Como era de temer desde que el gobierno central decidió declarar la guerra diplomática a Estados Unidos, no sólo expulsando a su Embajador, sino alineándose de manera franca y decidida con los regímenes más adversos a la potencia del norte, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha propuesto suspender para Bolivia los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas (ATPDEA) por no haber cooperado en la lucha contra el narcotráfico.
Las consecuencias negativas de esta medida son enormes. Según cálculos preliminares, se eliminarán más de 50.000 fuentes de trabajo y serán 528 las empresas perjudicadas, la mayor parte de ellas pequeñas y medianas de El Alto. La suerte que les espera es aún más penosa si se considera que son fruto de muchos años de heroicos esfuerzos de empresarios que, superando los cotidianos avatares, lograron salir adelante constituyéndose en todo un símbolo de la Bolivia productiva, pujante y emprendedora; esa Bolivia que poco a poco está dejando de existir. Sin embargo, es probable que los más afectados no sean los empresarios.
Muchos de ellos, como ya lo han anunciado, podrán trasladar sus capitales, sus maquinarias, su experiencia y conocimientos a países vecinos que sí quieren dar mejores oportunidades a sus habitantes. Perú y Chile, entre otros, los acogerían con los brazos abiertos. Pero no serán tan bienvenidos los trabajadores, gente que durante años fue capacitada hasta adquirir habilidades poco comunes en nuestro medio, que de nada les servirán cuando tengan que engrosar las filas de desempleados.
Todos ellos, empresarios y trabajadores, tendrán que afrontar la amarga sensación de haberse equivocado. Se arrepentirán, sin duda, de haber confiado en la posibilidad de mejorar su suerte y la de sus familias optando por la honrada actividad productiva. Es decir, el golpe caerá no sólo sobre la base productiva de nuestra sociedad sino, lo que es aún peor, el espíritu y los ánimos de los mejores bolivianos, los que producen en vez de delinquir o dedicar sus esfuerzos a apoderarse de una porción de los recursos públicos. Tan grave como lo anterior es la otra cara del problema. Es que con el mismo vigor con que se desmantela la industria de textiles, joyas, muebles y otros productos, se dinamiza la de la cocaína. ¿Cuántos de esos trabajadores a los que se arroje a la calle encontrarán mejor refugio que un laboratorio de pasta base? La respuesta que el gobierno ofrece para paliar esta funesta consecuencia de sus actos es penosa por lo desproporcionada en términos económicos, y peligrosa en términos geopolíticos.
Propone sustituir el mercado estadounidense, por ejemplo, con el venezolano o el iraní, cuando las cifras de nuestros vínculos con esos países muestran la ridiculez de esa pretensión. A juzgar por los resultados, la Alternativa Bolivariana para las Américas impulsada por el régimen venezolano ha sido un rotundo fracaso y no hay nada que permita suponer que la situación variará en el futuro inmediato. Por lo menos no en la medida necesaria para paliar el costo económico de distanciarse del mercado norteamericano. Desgraciadamente, todo indica que estamos ante un ejemplo más de que el gobierno de Evo Morales ha optado por un camino que, por la experiencia propia y ajena, ya sabemos a dónde conduce: al empobrecimiento colectivo y el aislamiento internacional.
