Si el propio Gobierno no se somete al imperio de la ley, se corre el riesgo de que nadie se sienta esclavo de la ley. Si las autoridades no respetan las reglas del juego, ¿por qué debería el ciudadano común estar obligado a acatarlas?
Cuando se menciona reiteradamente la anomia en la que han caído los argentinos, no debe suponerse que se trata de algo genético, una enfermedad imposible de curar. Ese estado de anomia ha surgido, gradual y persistentemente, ante la despectiva actitud que las propias autoridades nacionales han evidenciado por la ley y las instituciones de la República. La Argentina de estos días es irreconocible respecto de sus momentos de mayor esplendor. Lo dicen los propios argentinos y lo confirman quienes observan el país desde el exterior.
Basta una mención rápida de los hechos que han llevado a esta encrucijada en la suma de los dos últimos gobiernos: la fenomenal distorsión del federalismo; la neutralización de los organismos de control; los avances del oficialismo sobre la independencia del Poder Judicial; la inacción del Poder Ejecutivo ante la ola de inseguridad que se abate en particular sobre los grandes centros urbanos, pero que se está extendiendo hacia zonas rurales; las famosas candidaturas "testimoniales" que constituyeron un fraude al electorado, denunciado de antemano; la incautación de los fondos de los afiliados a las AFJP; la delegación de los superpoderes en acto condenado por el artículo 29 de la Constitución Nacional; la prórroga constante de la emergencia económica después de siete años y a pesar de las invocaciones al supuesto éxito económico de las dos últimas administraciones; los escándalos ocurridos en contrataciones públicas; la abierta falsificación de las cifras del Indec, y el manoseo permanente del Congreso, al que ahora se amenaza, a raíz de la nueva composición que tendrá a partir del 10 de diciembre, con una seguidilla de vetos presidenciales.
Lo destacable es, además, que todo este manejo tortuoso, orientado a retener y ampliar el poder personal, tanto en lo político como en lo económico, ha merecido la repulsa ciudadana, expresada en los comicios del 28 de junio último. Por si algo faltaba agregar a la penosa e incompleta nómina de ítems precedentes, se ha desconocido el lenguaje de las urnas y hasta la propia investidura de la Presidenta, limitada a ser una suerte de portavoz de quien, en los hechos y desembozadamente, ejerce la presidencia de la República.
Hasta podría pensarse que es el propio Néstor Kirchner quien parece haber adelantado los comicios de 2011 y resuelto de hecho una fantasiosa sucesión presidencial. Desde esa perspectiva, la presunta voluntad "destituyente" que desvela al jefe de Gabinete en sus habituales escarceos verbales en los medios de comunicación ha sido asumida no por la oposición sino por el ex presidente Kirchner.
Nunca es tan oportuno como hoy recordar a las autoridades que, en una democracia, la legitimidad de origen debe afirmarse día tras día a través de otra legitimidad, la que sólo se adquiere con el ejercicio cotidiano del poder y el respeto por el contenido republicano del ordenamiento constitucional. Sin esta última legitimidad, el Gobierno se convierte en generador constante de confusión, desaliento y escepticismo. Así se degradan las instituciones y se cae en el descontento generalizado de la opinión pública, del que informan las encuestas conocidas ya por todos.
