Hoy a las 9:30 en Sucre, tras casi seis años de trámite, se instalará el juicio de responsabilidades por los sucesos violentos de octubre de 2003, bajo presión de organizaciones sociales afines al MAS y de las tensiones generadas por la crisis diplomática con Perú a raíz del asilo que otorgó el Gobierno del país vecino a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia, con la suspensión de su presidente Eddy Fernández, acusado por retardación de justicia.
El juicio por el caso denominado “Octubre Negro”, además, se instalará en ausencia de nueve de los 17 acusados entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (elegido democráticamente), quien al igual que la mayoría de sus principales colaboradores no se encuentra en el país y lograron en algunos casos asilo y refugio en el exterior.
El Tribunal de Sentencia que tendrá en sus manos a partir de hoy la tramitación y resolución del juicio, está integrado únicamente por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en funciones, los restantes nueve componente son abogados connotados, designados conjueces, que fueron convocados para suplir las vacantes dejadas por las excusas y recusaciones planteadas contra los magistrados.
Los 11 jueces tendrán la responsabilidad de escuchar a los más de 2.500 testigos y de revisar las 6 mil pruebas de cargo y descargo presentados por la acusación y los acusados por la muerte de 68 personas y más de 400 heridos resultado de la denominada “Guerra del Gas” de 2003.
Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Napoleón Pino Archondo, los tres ex ministros, quienes ya se encuentran en Sucre y aseguraron su presencia hoy en la audiencia, dijeron que no obstaculizarán el proceso y alegan que no tienen ninguna responsabilidad por las muertes de octubre y que por eso se quedan en el país.
Además, por primera vez en la historia del país se procesará a cinco ex miembros del Alto Mando Militar, que fungían como tales hasta antes del 17 de octubre: Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, quienes están en Sucre.
Mientras que nueve ex autoridades, acusados en el caso, han preferido no estar en Bolivia porque, según dicen, en el país no hay seguridad jurídica y lo que se viene es un proceso político. El ex presidente Sánchez y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez están en EEUU; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de la ONU en Lima, y Jorge Torres Obleas es un asilado político, Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido. Según El Deber gente de su entorno dijo que se encuentra en una zona rural de La Paz y que el domingo llegaría a Santa Cruz.
Las víctimas de octubre pedirán la pena máxima de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros. El Ministerio Público, ha imputado a las 17 ex autoridades por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas de la Nación en los conflictos de octubre de 2003.
Los fiscales Mario Uribe, Mirna Arancibia y Milton Mendoza; el apoderado de las víctimas fallecidas, Rogelio Mayta; el apoderado de los heridos, Freddy Hablaos; el representante de Derechos Humanos, Cristian Zanabria, y una parte de los acusados esperan el inicio del proceso ya en Sucre.
Asimismo unas 80 personas, 50 pertenecientes a la Central Obrera Regional (COR) El Alto y 30 pertenecientes a la Fejuve se trasladaron a la capital de la República para seguir el juicio contra el ex mandatario, así lo confirmó el dirigente vecinal Rubén Martínez, quien aseguró que la delegación sería reforzada con otras personas en el curso de los próximos días y de esa manera hacer fuerza hasta que finalice el proceso. Los familiares de las víctimas de octubre también se trasladaron a Sucre para presenciar el juicio.
