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domingo, 20 de diciembre de 2009

prefectos demócratas no masistas no aceptaron renunciar y ser reemplazados por suplentes nombrados por Evo. persisten en igualdad de trato. hay pausa


Los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, del total de nueve gobernaciones que tiene Bolivia, rechazaron el sábado el criterio oficialista que les exige dimitir con 90 días de anticipación si pretenden ser reelegidos en las urnas en abril.

Según los opositores, el Gobierno quiere aprovechar esos tres meses para copar las cuatro gobernaciones, el último bastión de la derecha, después de que el presidente Evo Morales arrasara en las elecciones de hace dos semanas, lo que le permitió controlar el Parlamento y por medio de éste a otros poderes y organismos públicos.

Rodolfo Rivas, jefe de Gabinete de la Prefectura de Chuquisaca, pidió que se respete un "principio de igualdad" para los comicios de prefectos y alcaldes, dado que Morales "no ha tenido que renunciar a su cargo" cuando se postuló para la reelección en los comicios presidenciales.

Pero el oficialismo argumentó que, en los comicios de abril, quienes pretendan ser reelectos deberán dimitir con 90 días de anticipación porque así lo establece una pasada normativa. A la vez, el poder Ejecutivo pretende nombrar autoridades interinas.

Dado que estas elecciones chocan con vacíos jurídicos, el gobierno convocó a la oposición a concertar una ley que la viabilice.

Opositores y oficialistas abrieron entonces un esporádico diálogo en La Paz, entre el viernes y el sábado, que fracasó por falta de acuerdo. Se decidió abrir otra negociación en el ámbito Congresal, aunque la derecha parlamentaria anticipó que no aceptará las exigencias del Ejecutivo.

Las reformas electorales deben aclarar los vacíos legales para el funcionamiento de nueve gobernaciones y sus Asambleas Legislativas Departamentales, un sistema inédito en el país.

El nuevo Congreso, que estará controlado por el Gobierno, recién comenzará a funcionar el próximo 22 de enero, por lo que urge que el actual Parlamento, en la fase final de su mandato, dé luz verde a las nuevas normativas.