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martes, 11 de agosto de 2009

Centa Reck con plena razón prevée una caída libre de la libertad de expresión también en Bolivia como en Venezuela, Argentina y otros


Las medidas represivas que Chávez aplica en Venezuela se van implementando también paralelamente en los países gobernados por sus amigos como es el caso de Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay. A la Señora Bachelet le hubiera gustado ser más condescendiente para aplicarlas también, pero su país tiene un alto sentido de preservación de la institucionalidad y del orden constitucional y por ese motivo ha sido encaminada a aprovechar su amistad con el presidente Evo Morales a fin de sacar un excelente rédito político y económico en favor de Chile, consiguiendo que el presidente boliviano le haga buenas concesiones, tal como está ocurriendo con la reserva acuífera de las aguas del Silala, situación que ha traído a la memoria de los Bolivianos el regalo que hizo el ex presidente Melgarejo al Brasil canjeando valiosas tierras del Acre por un caballo blanco como dice la leyenda- historia.

Hugo Chávez, acaba de cerrar en Venezuela unas doscientos cincuenta radios y planteó la figura de “delito mediatico” aduciendo que este estaría tipificado y sería aplicado a quienes comuniquen hechos que no estén enmarcados en un marco de “objetividad y veracidad”, un criterio absolutamente relativo, pues no existe objetividad ni veracidad más que a partir del punto de vista de quienes relatan los hechos, del grado de conciencia que tienen o no, del grado de sensibilidad o en su defecto de insensibilidad que estos detenten y del punto de vista ideológico o de visión de vida que posean. En realidad el contexto en el que se pretende regular la comunicación a criterios tales como el de “veracidad y objetividad” implicaría ceñirse a la óptica del poder vigente que estaría no sólo desconociendo sino censurando y penalizando a quienes osen pensar lejos de su marco inquisidor.

Por supuesto que esto tal como lo ha insinuado Frank La Rue, relator de la ONU, se constituye en una forma de intimidación política que es parte del proyecto que pretende establecer un pensamiento único a través de métodos coercitivos.

En Bolivia todavía no se ha sancionado una penalización que entrañe la figura de “delito mediatico” como tal, pero en la práctica esto se está aplicando ipso facto. Para dar algún ejemplo, el periodista del Beni, Jorge Melgar, se encuentra actualmente preso por haber filmado y dado a conocer la escena en la que el Ministro Quintana advertía que derrocaría, haciendo uso de la fuerza, al prefecto Leopoldo Fernández, este periodista sigue preso y no tiene ningún tipo de acusación ni proceso en curso. También se han dado otro tipo de situaciones como la de entablar procesos a medios de comunicación como es el caso del Diario La Prensa o de obligar a que comunicadores renuncien a sus cargos o despedirlos ipso facto de los medios en los que trabajaban por el hecho de informar o dar cuenta de situaciones y hechos que el gobierno exige que sean invisibilizados, lógicamente que estos atropellos siempre ocurren en complicidad con operadores que se prestan a hacerlos posibles.

También se han dado casos en los que los propietarios de medios han sido hostigados mediante el ataque a sus negocios para obligarlos así a entrar en una línea medianera, induciéndolos también a deshacerse o prescindir de comunicadores que el gobierno quiere acallar.

Bolivia se debate hoy dentro de este espectro de hostigamientos y acciones de atropello a la libertad de opinión y expresión, donde el gobierno castiga y acorrala por métodos de presión y de acorralamiento financiero a quienes se plantea tener entre sus manos y donde existen también quienes por acción u omisión se prestan a apoyar ese juego en la medida que es fácil sacar rédito de la manipulación, el hostigamiento, las persecuciones y la coartación de derechos y libertades, que suelen ser un negocio rentable para quienes no tienen escrúpulo de pasar sobre estos valores y derechos.

Dista apenas un paso entre las acciones de represión de la libertad de expresión que se están dando en Bolivia y la posibilidad de que lamentablemente se instituya un decreto de “delito mediático” que permitiría cerrar medios y acallar a toda la prensa que le incomode al gobierno y no sólo acallar las voces que le resultan discidentes y molestas.