El Parlamento es, desde hoy y una vez más, el escenario de las definiciones políticas, como ya ha ocurrido en otros momentos de trascendencia. Sin embargo, como consecuencia de la crisis que afecta al país, el llamado Órgano Legislativo no es protagonista de los cambios sino apenas un escenario en el que otros actores toman las decisiones.
Reunidos en sesión de Congreso Nacional, desde esta tarde, senadores y diputados deberán tratar el proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitorio para encaminar las elecciones generales del 6 de diciembre, pero lo harán sometidos a una extraordinaria presión proveniente, principalmente, del sector oficialista. La Cámara Baja dio paso a la propuesta oficialista y la Cámara de Senadores a la de la oposición —con sustanciales modificaciones al documento original— demostrando que el diálogo político ha sido excluido, aunque siempre mencionado.
La amenaza de una renuncia masiva de los parlamentarios oficialistas y el inicio de una vigilia por parte de los sectores sociales en el Parlamento son, por ahora, los elementos de presión oficialista. Dichas amenazas distan mucho de ser democráticas y, por el contrario, son los síntomas de intolerancia extrema frente a la discrepancia y el equilibrio de poderes.
Mientras, la oposición ha logrado constituir un eslogan —“elecciones limpias, no sucias”— para articular un movimiento de rechazo a la propuesta gubernamental. Si el oficialismo incurre en lo suyo, habrá que decir que la oposición no supera sus complejos y contradicciones para contribuir a despejar el futuro político del país.
En ese contexto, el vicepresidente Álvaro García citó a la oposición a dialogar esta mañana, para tratar de conciliar, aunque, como siempre lo hace, desestimando que se realicen cambios de fondo en el proyecto gubernamental.
Como se ha publicado ayer en el Informe de Lunes de La Razón, las elecciones de diciembre próximo son determinantes para el futuro político boliviano de mediano plazo, pues a fin de año se constituirá la Asamblea Plurinacional encargada de levantar la nueva institucionalidad del país.
Por ello, el sistema electoral debe arroparse de la aprobación de los actores políticos y gozar de la confianza ciudadana. Esto es que la ley, el órgano y el padrón electoral deben superar los actuales cuestionamientos, para que los candidatos compitan en igualdad de condiciones y los bolivianos sufraguen con la seguridad de que su voto no será manipulado ni menoscabado.
Por ahora, el desafío urgente es la Ley de Régimen Electoral Transitorio. Si el Gobierno está seguro de contar con el respaldo mayoritario, tiene que dar paso a un diálogo franco, democrático y en derecho; y si la oposición tiene actitud constructiva, debe velar por las condiciones para una elección transparente y confiable, en lugar de bloquearla. No impulsar un diálogo podría ser interpretado como el deseo del Gobierno de acudir a una “elección” sin oposición, mientras que la oposición daría la señal de desconocimiento de la CPE.
Aunque el tiempo se acorta dramáticamente, siempre hay margen de lograr acuerdos. De fracasar el diálogo y la propia sesión congresal, las perspectivas políticas del país tenderán a ser muy aflictivas. Las declaraciones y las posiciones de beligerancia están convirtiendo al país en un campo de odios. (Importante editorial de La Razón referido al momento político actual)
