El régimen de Evo Morales les ha dado potestad a los pueblos indígenas, campesinos y sindicatos afines para que miren, controlen y fiscalicen cualquier actividad sobre el territorio nacional y a eso le ha puesto el nombre de “Control Social”. Hay que ver las romerías de dirigentes –todos ellos sin actividad, oficio ni trabajo conocidos- que se trasladan hasta las haciendas junto con los técnicos del INRA para hacer la labor de intimidación de los productores, mientras se efectúa el proceso de saneamiento. Con ese pretexto se han invadido propiedades, se han tomado minas y también se han dado casos de linchamiento.
En el Chapare, buena parte de la lucha contra el narcotráfico ha sido encomendada a los productores de coca y todo parece indicar que el resultado es muy parecido al que le confió a un ratón para que cuide el queso. No hace mucho, el Gobierno decidió mediante un decreto, crear la figura insólita de “licencia social”. Luego de la prolongada toma de una mina, los campesinos obtuvieron dicha potestad, que es nada más y nada menos que una autorización oficial para extorsionar a una empresa o un inversionista, bajo amenaza de invasión, toma o bloqueo. Cuántos aprendices de mafiosos habrá en este momento, camuflados detrás de este supuesto esquema de inclusión social y participación política.
El año pasado, los indígenas del norte paceño quisieron hacer valer este empoderamiento cuando la petrolera PDVSA inició los trabajos de exploración en esa zona boscosa, hábitat natural de varias comunidades amazónicas. Fue el propio presidente Morales el que salió en defensa de la incursión de la compañía y les recriminó a sus “hermanos originarios” por una supuesta intención de bloquear el desarrollo. Claro, se trataba de una empresa venezolana, pero el caso sirvió para poner en el tapete un debate elemental y sobre todo, identificar un peligroso instrumento creado por el MAS para canibalizar al país. Al final, las autoridades nacionales decidieron pasar por encima de sus propias leyes e ignorar las demandas de los indígenas de La Paz.
Lo que le sucedió a PDVSA lo han estado sufriendo todas las petroleras que operan en el país, víctimas de sindicalistas profesionales aleccionados por el Gobierno y por ONGs que paradójicamente –y por esta misma razón- también recibieron críticas del presidente Morales. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, ya no duda en afirmar que son padres de un engendro al que hay que ponerle límites. Ha dicho que la licencia ambiental y la consulta y participación de organizaciones campesinas e indígenas no han sido más que un obstáculo para la ejecución de proyectos y un freno a la inversión. El ejecutivo ha anunciado cambios en la Ley de Hidrocarburos para evitar que las cosas sigan así, es decir, con una sequía de inversiones que pone en peligro el abastecimiento de combustibles.
Por este lado está muy bien, pero por otro lado, el Gobierno anuncia un proyecto para eliminar la Ley Safco, encargada del control de la gestión gubernamental y reemplazarla por el “control social”. Eso quiere decir, trasladar a las mismas organizaciones que hoy le hacen la vida imposible a las petroleras, que toman minas y que dizque combaten el narcotráfico, a hacer el trabajo de contralores, revisar cuentas, gastos y licitaciones. ¿En qué quedamos?
El Gobierno se queja de los campesinos e indígenas porque frenan proyectos petroleros. Pero los quiere usar como contralores
