¿Por qué se quiere callar a la Justicia?
Impresiona la declaración de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Para haber tenido que hacerlas públicas, es que la situación tiene que haber llegado a extremos insospechados.
No hay en los últimos 25 años de vida republicana una situación semejante. Ningún gobierno desde la recuperación de la democracia en 1982 ha tenido como ahora un enfrentamiento de las proporciones que estamos viendo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
En una de las partes sobresalientes del texto se dice que el Poder Judicial "se ve agredido y vulnerado en juicios de responsabilidades en contra de magistrados y ministros, con procesos que sólo buscan debilitar a uno de los Poderes del Estado" ante lo cual, mantiene su "convicción de la defensa invariable del Estado de Derecho, la democracia, sus valores y principios".
Está claro que esa agresión desatada desde el poder Ejecutivo tienen intenciones muy aviesas de supeditar al máximo Tribunal de Justicia a sus dictados y órdenes, que además están tratando de anular jurídicamente a todo opositor con vistas a las elecciones del año próximo, y de encubrir a la delincuencia del narcotráfico.
Más allá de esto, la indefensión de este órgano de Poder es cada vez mayor. Se destruyó al Tribunal Constitucional, se descabezó al Consejo de la Judicatura y ahora se va en pos de la propia Corte Suprema. ¿Con qué fines?
Es que las acciones desatadas desde el Palacio de gobierno, tienen un tinte claro de gente que no quiere una Justicia con libertad plena para asumir sus funciones. Y esos afanes solo son privativos de quienes tienen mucho que ocultar y encubrir. En realidad son conductas delincuenciales, propias de gente que está comprometida con el delito.
Y no son casualidades si observamos con detenimiento los pasos dados. Primero la anulación del Tribunal Constitucional ha dejado a todos los bolivianos en situación de indefensión de sus derechos básicos, nadie que sienta que sus derechos constitucionales están siendo transgredidos tiene en este momento justicia.
Luego con el pretexto de la dignidad y la conspiración se ha expulsado a USAID y al Embajador Norteamericano para inmediatamente deshacerse de la DEA. Lo que ha convertido a Bolivia en tierra libre para el narcotráfico. Las advertencias en este sentido de la propia Iglesia Católica sólo han tenido como respuesta oficial el insulto y las amenazas al mejor estilo gansteril.
No pasó mucho tiempo y el Consejo de la Judicatura está sin quórum para sesionar y sancionar actos como los que se vienen suscitando con las detenciones de dirigentes cívicos y el Prefecto de Pando, por jueces corruptos y venales.
Ahora es la propia Corte Suprema de Justicia. Si este pilar se tumba, nada ni nadie podrá detener la intolerancia, abuso e indefensión ciudadana. Estamos ante un momento en que el zarpazo de la garra masista puede acabar con el Estado de Derecho.
¡Tanto poder tiene ahora el narcotráfico que parece haber logrado por fin aprisionar al Palacio de Gobierno y dictar sus órdenes sin que haya autoridad que lo detenga! Si esto no llama a la movilización ciudadana, no sé qué podrá hacerlo.
El disfraz social con el que se encubre el Gobierno comienza a quedarle chico y ya no pueden evitar que se vean sus tentáculos saliendo de las mangas y mostrando sus nexos y sustentos reales. (De Dante Pino en Hoy Bolivia)
