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sábado, 21 de junio de 2008

Potosí es uno de los tres departamentos que no tienen en su mira la autonomía

Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia. Por las características del blog, este acontecimiento va resumido con un punto de vista periodístico. Por ello Potosí reclama un trato justo y equililibrado de parte del Estado en su economía, aunque también es cierto que algún sector como los cooperativistas (que de tales tienen sólo el nombre. en realidad de trata de caudillos, con unos pocos jefes, dueños de la explotación y que tienen como asalariados a peones dóciles sin seguridad laboral y sí con muchas obligaciones, como lo denunciamos en su momento, en ocasión de la Masacre de Huanuni) han sido tratados privilegiadamente sin obligación de tributar y sin obligación de proveér seguridad física y social a los mineros. Tienen que ser tratados de igual a igual ante la ley, y tienen que respetar el principio de autoridad, de ninguna manera estaremos de acuerdo con sus excesos, muchos menos con la destrucción del patrimonio del Estado. Tiene que imponerse la cordura.

Decenas de trabajadores mineros tomaron al menos tres oficinas estatales, entre ellas la Prefectura, en la ciudad de Potosí, a 574 km al sur de La Paz, exigiendo al gobierno beneficios tributarios para el sector, informó una fuente oficial.
La Prefectura, la Corte Departamental Electoral e Impuestos Nacionales han sufrido la interrupción de sus labores en la mañana de este viernes, informó el delegado presidencial en Potosí, Víctor Hugo Llanos.
Los mineros privados, agrupados en cooperativas, hicieron explotar fulminantes de dinamita en la plaza de Armas de la ciudad, donde la Prefectura, la principal entidad estatal regional, tiene sus oficinas, reportó la radio católica.
La policía, presente en el lugar de los incidentes, no frenó las violentas manifestaciones.
Los trabajadores mineros sostienen desde el lunes un corte de rutas que ha aislado a Potosí, la histórica ciudad minera boliviana, con los poblados de Sucre (sudeste) y Oruro (sur), ante la falta de un acuerdo con el poder Ejecutivo.
Los mineros privados se oponen a pagar un impuesto al valor agregado que, según el gobierno, sólo afecta a las exportaciones mineras y no a los productores.
El gobierno de La Paz intentó en varias ocasiones superar el conflicto, pero no fue posible por la negativa de los mineros a pagar impuestos.
Las exportaciones mineras de Bolivia aumentaron de 150 a 1 mil 200 millones de dólares el año pasado.