Páginas vistas en total

jueves, 31 de julio de 2008

ahora va en serio. el fiscal general acusa a ministro rada por la masacre de la calancha

Primera Plana pone ante sus ojos, la noticia, el acontecimiento mayor de cada dia ocurrido en Bolivia. Por las características del blog, este acontecimiento va resumido con un punto de vista periodístico. El Fiscal General de la República, Mario Uribe, solicitó, este jueves a la Corte Suprema de Justicia tramitar la autorización congresal para abrir juicio de responsabilidades contra el actual ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y otros ex altos mandos policiales por el denominado caso "la Calancha".

En conferencia de prensa, Uribe presentó el requerimiento acusatorio en contra del ministro Rada, el ex comandante General de la Policía, Miguel Vásquez Viscarra, el ex jefe de Operaciones, general Jorge Espinoza Salinas y el coronel José Galván Flores, ex comandante Departamental de Chuquisaca. En su requerimiento, que excluye al presidente Evo Morales, el Fiscal General acusa al ministro Alfredo Rada por los delitos de Genocidio en su forma de Masacre Sangrienta, y por haber incurrido en resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, ambos sancionados por el Código Penal. Asimismo, solicitó el juzgamiento del ex comandante de la Policía Miguel Vásquez Viscarra por los delitos de Genocidio en su forma de Masacre Sangrienta; Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, además del Favorecimiento de la Evasión. Mientras, el coronel José Galván, ex comandante de la plaza policial de Chuquisaca fue acusado por los mismos delitos por los cuales se imputa al ex comandante Vásquez Viscarra. Los hechos que son objeto en la acusación están relacionados con la ola de disturbios que se produjo en la ciudad de Sucre a fines del mes de noviembre del pasado año, cuando miles de manifestantes protestaban contra las resoluciones de la Asamblea Constituyente. En esa ocasión, resultaron muertas dos personas por impacto de armas de fuego que, según la investigación, coinciden con el calibre de rifles de asalto utilizados por fuerzas de elite de la Policía Nacional; una tercera víctima falleció a consecuencia del impacto de una granada de gas lacrimógeno. La acusación también pretende sancionar el abandono de las fuerzas policiales de la ciudad de Sucre, lo que provocó una fuga masiva de reos del penal de San Roque de esta ciudad.