la experiencia que ha ganado América Latina tras muchos golpes de Estado y fruto de 30 años de incesante búsqueda de la democracia permitirán que el caso de Bolivia sea considerado sin demora por la comunidad internacional y por instrumentos legítimos como la OEA para evitar que la crisis política, económica y social que se vive en Bolivia sea el germen de nuevos enfrentamientos.
Y es que la apelación de un alto dignatario de Estado que no pertenece al MAS ante los organismos internacionales que actúan en defensa de la democracia dará lugar a la activación de los mecanismos que tradicionalmente preservan la democracia entre los que se considera la urgencia de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que dará como resultado la actuación de la diplomacia al más alto nivel hasta obtener la institucionalización pasando por resolver la ruptura del proceso democrático que hizo eclosión con los sucesivos cercos al Congreso de la República y la intervención del Ejecutivo a la Asamblea Constituyente. En suma el poder central ha terminado por someter al Legislativo y al Judicial que han perdido su independencia y el debido equilibrio base del mecanismo democrático.
Por si fuera poco la crisis política está permitiendo ahondar la crisis económica al punto que pronósticos serios consideran que la inflación durante la gestión llegará al 20%, el desempleo será aún mayor ante la ausencia de inversiones y la imposibilidad de cumplir acuerdos por la exportación de energéticos, es más, un marcado desabastecimiento empieza a preocupar a los consumidores de gas y petróleo.
No se puede negar el deterioro de la democracia al haber descabezado el Tribunal Constitucional y menudeado el mal trato a los magistrados de Justicia desconociendo el Gobierno de Morales Ayma elementales normas establecidas en documentos signados por Bolivia, por tanto que son de su cumplimiento obligatorio.
Se menciona asímismo en la apelación que motiva este artículo la proximidad a la tiranía de los medios destinados a informar en todo el espectro de la noticia y la opinión, por ello organismos de la prensa han protestado por el amedrentamiento y violencia de que son víctimas.
La Iglesia Católica y Derechos Humanos han pedido el cese inmediato de los linchamientos, torturas y quemas vivas de personas, y el esclarecimiento de los hechos de sangre no resueltos y que tienen que ver con la violencia desatada por sectores del MAS. La Conferencia Episcopal ha expuesto sus observaciones sobre la llamada NCPE que no constituye un pacto de unidad entre todos los bolivianos y del malestar entre quienes no se consideran representados en el texto.
Se puede advertir que los principios de libertad, igualdad y justicia social no están siendo promovidos adecuadamente más por el contrario están siendo violados en forma sistemática.
El reclamo por el cumplimiento de la leyes que hacen a la seguridad, a la objetividad, a la institucionalidad es reiterativo y absolutamente actual, porque la violencia ejercida contra parlamentarios de la oposición para impedir su presencia en el parlamento, son prueba inequívoca de la inexistencia del pluralismo democrático y confirmación de no existir la independencia de poderes.
La apelación que circula en todas las cancillerías, y ante todos los gobiernos democráticos tanto del viejo como del nuevo mundo es una pormenorizada denuncia frente a inocultables acciones del gobierno de Morales Ayma donde se ha perdido el sentido integrador de la política y desterrado el consenso, sin ningún respeto por la discrepancia y la diversidad.
Es realmente triste que se hubiera tenido que llegar al extremo de presentar los problemas internos de Bolivia ante la mesa de organismos internacionales que si bien, no son extraños a la problemática boliviana se hubieran podido reservar para acudir a ellos en demanda de apoyo a planes de desarrollo y superación del colectivo nacional.
Mauricio Aira
