Gregorio Cristóbal Carle (PD).- El uso alternativo del derecho – también conocido como justicia democrática- se manifiesta en la manipulación arbitraria de la ley al servicio de fines revolucionarios. Juan Evo Morales Ayma,, compañero de viaje del autócrata Chávez, sigue marcando y cumpliendo las pautas sectarias establecidas en su hoja de ruta para acabar definitivamente con cualquier signo de oposición a un proyecto de cambio anquilosado en los principios más rancios del materialismo histórico.
Ante los constantes atropellos e intromisiones del poder ejecutivo en la esfera judicial, el mandatario boliviano se ha topado con la férrea y necesaria reacción de los representantes de la justicia, vistos por el actual gobierno como un verdadero escollo para cumplir sus objetivos, en las antípodas del respeto a la libertad e independencia.
Así, el Presidente llega a confundir el deber de vigilancia con la grosera y descarada intromisión en sus asuntos, la obediencia a su carácter independiente con los ceses fulminantes y nombramientos a dedo de magistrados y jueces, o la necesidad del sagrado respeto a la ley con su manipulación al servicio de maquiavélicos e infames propósitos.
Ya en el año 2007 el máximo mandatario de Bolivia cometió la tropelía de dictar un decreto supremo por el que nombraba a dedo a nuevos magistrados de la Corte de Justicia., calificando días después a todo el poder judicial de corrupto. No contento con ello presionó al Presidente de dicha Corte, D. Hector Sandoval, para que presentara su renuncia al cargo, pero éste se mantuvo firme en el puesto. Después vino el enfrentamiento con el Tribunal Constitucional, que en el ejercicio de sus funciones, y ateniéndose a la ilegalidad de la medida gubernamental, la declaró nula. Dicha circunstancia sirvió a Morales para culpabilizar al máximo órgano judicial de prevaricación, promoviendo un juicio contra sus miembros por su supuesta “actuación irregular”.
Cualquier persona consciente de la vital importancia de la libertad debe sentir vergüenza y sonrojo ante la demagogia elocuente del Sr. Morales, un personaje que hace de la profanación al valor y significado de la justicia una constante política para luego, cínicamente, autoproclamarse adalid mundial en la defensa a ultranza de los derechos humanos – esos que tantas veces ha violado durante su mandato-
Pero la dialéctica esgrimida por el pésimo Evo y las arbitrarias decisiones adoptadas por su gobierno han terminado por evidenciar la meridiana intención de subvertir el derecho y la justicia a favor de los espúreos intereses revolucionarios y del partido que los sustenta…. lógico que le importe poco
La idea clave pasa por encarcelar a los máximos exponentes de la resistencia en las regiones del oriente, sin necesidad de garantizarles derecho alguno… y a fe que lo está consiguiendo. En estos momentos la ciudad de La Paz se ha convertido en un gran campo de concentración, donde se agolpan un sinnúmero de opositores arrestados de forma arbitraria, desinformados y desamparados en la obligada protección de sus derechos.
En este sentido los Prefectos de Tarija, Beni y Santa Cruz, han presentado ante el Fiscal general de la República una proposición acusatoria contra el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en la que le implican en los sucesos de Pando como principal instigador y causante de los hechos violentos. Más concretamente se le acusa de cargos relacionados con falsificación de pruebas, obstrucción a la justicia, genocidio, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, apología pública del delito, conspiración, sedición e instigación pública a delinquir, entre otros.
La cuestión no augura nada bueno ya que el gobierno está haciendo un uso constante, arbitrario y partidista de la justicia para acabar con los focos de oposición a su presunta “revolución tranquila”, esa que lleva más de 70 muertos desde que Morales ascendió al poder con una abultada victoria en las urnas.
Pero a Evo no le preocupa, entre otras cosas porque carece de fe democrática y no conoce ni entiende el valor y el verdadero significado del estado de derecho como instrumento necesario para garantizar para la convivencia pacífica entre sus conciudadanos
Por eso se atreve a recurrir a una estrategia claramente antidemocrática y milimetricamente calculada que repugna por la constante vulneración de las normas más elementales y la implacable persecución de cualquier voz discordante que ose hacer frente a tanta ignominia.
Causa asombro y pena contemplar como el Presidente de la nación alardea ante los suyos del ejercicio de unas funciones que no se sabe muy bien quién puede haberle conferido, y como rinde culto obsceno a la intolerancia y al dogmatismo más inaceptable.
Pero parece que son esas la reglas del juego impuestas en la actual Bolivia, por lo que solo cabe hacer frente al monopolio de su verdad absoluta –ya se sabe que en política no caben las verdades absolutas- recurriendo a la denuncia ante las instancias judiciales y la adecuada puesta en conocimiento de las instancias internacionales del hacer de un gobierno que pretende abarcar una concepción total del mundo y de la vida.
En este sentido el Presidente del Colegio de Abogados de la Paz- D. Bernardo Wayar- ha acusado públicamente al ejecutivo de cruzar la línea de la legalidad cuando no existe una reacción favorable de los tribunales a sus intereses políticos ,y de suspender o destituir a los jueces en el supuesto de que justifiquen las lícitas peticiones de los acusados
Es cierto que Morales no deja de sorprender. Con motivo de la entrega oficial del partidista y nada objetivo informe de UNASUR sobre los sucesos de Pando- casualmente dirigido por el conocido ultraizquierdista argentino D. Rodolfo Mattarolo- el mandatario boliviano no ha perdido la ocasión para realizar su última y no menos esperpéntica propuesta en materia de justicia.
Así, ha solicitado una "profunda revolución dentro del sistema judicial con nuevos abogados, jueces, penalistas, constitucionalistas que sientan por su patria y por el pueblo y no por el partido o por la plata", cuando en realidad le bastaría con respetar la estructura democrática y constitucional de división de poderes y el estado de derecho, además de omitir cualquier tipo de intromisión del ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.
Algo aún más grave, si cabe, es el tratamiento que pretende otorgar a la justicia comunitaria indígena en la Nueva Constitución Política del Estado, aún pendiente de aprobación. En el texto se equipara este aberrante mecanismo pseudojudicial, carente de cualquier garantía y manifiestamente contrario a los derechos humanos, con la justicia ordinaria.
Con estos argumentos se puede afirmar- no cabe la menor duda- que el Presidente Morales cuenta con otro millón de razones para presentar nuevamente su candidatura al Premio Nobel de la Paz.
Por si lo desconocía, quizás sería conveniente recordar a Evo que el derecho aplicable en su país fue creado por los romanos, y que fue Montesquieu el que planteo la necesidad de establecer la división de poderes como mecanismo indispensable de vigilancia, freno y contrapeso, una suerte de subsistema dentro de un sistema más amplio – “le pouvoir arrête le pouvoir”- que ha resultado ser el menos malo y más conveniente para regir los destinos de las naciones libres
Tengo para mí –creo que también para cualquier persona que ame la libertad- que los mandamientos de la democracia pueden resumirse en dos principios, sujeción plena al ordenamiento jurídico y control sin exclusiones de la actuación de todos y cada uno de los titulares del poder público. ¿Los ha respetado Evo Morales?... la respuesta es de una obviedad manifiesta… es tiempo para la claridad y para el coraje.
