo de la Justicia ante la mirada atenta de magistrados y políticos de otros países que observan lo que pasa en Bolivia. Aún cuando existe la esperanza de que el proceso continúe en algún momento hasta establecer la culpabilidad del acusado, por el momento, como ya sucedió en casos precedentes el Ministerio Público ha sufrido un revés por la premura e improvisación con que provocó el bochorno.
La esperanza de ver convertida a YPFB en una empresa moderna para explorar, explotar y administrar los hidrocarburos, que signifique una garantía de manejo transparente, honesto y absolutamente responsable se está convirtiendo en decepción y rabia porque exactamente igual que en el pasado se quiere hacer de Yacimientos un conglomerado de empleos para colocar a los masistas, cual ocurrió en su momento con movimientistas, miristas, adenistas que la convirtieron en la más pesada carga burocrática improductiva, al punto que fue necesaria rematarla y entregarla al capital foráneo para librar al Tesoro de la Nacional de la permanente succión de inexistentes recursos.
En un momento dado YPFB llegó a contar con seis mil funcionarios, sólo el 25% en tareas productivas, la gran mayoría supenumerarios pululando en las oficinas y siempre dispuestos a cobrar jugosos salarios así se tratase de no hacer nada. Al paso que vamos, y a estar por bien documentadas denuncias, la “nueva burocracia del MAS” va engrosando filas, con hermanos, primos, compadres, ahijados, de diputados, dirigentes cocaleros, subsecretarios y directores, contrariando las juradas promesas de Evo Morales de terminar con la corrupción, el cuoteo, la repartija de prebendas entre los adherentes al sistema.
Quién podría poner en duda, que el tráfico de recomendaciones, es una forma de pagar favores recibidos o promesas de lealtad partidaria, no ya al líder nacional, sino al caudillo regional, al mandamáses, al “operador de turno”, ya que los buscapegas gratifican a su benefactor con parte del salario, con el voto, con el respaldo en las movilizaciones, asambleas y toda clase de artimañas de las que parecía estábamos a salvo. Debería promulgarse una ley y hacerla cumplir prohibiendo las recomendaciones, como sucede en éstos países con una democracia militante y vigilante. El que recomienda es tan corrupto como el que solicita una recomendación, sin importar si vale para tres meses de trabajo sujeto a contrato, para ser renovado una y otra vez, burlando las leyes laborales, curiosamente manipuladas por entidades que son propiedad del Estado.
Persiste el clamor popular para castigar la corrupción y el enriquecimiento ilícito, no tanto por venganza y revanchismo cuanto por imperio de la Ley y de justicia debida, castigo que tiene que ir precedido de un proceso firme, pero ajustado al procedimiento penal. Veamos los dos casos más notables el de José María Bakovic al que tuvieron más de un mes en una celda, a todas luces inocente fue víctima del afán de mostrar que “todos los corruptos irán a la cárcel” y el de Chito Valle, al parecer culpable de daños cuantiosos al Estado e innegablemente inmerso en las redes banzeristas de enriquecimiento ilícito, no llegó a estar en San Pedro sino unas pocas horas. Y es que se confunde el concepto de hacer justicia con meter a la cárcel. En el primer caso tiene que funcionar la racionalidad, los procedimientos que pongan sobre la mesa del jurado elementos probatorios, como lo ha señalado acertadamente Los Tiempos en editorial reciente, de tal modo que la justicia no se convierta en “una picota donde se expone la cabeza de los acusados”. Como estos principios no están siendo aplicados se tiene el bochorno judicial cuando se enfrenta un tribunal con otro, creando confusión ante los ciudadanos y menoscabo de la Justicia ante la mirada atenta de magistrados y políticos de otros países que observan lo que pasa en Bolivia. Aún cuando existe la esperanza de que el proceso continúe en algún momento hasta establecer la culpabilidad del acusado, por el momento, como ya sucedió en casos precedentes el Ministerio Público ha sufrido un revés por la premura e improvisación con que provocó el bochorno.
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