Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia. Por las características del blog, este acontecimiento va resumido con un punto de vista periodístico.Nos referimos al llamado decreto de reforma agraria como autodefine el Gobierno de "Revolución Agraria", que en la práctica establece formas de control social sobre la tierra, que en opinión de los agro-industriales del Oriente será la manzana de la discordia, el factor de inseguridad jurídica, mientras que para el Gobierno será la forma de acabar con la corrupción y la burocracia. No se puede entender, que otra vez más, la Administración introduzca un nuevo factor de disenso y controversia por lo que la pelea apenas comienza. El texto está contenido en El Mundo de S.C.
El presidente de Bolivia promulgó ayer un decreto para afianzar su "revolución agraria", que prevé la expropiación de tierras ociosas para repartirlas a los indígenas y es resistida por los sectores empresariales.
Además de presentar el decreto, Morales repartió a campesinos títulos agrarios por 70.000 hectáreas en la localidad de Ucureña, situada en el centro del país, y proclamó el 2 de agosto como el Día de la Revolución Agraria.
En su aspecto más polémico, la norma permite la confiscación de las tierras que el gobierno considere ociosas y que no cumplan una "función económica social", lo cual ha sido rechazado por los poderosos gremios agrícolas del departamento oriental de Santa Cruz.
El nuevo reglamento, según el viceministerio de Tierras, establece el "control social" sobre los trámites agrarios, una "efectiva lucha contra el fraude y la estafa" y no permite acaparar tierras ni especular con ellas. El mandatario destacó que en un año y medio su gobierno ha titulado 5,5 millones de hectáreas con un gasto de 5 a 6 millones de dólares.
Comparó esas cifras con las logradas por "gobiernos neoliberales" que desde 1996 titularon 9 millones de hectáreas con un coste, según dijo, de 90 millones de dólares, lo cual muestra que antes "se robaba plata (dinero) y era un negocio".
Desde que Morales es presidente también se han repartido a indígenas 500.000 hectáreas de tierras fiscales, frente a las 36.000 hectáreas reportadas en los diez años anteriores.
La ley de tierras y su reglamento son resistidos por los organismos empresariales de Santa Cruz, entre ellos la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), cuyo presidente, Gabriel Dabdoub, dijo a la prensa que todo proyecto "que nace sin consenso de las partes queda en la nada".
Dabdoub señaló que "los agropecuarios no invertirán y no habrá producción, no porque no quieran invertir, sino porque no hay garantías". Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mauricio Roca, explicó que el decreto matará a los empresarios agroindustriales porque generará inseguridad jurídica e inviabilizará el sector agropecuario
