Al menos 16 personas fueron muertas este año por la aplicación de la justicia "a mano propia" en diferentes regiones de Bolivia, aspecto que provocó un debate en ámbitos judiciales tras la reciente quema y linchamiento de once presuntos ladrones en Achacachi, poblado ubicado en el altiplano de La Paz. "Nuestro Poder Judicial está en crisis. La gente no cree en la justicia ordinaria. Una reciente encuesta determinó que seis de diez personas señalaron que la justicia es para los que tienen dinero", comentó el viceministro de Justicia Comunitaria, Valentín Ticona.
La autoridad no justificó el ajusticiamiento que hubo en Achacachi de presuntos ladrones, cuyo botín habría sido hallado en el interior de un bus incendiado por los enfurecidos pobladores de la localidad que está a unos 81 kilómetros al noroeste de La Paz. "No podemos confundir justicia comunitaria con linchamiento y asesinatos. Están insultando a la cultura indígena y originaria. La justicia comunitaria es un sistema que regula la vida en las comunidades rurales y respeta la vida. No lincha ni mata", agregó.
La policía informó que seis hombres y cinco mujeres fueron detenidos por los pobladores de Achacachi por presuntos robos, y trasladados a un estadio de fútbol donde se intentó un masivo linchamiento con posterior quema de sus cuerpos.
Dos hombres murieron por quemaduras en el 75% de sus cuerpos, mientras que tres mujeres reciben curaciones en el hospital público de La Paz con quemaduras de primer, segundo y tercer grado.
Otras dos mujeres requieren atención especializada por tener quemaduras en varias partes de sus cuerpos, al igual que otros tres hombres. Sólo uno de los nueve detenidos por la policía de El Alto está a salvo.
El fiscal José Luis Quispe que investiga el caso anticipó que se abrirá causa por "robo agravado y asesinato".
También se supo que cinco de los nueve detenidos tienen prontuario policial por otros delitos y ellos pertenecían al "Clan Paucara" que operaba en El Alto, vecina ciudad de La Paz, y en varias poblaciones del altiplano paceño. "Un delito no se puede combatir con otro delito", subrayó el viceministro Valentín Ticona, quien pidió una investigación para dar con los autores intelectuales y los culpables del linchamiento en Achacachi.
Luis Vásquez, ex ministro de Justicia y actual senador de la agrupación opositora Podemos, advirtió hoy que "hay un descontrol de la sociedad por lo que están creciendo los crímenes en Bolivia".
El parlamentario es autor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que espera aprobación congresal. "Hay más delincuencia organizada ante una ciudadanía que está indefensa", agregó.
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió recientemente alarma y preocupación por la ola de linchamientos en Bolivia.
La organización recibió informes de casos de linchamientos ocurridos en San Ignacio de Velasco, que está en el departamento de Santa Cruz, y en poblaciones del Chapare y Epizana en el departamento de Cochabamba, que está en el centro de Bolivia.
Unas 12 personas murieron en esas tres poblaciones bolivianas, y organizaciones de derechos humanos reportaron que el año pasado se mató a 15 personas en diferentes ciudades. Los casos más dramáticos ocurrieron en El Alto, vecina ciudad de La Paz.
"La debilidad del aparato de justicia, sumada, en algunos casos, a la reacción tardía de los agentes de seguridad, favorece un cuadro de impunidad que alienta a la repetición de este tipo de conductas", advirtió la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
