Crisis en Bolivia:
detienen a la hermana del gobernador opositor de Santa Cruz
La funcionaria María Costas, hermana de Rubén Costas, está acusada de varias delitos por la demolición de viviendas sociales que Evo Morales adquirió con presuntas irregularidades. Sospechan de una venganza política.
Costas es directora de Regulación Ciudadana de la alcaldía de Santa Cruz, y junto con ella fue detenida Isabel Vera, jefa de control de edificaciones. Ambas fueron sindicadas por el Ministerio Público de los presuntos delitos de "uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes", reseñaron la agencia estatal boliviana ABI.
Costas y Vera fueron detenidas porque no se presentaron a una primera citación judicial de la fiscalía de Santa Cruz, que investiga la demolición de unas 220 viviendas el pasado 28 de octubre que eran construidas por el gobierno de Evo Morales para personas de escasos recursos económicos de Santa Cruz. De acuerdo al Ministerio Público, las dos ex funcionarias podrían ser sancionadas con dos a seis años de cárcel en caso de encontrarles culpabilidad en la demolición ilegal de 220 viviendas ocurrida el 28 de octubre en el municipio de Warnes.
El Gobierno presentó el pasado jueves una querella criminal contra los responsables de la destrucción del proyecto habitacional, denuncia en la que también pide la detención del alcalde cruceño Percy Fernández -quien hoy debe declarar en la causa- por los presuntos delitos de desobediencia a amparos constitucionales, destrucción en complicidad e incumplimiento de deberes.Las viviendas sociales tenían que ser entregadas a fines de octubre por el presidente Evo Morales a familias que no tenían techo propio.
Este caso provocó una segunda investigación judicial que estableció irregularidades y signos de corrupción en la compra del terreno donde se edificaron las 220 viviendas sociales, lo cual compromete a funcionarios del Viceministerio de Vivienda.La cooperativa Sudamericana de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra adquirió por unos 400.000 dólares el terreno, que fue transferido al Viceministerio de Vivienda por unos 2 millones de dólares.
También existen indicios del uso de material de mala calidad y de la aplicación de sobreprecios. El gobierno boliviano precisó que se gastaron unos 2,2 millones de dólares, pero el colegio de arquitectos de Santa Cruz realizó una evaluación técnica que señala que, en realidad, sólo fueron utilizados unos 350.000 dólares.
Fuente: Télam
