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domingo, 26 de abril de 2009

preguntas fundamentales ha planteado Los Tiempos en el tema de DDHH dirigidas a la Comisión del Congreso. las respuestas no deberían tardar en venir

¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con su deber?
¿Qué habría pasado si la “eficiencia” de los agentes del Ministerio de Gobierno hubiera llegado al extremo de sorprender “in fraganti”, en pleno juego de “airsoft”, a quienes practican ese deporte? ¿Qué habría pasado si al mando de ese operativo hubiera estado el ministro Alfredo Rada, seguro como estaba de haber identificado a un peligroso escuadrón de terroristas, magnicidas y separatistas fuertemente armados?
La respuesta se puede deducir a la luz de la “doctrina de seguridad nacional” que guía los actos gubernamentales en su lucha contra los “enemigos internos”. Se habría, muy probablemente, aplicado el mismo método que en el hotel Las Américas. Es decir, los “terroristas” habrían sido acribillados. Sus cadáveres expuestos como trofeos de guerra. Y si hubiera habido sobrevivientes, habrían sido llevados a La Paz, conducidos a una mazmorra, torturados para arrancarles alguna confesión y, con algo de suerte, encarcelados. Se les habría además privado del derecho a la defensa pues, como dijo Evo Morales: “¿Cómo semejante gente (…) va a ser defendida?”
Tan horrorosa posibilidad no es fruto de una torcida imaginación, Es lo que se puede esperar de un régimen que a través del Presidente en ejercicio anunció su decisión de ser “inmisericorde e implacable”. “No vamos a ser clementes”, ha dicho García Linera, y para que nadie dude de sus palabras cuenta para respaldarlas con las imágenes de tres cadáveres de supuestos terroristas y con las de los cuerpos apaleados de los prisioneros.
¿Que esa manera de proceder es ilegal? “No importa… le metemos no más”. Para eso el Gobierno cuenta con un batallón de abogados que para eludir “el estorbo” que son las leyes han estudiado.
Nada de lo anterior excluye, por supuesto, la posibilidad de que algunas de las hipótesis que esgrime el Gobierno tengan algo de verdad. No sería raro que el “airsoft” esté siendo utilizado en Bolivia, como en otras partes del mundo, como una coartada y como un método de entrenamiento de paramilitares y mercenarios. Pero para afrontar esa sospecha hay métodos más civilizados que los que son propios de la guerra sucia.
Ni esa posibilidad ni nada justifica que se recurra a la ejecución sumaria de los sospechosos, a la tortura, a encarcelamientos fuera de los procedimientos legales. Esas prácticas sólo pueden ser calificadas como terrorismo de Estado.
Ante tan gravísima situación, la sociedad boliviana está indefensa. Y está por demás comprobado que el asunto es demasiado serio para dejarlo en manos de los aparatos represivos del Estado. ¿Qué está esperando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cumplir su deber? ¿Por qué no interviene la Interpol? ¿Esperan que el asunto se resuelva como en la Argentina de los años 70?