Gobiernos de Defensa Autonómica
Manejar un lenguaje para entenderse es imprescindible en el ser humano. Si no hay posibilidad de hablar un mismo idioma y por tanto de tener claros los conceptos que se expresan, cada quien dirá lo que piensa y cada cual responderá lo que no debe. La Torre de Babel, bíblica, nos enseña que el caos predomina cuando los unos no se entienden con los otros y entonces nada puede construirse.
El Pacto Social es la cesión de la soberanía, libremente acordada, entre todos, para estatuir un orden institucional y sobre él edificar un Estado de Derecho. Estado que tiene como piedra fundamental, la Constitución. Es entonces, un resultado, un efecto, no la causa, hay Pacto, porque hay acuerdo sobre la norma al que se adhiere, la voluntad del soberano. Es un contrato social cuya normatividad define las características político–jurídicas del Estado en el cual se quiere vivir.
Basta que un solo departamento manifieste su desacuerdo con el contenido de la Constitución, para que este contrato no pueda subscribirse. Y en este entendido el vicepresidente Álvaro García Linera, reconoció la necesidad de obtener el SI al proyecto de la nueva constitución en los nueve Departamentos. Sin este SI no hay legitimidad para implementar la Constitución y por tanto para operar el Pacto Social (http://www.youtube.com/watch?v=UMqzVHnYcu4)
En este idioma deberíamos entendernos. Pero no. Resulta que ahora un 60 por ciento altiplánico quiere imponerse a un 40 por ciento de los llanos y valles. El mundo aymara piensa que puede imponer su visión al resto del país. Y el Presidente Morales, tergiversa el concepto del Pacto Social, para convertirlo en un Pacto Político de ejecución forzosa.
Otra lectura nos dice que La Paz, se resiste a perder su hegemonía centralista, hay miedo a dejar de ser el centro político dese el cual se alimenta una enorme masa burocrática, convertida en burguesía que no sabe hacer otra cosa que vivir del Estado. Y el voto por el Sí no es un acuerdo a su contenido, sino a la conservación del status burocrático que detenta.
Mezclados ambos factores, el étnico indigenista aymara y el interés de la burguesía burocrática paceña, hace que Evo Morales se asiente en ellos para imponerle al resto “marginal” y “minoritario” la voluntad del altiplano. Confía en el uso de la fuerza. Único recurso posible para llevar a cabo sus propósitos declarados.
Hay una mentalidad sindical y corporativa que rodea al Palacio. La sostiene el propio Presidente. No hay que equivocarse en ello. Y entonces entiende, como en el sindicalismo cocalero, que la mayoría aplasta a la minoría y el sometimiento de esta, conlleva penalidades incluso fuera de la ley. Esta manera de ser y hacer las cosas es la se proyecta como decisiones de Gobierno.
Desde Venezuela se denunció el envío de aviones con cargamento militar hacía Bolivia, un poco antes de la fecha de la consulta constitucional. Quiere decir que la previsión del Gobierno ante el fracaso de obtener más del ochenta por ciento, a su proyecto, ya venía empaquetando la fuerza militar como respuesta al pronóstico anunciado de su derrota.
Chávez necesita de la constitución masista en marcha para apuntalar la suya, reformada, y su reelección indefinida. Así que estamos ante un nuevo escenario que tiene a las Fuerzas Armadas, otra vez, como dirimidoras del impase nacional.
Esto es lo grave. Porque el Alto Mando ha dado muestras de una penosa sumisión, en los hechos de Pando, doblegándose ante el poder político y aceptando que uno de sus miembros asuma un cargo de esta naturaleza, en serio entredicho con su propio reglamento, sin dejar de ostentar sus estrellas militares en actividad.
El gobierno nos ha dicho que así actuará si es necesario. Y esto deben evaluar los dirigentes políticos y cívicos de las regiones autonómicas. Una nueva ola de “tomas” institucionales y movilizaciones desordenadas, dará pie a que se apliquen secuestros y judicializaciones fuera las jurisdicciones legales.
Para evitar esto, Jaime Paz Zamora ha pedido en Tarija, y para Tarija, que se convoque a un Gobierno Departamental de Unidad, que cohesione a la ciudadanía bajo un mando capaz de desafiar el autoritarismo e ilegalidad que se desatará desde el gobierno. Debería extenderse esta moción a los cinco departamentos que están contra la intolerancia oficial. (Dante Pino)
